El veneno de la polarización
Tarea fundamental del conservatismo
Una de las discrepancias ideológicas de fondo en torno de la paz, entre las dos corrientes de pensamiento tradicionales en Colombia, consiste en que para el conservatismo ella es necesaria y eminentemente nacional, donde asimismo radica su legitimidad, mientras que para el liberalismo ésta tiene un sentido partidista, proveniente de la apelación electoral y en cuyos efectos banderizos se debería soportar un mandato inexorable para el resto de la nación.
Esa división de criterios emergió en la campaña presidencial de 1982, cuando el candidato liberal y expresidente Alfonso López Michelsen, ante la posibilidad de abrir negociaciones con las guerrillas, emitió la consigna de que la “paz es liberal”, con sus respectivas vallas publicitarias, mientras que el candidato conservador, Belisario Betancur, replicó ipso facto que la “paz es nacional”. Esto, que a primera vista parecería una simple pugna proselitista, determinó en adelante, sin embargo, el frente de acción teórico y práctico de dos modos de pensar y de aproximarse a las realidades de la violencia guerrillera y los mecanismos de su resolución.
Al ganar Betancur, ganó la “paz nacional”. Esto impulsó al Presidente no solo a hacer gala del resultado del mandato electoral, válido pero insuficiente, tratándose de una materia de semejante envergadura, sino que dedicó buena parte de su esfuerzo a crear mecanismos de participación ciudadana, por la época inexistentes en la Constitución, y a sumar la mayor cantidad de voluntad política posible alrededor de la salida negociada, convocando tanto a los partidos como a las entonces denominadas “fuerzas vivas” de la nación. Es sabido que su empeño se vino a pique por cuenta de la actitud inconcebible del M-19, llevando a la catástrofe terrorista del Palacio de Justicia, pero quedó sobre el tapete el concepto ineludible de la “paz nacional”.
Frente a esto, el nuevo candidato conservador, Álvaro Gómez Hurtado, hubo de cargar a cuestas el desprestigio de la paz del gobierno anterior. No contento con ello, el mismo M-19 lo secuestró, a mediados de la administración siguiente, pero al liberarlo propuso el “diálogo nacional” y esa agrupación terminó desmovilizándose a partir de ese criterio que hoy ese sector remanente bien debería tener en cuenta, todavía con la vocería de Gustavo Petro y Antonio Navarro, frente a las objeciones del presidente Iván Duque a la JEP y las posibilidades de un diálogo constructivo entre los diferentes sectores del país para una paz estable y duradera. Vino entonces la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, generando la primera Constitución de consenso en el país; consenso que, por igual, se trató de mantener en la Comisión Asesora de Paz que intervino en los diálogos de Caracas y Tlaxcala.
Corrió largo tiempo para que, después de ese intento fallido, se reabriera el proceso de conversaciones con la guerrilla, esta vez en cabeza del candidato conservador Andrés Pastrana, quien ganó con base en una alianza nacional frente al candidato liberal. Así el nuevo Presidente le dio cabida en la mesa de negociación, tanto con las Farc como con el Eln, a diferentes sectores partidistas del país. También abrió un comité nacional donde tuvieron asiento otros voceros representativos de la nación mientras, a su vez, se fortalecieron las desguarnecidas Fuerzas Militares en el Plan Colombia. En esa ocasión tampoco se llegó a un acuerdo con la guerrilla, pero fue clara la intención de mantener la idea de la “paz nacional”.
Una década más tarde, tras la aplicación del Plan Colombia y diálogos secretos, el presidente Juan Manuel Santos volvió a abrir negociaciones con las Farc, con la promesa de llevar lo acordado a un plebiscito bajo la idea de que solo las urnas serían fuente de legitimidad. Pero el plebiscito, sin un consenso previo entre todos los sectores, al contrario de lo que, por ejemplo, había ocurrido 60 años antes en los pactos de Sitges y Benidorm, en vez de promover la unidad no hizo más que encender la polarización. El gobierno perdió el plebiscito y en adelante la paz, sin legitimidad popular y sin consenso nacional, quedó presa de la división.
Hoy, cuando el primer mandatario, Iván Duque, ha hecho unas objeciones presidenciales mínimas a la ley estatutaria de la JEP, el Partido Conservador debe insistir en su fórmula de la “paz nacional”, es decir, el diálogo entre todos los sectores en el Congreso. Esa, en efecto, la respuesta sensata para una verdadera paz estable y duradera ante quienes buscan recurrir de nuevo a la radicalización e insisten en el fallido camino de la polarización.
