La Comisión Legislativa para la paz y los poderes extraordinarios al presidente socavan la estructura constitucional y merman la democracia. La oposición no puede declinar su función.

El gobierno finalmente presentó al Congreso el proyecto de Acto legislativo para modificar la Constitución Política, que permita aprobar, de forma exprés y a la medida del poder Ejecutivo, las normas que desarrollen los acuerdos de paz que parece ya están cocinados en La Habana.

Porque de eso se trata. De buscar rapidez, facilidades, ausencia de debate y, sobre todo, que los poderes legislativos actúen sobre hechos cumplidos, al calor de intensas campañas que anuncian la paz. Se pretende, en fin, que la sociedad no tenga tiempo de pensar, que acepte cualquier cosa.

Hay una serie continuada de declaraciones públicas de los funcionarios del Ejecutivo que contradicen de manera flagrante la realidad de los hechos y la verdad de lo que realmente quieren lograr acudiendo a medios que cercenan principios garantizados en la Constitución. Hay una alarmante falta de transparencia, y nos tememos que a muchos eso les parece normal, al aprobar atajos que, posiblemente, no van a tener semáforo rojo en la Corte Constitucional, ahora tan dócil.

Ayer, en la página web de la Presidencia de la República se anunciaba la presentación de esta reforma constitucional como “Proyecto para cumplir a los colombianos con la oportuna implementación de los acuerdos de paz”. Es decir, la reforma que creará un Congresito paralelo y que dota de poderes extraordinarios al presidente de la República para que se evite los trámites parlamentarios de rigor, se anuncia como el cumplimiento de una promesa esperada por los colombianos. Y para mayor ironía, en la Frase del Día de la misma página web, ponían este mensaje presidencial: “La paz tiene que estar acompañada de un fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática”.

Pero es que no habrá fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Tendremos lo contrario: el recorte de las vías democráticas que la Constitución había establecido para el trámite de las leyes, la atribución exclusiva al poder Ejecutivo de la iniciativa legislativa en materia de paz, y el cercenamiento de las potestades del Congreso. Casi todos los partidos la han firmado mansamente, en la que será otra más de las muchas capitulaciones que habremos de sufrir los colombianos. Al tramitarse así, los acuerdos de paz no serán verdaderamente tales, en cuanto consenso de una sociedad, sino imposición a esa misma sociedad.

“No se trata de un cheque en blanco”, aseguró ayer Juan Manuel Santos. Lo cual quiere decir lo opuesto: será la concesión de atribuciones especiales al presidente, que tanto se ha criticado cuando las hacen regímenes no democráticos, como el venezolano.

La Comisión Legislativa para la paz tendrá facultades recortadas y acabará siendo una entidad convalidadora de todo lo que le pase el poder Ejecutivo, investido de poder de veto a cualquier asomo de discrepancia (Art. 1, literal f, del proyecto).

Pero siendo todo esto negativo, lo es más la decisión del partido del expresidente Álvaro Uribe de marginarse no solo del trámite de la reforma -cuya aprobación se da por descontada- si no de la participación en la Comisión Legislativa. Precisamente su desafío histórico es ese: enfrentar el rodillo oficialista y asumir la vocería de quienes les votaron con la esperanza de que serían dique para concesiones exorbitantes en nombre de los acuerdos de paz. Si el Centro Democrático se margina, cuánta felicidad para el gobierno y las Farc, que sacan fácil a la única oposición posible. Sería no solo un error histórico, sino un incumplimiento con sus electores. Abstenerse en semejante momento tan crítico sí que dejará expuesta la democracia, frágil y lo que se quiera pero aún democracia, al proceso de subasta que se nos vino encima.