El nuevo sistema de regalías no está blindado. Por el contrario, es vulnerable y saqueable. Y es bueno que de ello cobre conciencia el Gobierno para que le ponga ojo a la 'mermelada' que reparte.

El presidente Juan Manuel Santos suele argumentar en defensa de la llamada ‘mermelada’ –recursos públicos repartidos a las regiones bajo indicaciones de los congresistas de la Unidad Nacional– que el mecanismo nada tiene de malo y que seguirá operando a pesar de las críticas, porque significa una importante cantidad de obras para diferentes zonas del país. Y es verdad que en algunos casos puede ser así. Pero en muchos otros no.

Las revelaciones de la Unidad Investigativa de este diario en su edición de hace una semana producen escalofrío. El asesinato, hace más de un mes, del jefe de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, ha destapado un ‘carrusel’ de corrupción con fondos de regalías en esa región, y la malversación de una porción significativa de varios contratos por al menos 150.000 millones de pesos, una cifra que, según indicios adicionales bajo investigación judicial, podría llegar a más de 500.000 millones.

Las agendas personales de Zapa revelan una telaraña de contratación y coimas que podría enredar al propio gobernador cordobés, del partido de ‘la U’, Alejandro Lyons –quien niega los señalamientos–, y a otros funcionarios de la región. Aparte del horrendo crimen –las versiones indican que Zapa murió estrangulado mientras rogaba por su vida–, impresiona la facilidad con que los corruptos robaron semejante cantidad de recursos provenientes de las regalías. La pregunta inevitable es: ¿cuántos casos similares hay en otras regiones, de los que nada sabemos a falta de unas reveladoras agendas sobre el destino de la ‘mermelada’?

Cuando el Gobierno sacó adelante el nuevo sistema de reparto de las regalías, el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguró que la reforma serviría para repartir mejor “la mermelada” (de ahí nació la expresión) por toda “la tostada” del territorio nacional. Y resultó cierto, al menos sobre el papel: antes, las regalías, pagadas, entre otras, por las empresas petroleras y mineras, quedaban concentradas sobre todo en las regiones productoras, y con el nuevo esquema fueron irrigadas por todo el país.

El Gobierno también dijo entonces que el nuevo sistema las blindaba contra los corruptos, pues iba a haber un proceso más técnico y juicioso de asignación de los recursos a proyectos debidamente sustentados, que solo saldrían adelante si pasaban el examen de los Ocad (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), donde tienen asiento delegados de los gobiernos nacional, departamental y local.

El caso Zapa demuestra que esto no resultó cierto. Zapa fungía como delegado del Gobernador ante el Ocad regional y ante varios Ocad locales. Sus agendas, que revelan el saqueo de decenas de miles de millones de pesos, están llenas de anotaciones sobre las sesiones de dichos Ocad, los proyectos bajo sospecha y la repartición de sobornos y comisiones.

Salta a la vista que no hubo la debida diligencia en el estudio de los proyectos –muchos de ellos en el área de tecnología– ni la debida vigilancia en su aplicación. “Como se trata de funcionarios vinculados a ‘la U’, protegidos por congresistas de ese partido, y algunos de los hechos ocurrieron en medio de la angustia de la campaña reeleccionista, todo indica que los controles fueron laxos o simplemente no existieron”, me dijo un colega de Montería, que prefirió mantener su nombre en reserva “porque aquí al que habla lo pueden matar”.

El nuevo sistema de regalías no está blindado. Por el contrario, es vulnerable y saqueable. Y es bueno que de ello cobre conciencia el Gobierno para que le ponga ojo a la ‘mermelada’ que reparte. De lo contrario, cada vez la asignación de las regalías significará menos obras, la ‘mermelada’ será cada vez más corrupta y, como en el caso de Zapa, resultará incluso mortal.