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Lunes 18 de Diciembre del 2017

Narcotráfico, bacrim y conflicto

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 14/04/2016

 

Ilustración: El Colombiano

La regeneración del narcotráfico es un hecho objetivo cada vez más constatado. De la mano de ese comercio perverso se fortalecen los actores armados ilegales, entre ellos las bandas criminales.

La posición del Gobierno Nacional es insistente: las bandas criminales de hoy “no son paramilitares”, son “puro y simple crimen organizado”. Mientras tanto, la organización más poderosa de ese tipo, “los Urabeños”, se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”. En los noventa, los paramilitares invocaron la causa antisubversiva y terminaron “franquiciando” sus frentes a narcos puros. Ahora se enfocan en el envío de droga, pero eso no los exime de servir, “a necesidad”, en acciones de guerra sucia contra líderes y organizaciones de izquierda, populares, derechos humanos y restitución de tierras. ¿Primero el huevo o la gallina?

Múltiples procesos judiciales prueban la explosiva mezcla de dinámicas de poder económico y político y del conflicto interno en que se insertan esos grupos criminales que el Gobierno considera “bandidos organizados que buscan el lucro a través del delito”. Esos con los que, según el comandante del Ejército, Alberto José Mejía Ferrer, las Farc y el Eln se sientan a negociar el control de territorios de cultivos ilícitos y de minería ilegal. Los mismos que acaban de combatir con la guerrilla en el nordeste de Antioquia, con los civiles en medio del fuego cruzado, y que 15 días atrás hicieron un “paro armado” que alteró el orden público en seis departamentos.

La complejidad del asunto, frente al que el Gobierno tiene claro que no caben alternativas jurídicas y mucho menos tratamientos políticos, sino el combate policivo frontal, es que otra vez el Estado descuidó sus acciones represivas, disuasivas y de inteligencia y hoy enfrenta a bandas con alto nivel de organización militar y financiera, integradas y lideradas además por exparamilitares y exguerrilleros fogueados en el pico de la guerra irregular en los noventa.

En paralelo, el mayor combustible de esas bandas y de las guerrillas, el narcotráfico, parece que tiene reservas renovadas: las hectáreas cultivadas de coca pasaron de 60 mil, en 2013, a 159 mil, en la actualidad, según reporte de agencias en E.U.

Solo en Costa Rica el Ministerio de Seguridad prevé que en 2016 pasarán por allí 1.700 toneladas de cocaína que, según el fiscal de ese país, Jorge Echavarría, en declaraciones al diario La Nación y La W, provienen de la costa pacífica chocoana y del Golfo de Urabá en Colombia y el 80 % de sus utilidades de retorno son de carteles mexicanos y el 20 % restante de las mafias colombianas asociadas con las bacrim.

Las rutas del Caribe se amplían a los golfos de Morrosquillo y las playas solitarias de Magdalena y La Guajira y a pasos fronterizos con Venezuela y Brasil, por el Catatumbo y el Orinoco. De ese tamaño es la solidez de las finanzas de las bandas criminales y su poder corruptor. De esa gravedad es su influjo en el mapa criminal del país y su relación difusa con el conflicto armado.

Si el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros del tema, en reiteradas alocuciones los últimos días, calificaron las bacrim de delincuencia organizada común, entonces deben preocuparse y actuar contra los desafíos y retos que le plantean a la fuerza pública en el control de territorios, comunidades y circuitos económicos y en su capacidad de alterar el orden público.

Si la política de Estado actual frente al conflicto armado interno, que se adoptó para iniciar el diálogo con las Farc, no contempla ni acepta la existencia del narcoparamilitarismo, entonces el Gobierno y sus Fuerzas Armadas deben demostrar una suficiencia militar capaz de doblegar a grupos que considera apenas de bandidos con ánimo de lucro.

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