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Martes 20 de Noviembre del 2018

Minería ilegal: crimen sin fin

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 01/08/2015

 

Foto: googleusercontent.com

Volver las dragas inoperantes, principal objetivo

Es mucho mejor negocio que el narcotráfico

Tal vez sea la denominada minería criminal el reto más difícil de seguridad nacional hacia el futuro del país. Y por lo tanto debe ser igualmente prevista y atacada, con el debido mapeo y rigor, por cuanto es un fenómeno que ha venido tomando ventaja y que, a no dudarlo, aún por encima del narcotráfico, puede ser lo que esté dando mayores réditos a la delincuencia organizada.

De hecho se calcula que la actividad puede mover alrededor de 7 billones de pesos anuales, especialmente en referencia al oro. Como se sabe, la producción colombiana se mueve mucho más por las vías ilícitas que por las legales y artesanales. Y la afectación se da en alrededor del 20 por ciento del país, en unos 235 municipios, donde están activos el Eln, las Farc y las llamadas bandas criminales, herederas del paramilitarismo.

Ello es así, por supuesto, en la medida que un kilo de oro en el mercado vale en promedio 90 millones de pesos, mientras que la cocaína, en la misma proporción solo da réditos por 4.5 millones de pesos. Lo cual quiere decir que las ganancias de la minería ilegal  son exponenciales y el negocio más lucrativo que existe en Colombia.

La minería criminal, por lo demás, es una de las grandes depredadoras del medio ambiente en el país. La contaminación de los ríos, gracias a la extracción y decantación por vía del mercurio, genera una gigantesca intoxicación química de los recursos hídricos que llegan a poblados y ciudades. Para los efectos, asimismo, un informe de la ONU ha dicho que se han arrasado alrededor de 17 mil hectáreas de bosques y reservas forestales, a un promedio de 1.400 hectáreas mensuales. Esa deforestación, tumbando bosque primario, produce que los sumideros de carbono impidan una buena oxigenación del aire y colabore con la explosión de gases de efecto invernadero, que filtran la capa de ozono y determinan el calentamiento global.

No se trata, en el mismo sentido, de la minería artesanal de aluvión, practicada de vieja data en el país, y que está en vías de regularse con protocolos ambientales y mecanismos idóneos en ayuda a campesinos y habitantes veredales, según reza en el Plan Nacional de Desarrollo. Por el contrario, es un negocio fantasma en el que se llenan los ríos apartados y escondidos en las selvas de moderna maquinaria y  dragas, muchas veces hasta 50 en dos o tres kilómetros, con el fin de remover la mayor cantidad de tierra posible y generar réditos mensuales inconmensurables, extrayendo el oro. Negocio, igualmente, que es muy fácil de monetizar tanto en cuanto un millonario lingote de oro cabe en un maletín de oficina y puede tramitarse ágilmente ante las autoridades monetarias. Si bien la policía, desde hace un par de años ha venido actuando en la materia con unidades especializadas, capturando a miles de  personas y logrando la incautación de 144 kilos de oro, las dificultades consisten en realizar operativos de gran escala que ciertamente rompan las vértebras de las operaciones ilícitas. De forma que el negocio debe ser atacado tanto en su producción como en su destino.

Otro problema está en que si bien se produce el secuestro jurídico de las dragas, ellas vuelven a operar al poco tiempo ya que no es fácil sacarlas de las zonas y por lo general quedan en manos de alcaldes de pequeñas poblaciones que, como autoridades de policía, se ven continuamente amenazados por las fuerzas irregulares o tienen nexos con ellas, hasta que liberan la maquinaria. Por eso, en su momento, se determinó que el objetivo era hacerlas inoperantes, inclusive con explosivos, como se hizo en el Perú en la zona de Madre de Dios y se autorizó en regulaciones internacionales latinoamericanas. No obstante, a raíz del paro minero de hace dos años, las operaciones fueron suspendidas y no se ha vuelto a actuar en consecuencia. Es hora de retomar la ruta.

Pese a que hay varios departamentos afectados por el fenómeno, la incidencia mayor se produce, en su orden, en Chocó, Antioquia, Nariño y los Llanos Orientales. Incluso, en los parques nacionales naturales se observa una actividad dramática de la minería criminal, sin que las Corporaciones Autónomas Regionales o las autoridades ambientales tengan la fuerza y estructura para enfrentar el fenómeno.

Si bien la onza de oro ha bajado considerablemente en el último mes, el mercado colombiano sigue siendo muy atractivo, en cuanto se descubre paulatinamente que es un país de riqueza aurífera sin igual. Operar decididamente contra la minería criminal es no solamente un deber constitucional, sino además enfrentar el más grave delito de los últimos tiempos combustible de la guerra, depredador  del medio ambiente y gigantesco distorsionador de la vida en comunidad de  los municipios más apartados del país.

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