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Lunes 11 de Diciembre del 2017

Narcotráfico altruista

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 04/12/2014

 

Ilustración Esteban París / El Colombiano

Al reescribir nuestra historia quedaría un narcotráfico condenable por criminal, y otro justificable por los fines de la subversión. Eso pasará si no se asume con seriedad el debate sobre el delito político.

Desde julio de 2012, cuando fue aprobado en el Congreso el Marco Jurídico para la Paz, y con posterioridad, cuando ha sido avalado por la Corte Constitucional en dos sentencias, se sabe que será el Legislativo el que, mediante ley estatutaria, definirá cuáles son los delitos que se van a considerar conexos al delito político y, por lo tanto, podrán ser susceptibles de amnistías o indultos, y tendrán garantía de no extradición para sus responsables. Responsables que, además, no tendrán impedimentos para ser elegidos en cargos de elección popular o nombrados en puestos públicos del Estado.

Esa disposición legal del Marco Jurídico para la Paz dice que solo los delitos de lesa humanidad y el genocidio, si son cometidos de manera sistemática, se excluyen de la posibilidad de ser considerados conexos al delito político. Es decir, cualquiera de los otros, como los crímenes de guerra o el narcotráfico, podrían entrar a la categoría de conexos al delito político.

Ayer el presidente Juan Manuel Santos quiso precisar las declaraciones que él mismo concedió a la radio el martes. Como estas tuvieron más repercusión que las emitidas por el jefe negociador Humberto De la Calle, en el mismo sentido, hace dos semanas, el Presidente quiso quitarle intensidad a la polémica.

Porque, efectivamente, es muy polémica la posibilidad -el presidente dijo que él no hizo ninguna propuesta, sino que apenas invitó a hacer el debate- de incluir el narcotráfico en la categoría de conexo al delito político.

Fue casi unánime el juicio sobre lo que el narcotráfico ha implicado para nuestro país: la destrucción física y moral, la degradación institucional y ética, la exacerbación de la violencia y la corrupción; la venalidad de muchos servidores públicos, pero también la pérdida de hombres y mujeres íntegros que no cedieron a chantajes ni sobornos. En fin, es el delito que, precisamente junto con el terrorismo de grupos armados al margen de la ley (paramilitares, guerrillas, bacrim) más décadas ha hecho retroceder nuestras posibilidades de desarrollo.

Pero hay algo que se está dejando de lado, posiblemente por la obnubilación conceptual que parece imponer el concepto de paz exprés sobre cualquier otra consideración: el narcotráfico no es sólo un infernal mecanismo de obtención de recursos multimillonarios. Es, ante todo, un delito transnacional, cuyos efectos devastadores en la salud pública y en la degradación de millones de personas -¡tanta juventud perdida!- ha generado daños irreparables en el mundo entero.

Si, consecuente con la noción misma del delito político, este se acepta como medio para asegurar recursos a favor de una lucha que ahora se considera altruista para la construcción de una sociedad mejor, allí también cabrían el secuestro, la extorsión, el peculado y cien formas más de extraer recursos para financiar luchas armadas.

Ese es el debate que tendrá que dar el país. Que, de adelantarse sin mayores objeciones bajo una forma impuesta de pensar en la paz con sentido utilitario, implicará reescribir nuestra historia, hacer aceptable lo que hasta ayer mismo considerábamos inadmisible, aceptar como válidos paradigmas morales que en ninguna otra democracia podrían fructificar o, en fin, dar el visto bueno a que el envenenamiento de millones de personas con la droga aquí y en el resto del planeta, se justificaba para hacer una “mejor sociedad” en Colombia, eso sí, bajo los principios de uno de los mayores carteles de la droga que se conozca.

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