La controversia pública entre el Vicepresidente y el Ministro de Hacienda resultó un episodio desafortunado a doble título: revela un inconveniente estilo de trabajo que parece estarse generalizando al interior del gobierno, y saca a flote la existencia de restricciones fiscales mucho más graves de las que se le han contado al país.

En primer lugar: el estilo de gobierno. Está bien que al Vicepresidente se le haya encargado de coordinar  todo lo concerniente a la infraestructura. Pero, ¿eso lo habilita para increpar públicamente a los ministros del despacho?

Ciertamente no. Una destemplada polémica por Twitter como esta a quien más perjudica es al propio presidente Santos. Y a la imagen de unidad y homogeneidad de su gobierno. Así haya habido tardías excusas y forzados apretones de manos ante los medios, el mal quedó hecho.

Puede haber -y es normal que haya- controversias al interior de todo Gobierno. Pero esas controversias deben zanjarse en el consejo de ministros o en el Conpes: nunca a través de los medios de comunicación. El árbitro final de ese tipo de controversias debe ser el propio Presidente de la República. Nadie más.

Pero, además: este episodio lo que está mostrando es que la situación fiscal del país es mucho mas precaria de lo que se ha  querido reconocer. Las últimas dos reformas tributarias (2012 y 2014) han resultado -según todos los analistas- un verdadero fiasco que aunado a la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales, ha llevado a que el déficit fiscal que arrastran las cuentas presupuestales sea mucho mas abultado del que se percibía.

El Ministerio de Hacienda aún no ha dicho claramente a cuánto va a ascender el déficit en 2015; ha venido haciendo -es cierto- anuncios homeopáticos de que la situación es delicada, pero no ha revelado (como debió haberlo hecho desde hace varios meses) un cuadro panorámico y con cifras precisas de la situación fiscal del país.

Centros de investigación serios como Fedesarrollo y Anif indican que el déficit fiscal de este año podrá bordear los $16 billones; y para el año entrante la situación luce mucho más complicada: no menos de $20 billones, sin contabilizar rubros que simple y llanamente no cuentan con provisión presupuestal alguna. Como es el caso de los gastos que acarreará el posconflicto.

Ante ese panorama, el Ministro de Hacienda debería cuantificar con rigor cuál es la verdadera situación fiscal e informarla al país. Eso evitaría ambigüedades y podría precaver (al estar la información completa sobre la mesa) episodios desafortunados como el que se dio la semana pasada con el Vicepresidente.

Cumplir con el deber de no transmitir mensajes pesimistas sobre el futuro de la economía que incumbe a los altos funcionarios del Estado no significa, de ninguna manera, tachar por ejemplo al Banco de la República de ser “excesivamente pesimista”. Cuando no está haciendo nada diferente que reconocer lo que tirios y troyanos aceptan: que la economía colombiana se está desinflando a ritmos mucho más rápidos de lo que el gobierno ha reconocido.

Como tampoco significa que la cuantificación precisa de la delicada situación fiscal se postergue. Ojalá la presentación del “marco fiscal de mediano plazo” ante Congreso, que debe hacerse el mes entrante, sirva para corregir la omisión de claridad fiscal en la que ha incurrido el Ministerio de  Hacienda hasta  la fecha.

Resulta apremiante pues cambiar el Twitter por el consejo de ministros, la ambigüedad por la claridad, y la opacidad fiscal por la transparencia.