Es muy grave el daño que Juan Manuel Santos le ha hecho a la democracia colombiana. Su paso por el poder, se ha traducido en un atentado permanente a las instituciones que, a pesar de los grandes desafíos que a lo largo de los años le planteó la ilegalidad, lograron mantenerse vigentes.

El intento por desconocer el hundimiento de las 16 curules que le iban a ser entregadas a las supuestas víctimas del “conflicto”, es un episodio que no puede pasar desapercibido. En nuestro país impera una separación de poderes, cuyo lindero fue prácticamente borrado durante el gobierno de Santos.

No está de más recordar cómo durante su primer gobierno y una parte del segundo, el presidente se valió de la oscura fiscalía de Eduardo Montealegre para perseguir judicialmente a todos aquellos que le resultaban incómodos.

El encarcelamiento injusto y doloroso de Santiago Uribe, el cual tuvo el firme propósito de minar moralmente al presidente Uribe y a todo el uribismo, es uno de los muchos ejemplos de la instrumentalización que ha hecho santos del aparato judicial, el cual fue empleado como un arma política, borrando de tajo su verdadera naturaleza. Gracias a ese tipo de acciones arbitrarias, hoy en día buena parte de la sociedad observa con recelo a la rama judicial de Colombia.

Como parlamentaria, debo expresar mi más absoluto rechazo frente a los intentos mezquinos del ministro Guillermo Rivera por torcerle el cuello a la constitución y la ley, todo para revertir un resultado que no permite interpretaciones. Las 16 curules que tanto ansían las Farc no obtuvieron los votos que necesitaban para ser aprobadas. Así lo certificó el secretario del Senado de la República, quien de manera contundente decretó que los 50 votos favorables no eran suficientes para la aprobación del proyecto que estaba siendo sometido a considración.

Este tipo de actitudes, además de producir indignación, aumentan la desconfianza frente al gobierno, de cara a las elecciones que tendrán lugar en el primer semestre del año entrante.

¿Si Santos ha sido capaz de burlarse de la democracia como hemos visto, no hará lo mismo en las elecciones de Congreso y en las presidenciales? ¿Hasta qué punto no resultarán ilegal y tramposamente favorecidos los aspirantes que gozan del favor del presidente?

Urge que se adopten las medidas necesarias para blindar al proceso electoral de la mano corruptora de Juan Manuel Santos y de sus colaboradores. Los opositores a este gobierno ilegítimo, exigimos garantías reales durante la campaña política y las elecciones.

Nadie puede estar tranquilo en un proceso electoral que para todos los efectos es presidido por un gobernante como Juan Manuel Santos, quien durante su mandato se ha dedicado a desconocer agresivamente los veredictos de la democracia.

Santos, es un tirano de buenas maneras a quien le cabe perfectamente la célebre sentencia de Oliver Cromwell: La sutileza puede engañarte; la integridad nuca lo hará. Y el presidente de Colombia, está lejos de ser un hombre íntegro.