Narcotráfico logra mayor dominio en campesinos que la amenaza armada

Funcionario relata cómo se mueven las Farc tras acuerdo entre Gobierno y campesinos del Catatumbo.

Algo inquietante: hay regiones del país donde el real poder lo ejercen las Farc. Y no necesariamente por la presencia de sus grupos armados, sino por el pago de las cosechas de coca y la explotación de la minería ilegal.

Es el caso del Catatumbo. Como bien se recuerda, el paro campesino que bloqueó a esa región permitió a los cocaleros, a la sombra de las Farc, una inesperada victoria: obtener que el Gobierno Nacional, considerándolos víctimas de su propio abandono, les otorgara una indemnización de 35 millones de pesos por familia y 9 millones a cada ‘raspachín’.

Sería la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) la encargada de seleccionar a los beneficiarios de esa ayuda.

Tuve oportunidad de conocer a un joven funcionario que asistió a una reunión en el municipio de El Tarra con los responsables de Ascamcat y las juntas de acción comunal. Lo que llegó a contarme de aquel encuentro muestra quién manda en el Catatumbo. He resuelto reproducir con fidelidad su relato.

Un sorprendente encuentro

“Éramos 15 funcionarios de diferentes instituciones: ministerios de Agricultura, Vivienda y Salud; de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, el Departamento para la Prosperidad Social y otras más. Debimos desplazarnos en helicóptero porque, según parece, la carretera es muy peligrosa.

“Cuando llegamos a la base militar de El Tarra, ubicada a las afueras del municipio, lo primero que vimos fue una gran bandera nacional ondeando. Queríamos divisar el pueblo y nos paramos al borde mismo de la montaña. ‘Tengan cuidado –nos advirtió el comandante que acababa de recibirnos–, los francotiradores de la guerrilla que están en el pueblo pueden dispararles desde allí’. De modo que, para no correr ningún riesgo, nos quedamos dentro de la base.

“El comandante nos confirmó que los municipios del Catatumbo dependen en gran medida de la coca. Es el cultivo más rentable. Las administraciones municipales se benefician por cuenta de la actividad comercial que generan estos cultivos como la venta de gasolina o de cemento.

“En el pueblo, al que llegamos en vehículos que nos recogieron en la base, nos esperaban los alcaldes de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Tibú, Teorama, Ocaña y El Zulia, además de los delegados de Ascamcat.

“En el polideportivo se habían reunido unas tres mil personas llegadas de todas las veredas de la región. Cada delegación estaba debidamente ubicada e identificada con grandes pancartas. Me sorprendió el numeroso grupo de muchachos que tenía el control absoluto sobre los asistentes. Ostentaban una gorra verde con una estrella roja en alto relieve muy grande. Estaban vestidos con prendas verde oliva y camisetas blancas en las cuales había varios letreros, uno de los cuales era el de la Marcha Patriótica. Llevaban al cinto un machete y un brazalete los identificaba como miembros de seguridad.

“Cuando ingresamos al lugar de la reunión fuimos todos requisados, incluyendo los alcaldes. ‘¿Quién manda aquí, usted o ellos?’, se me ocurrió preguntarle en tono de broma al alcalde de El Tarra; este, incómodo, me pidió que no dijera ni hiciera algo que molestara a los muchachos.

“Miembros del grupo de Ascamcat hicieron subir sillas a la tarima y ordenaron a los alcaldes que las ocuparan. Ellos obedecieron dócilmente la orden. Finalmente, se inició el evento. Tomó la palabra el líder de la asociación campesina, quien empezó por anunciar que los funcionarios y asesores del Gobierno sentados en las primeras filas – o sea nosotros– tenían autorización suya para asistir a la reunión como parte de los acuerdos logrados con ellos. Acto seguido, recordó que el Gobierno había aceptado considerar al cultivador de coca como víctima de un abandono oficial. Recordó que el campesino no podía ser procesado ni condenado porque el cultivo de coca es su único sustento. ‘Nuestra lucha ahora –agregó el líder de Ascamcat– busca obtener que se despenalice el agro cultivo y el consumo’.

“Lo que menos esperaba es que a renglón seguido leyera, de una manera que resultaba muy emotiva, una lista de víctimas de la llamada persecución estatal. Se refería a quienes habían caído en desarrollo de la protesta agraria por manipular los explosivos con que atacaron a la Fuerza Pública. Pidió un minuto de aplausos. Todo el auditorio empezó a aplaudir, incluso los alcaldes.

“Yo no lo hice, lo que inquietó a mis propios compañeros de viaje. ‘Aplauda, no vaya a ser que después no lo dejen salir de aquí’, me dijeron. Como no hice caso, uno de los muchachos de gorra verde y machete colgado del cinto se me acercó haciéndome señas para que aplaudiera. Era como la orden de un policía. Para alejarme de él, busqué un sitio más atrás para acomodarme en el grupo más cercano de campesinos.

‘O se va o se muere’

“Aquella fue, por cierto, la mejor oportunidad para hablar con los campesinos. Al que estaba a mi lado no tardé en preguntarle cómo y por qué estaba en ese lugar. Y él, mirando a su alrededor y como burlándose de mí, me contestó: ‘Pues aquí nos citaron y uno tiene que venir sin preguntar. El que no cumpla la orden o se va o se muere, no hay de otra’.

“A su lado había una señora morena y robusta dispuesta a unirse a la conversación. Sin rodeos, le pregunté: ‘¿Usted es cocalera?’ ‘Sí, señor’, me dijo. Quise saber qué la había llevado a eso. Me contó entonces que meses atrás vivía en un barrio de invasión en Cúcuta, compartía con tres hijos pequeños un rancho con paredes de tela sintética y techo de lata. Hasta allí habían llegado los muchachos como llamaba ella a los guerrilleros de las Farc.

“Su relato me aclaró muchas cosas: ‘Luego de reunirnos, nos preguntaron si queríamos trabajar en el campo. Yo dije que sí. No tenía trabajo ni cómo alimentar a mis hijos. Entonces, después de hacer una lista de quienes aceptamos su propuesta, nos organizaron y nos llevaron en buses hasta Tibú. Al llegar a la vereda donde ahora vivo, nos distribuyeron la tierra y nos dieron a cada uno de nosotros seis millones de pesos para sembrar la coca. Los muchachos regresan siempre en época de cosecha, me dejan un mercado y me descuentan de la plata que me dieron lo que vale la hoja recogida. Calculo que en dos años ya habré pagado esa plata’.

“De su relato deduje que la guerrilla tenía en la región una fuerte organización política y financiera capaz de abrir en poco tiempo campo para otros cultivos. Con este incentivo, los campesinos de la región del Catatumbo están sometidos a la voluntad de los comandantes guerrilleros. Muchos de ellos, de buen grado. Otros no, como un campesino que estaba allí presente y parecía atemorizado. Cuando le observé que podían elegir libremente a los alcaldes y a los representantes políticos de la región, movía la cabeza con aire de burla. ‘Es que ustedes, los niños de Bogotá, no saben lo que pasa aquí. Ellos –dijo refiriéndose a los guerrilleros– saben quién vota por quien, pues tienen la lista de todas las cédulas. Así nosotros obedecemos y votamos por quienes ellos dicen’.

“También quedé informado de que al otro lado de la frontera, en Venezuela, es donde están los laboratorios. Los insumos allí son más baratos y no sufren control alguno ni afrontan riesgos. La guardia venezolana se ocupa de que el negocio funcione bien.

“Me sorprendí mucho cuando el líder de la reunión anunció a los asistentes que tenía programado para el mes siguiente la visita de organizaciones internacionales. Si bien su tarea era la de verificar que en las zonas de reserva campesina no había coca, ya estaban previstas las rutas por donde los inspectores iban a pasar. En tales rutas se había dado la orden a los campesinos de arrancar la hoja. Después de esa visita volverían a sembrar.

“En ese momento me puse a pensar cómo era posible que funcionarios y asesores del Gobierno allí presentes estuviésemos escuchando tal estrategia de engaño sin decir nada. Lo comenté con mis compañeros. Algunos, según advertí, preferían callar para no perder su puesto. Otros alegaban que aquellos cocaleros no tenían otro medio de vida.

“Recuerdo que seguí hablando con los campesinos, mientras mis compañeros salían apresuradamente al lugar donde nos tenían preparado el almuerzo. Uno de ellos regresó por mí, parecía muy inquieto. ‘Los líderes del encuentro están muy bravos con usted; no entienden por qué se separó del grupo y se puso a hablar con los campesinos –me dijo–. De pronto lo dejan por acá, no vuelve a aparecer y ahí sí nos metemos todos en un problema’.

“Nada me ocurrió por fortuna. Pero en el helicóptero que nos traía a Bogotá no dejaba de pensar que esa región, pese a todos los esfuerzos y millones de pesos que el Gobierno Nacional había destinado para los campesinos, estaba por completo bajo el dominio de las Farc”.

Al terminar de escuchar este relato, una azarosa inquietud es inevitable: ¿Será el Catatumbo la única región donde esto ocurre? De pronto no, pues similares testimonios se han escuchado en regiones de Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta y el Chocó. El dinero producto del narcotráfico está logrando sobre los campesinos un dominio mayor que el de la simple amenaza armada de otros tiempos.

Especial para EL TIEMPO – Agosto 2 de 2014.

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