¿En adelante, en Colombia, cuando no se pueda combatir el crimen organizado, se negociará con él? Solo por saber…

Suponíamos que por cuenta de los impuestos de los colombianos, que van subiendo la cuesta, los sectores de seguridad y de justicia del país recibían suficientes recursos como para cumplir con sus funciones.

Pues nos estamos enterando de que no. Parece ser que el problema de las ‘bacrim’ es de tal magnitud que tiene capturada buena parte del territorio y que el Estado prefiere ensayar con ellas una negociación, porque ni el Ejército ni la Policía han podido arrinconarlas, ni la justicia procesarlas y condenarlas por sus delitos.

Caben dos interpretaciones. Una benigna, de que el Gobierno ha decidido madrugarle al fenómeno de la criminalidad organizada, que tiene copado al país con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la corrupción, la extorsión, los préstamos de usura y demás formas delincuenciales comunes. Semejante autopista no se les puede dejar pavimentada a las Farc para que 6 u 8 mil de los suyos aterricen ahí una vez firmada la paz, a seguir haciendo de las suyas. Urgentemente hay que controlar este fenómeno, así sea mediante la rendición parcial del Estado, para negociar a través de beneficios jurídicos su desmovilización.

A favor de este argumento, es muy posible que las bandas criminales tengan hoy más control territorial del país que las propias Farc. Y de pronto, por andar obsesionados en La Habana, estamos distrayéndonos de un fenómeno de mayores proporciones capaz de reclutar a los desmovilizados, facilitando el temido fenómeno de las ‘Farcrim’. O igual de grave: que las ‘bacrim’, zombis muy activos del paramilitarismo, se conviertan en los verdugos de los guerrilleros desmovilizados y que el Estado no esté en capacidad de garantizar su seguridad. A cambio de que las bandas se entreguen antes de que las capturen (porque, al ritmo que vamos, no estamos siendo capaces), les ofreceremos congelar sus procesos penales, incluida hasta la captura, y una buena rebaja de la pena.

También existe la interpretación menos benigna: estaríamos consolidando un Estado impotente y dimitente, en una retirada parcial de su deber de brindarnos a los colombianos la defensa de nuestra vida, honra y bienes y de hacer justicia con quienes nos irrespetan.

Se reduciría, entonces, la acción del Código Penal solo para los delincuentes individuales, que actúan en casos aislados, y que no están cobijados por el pedigrí de nombres sonoros de bandas como ‘Rastrojos’, ‘Úsugas’, ‘bloque Libertadores’, ‘Águilas’ o ‘Erpac’. Asociarse para delinquir puede adquirir un matiz, no ya de agravante del delito, sino una franquicia para recibir consideración y buen trato. Y a ese paso, sería negocio en Colombia abrir una oficina de patentes para bandas criminales, con muchas posibilidades de ser tratadas bajo una justicia contractual.

Que finalmente va a terminar dependiendo de la decisión de una sola oficina, la Fiscalía, y de un solo funcionario, el Fiscal, a quien se le ampliaría su principio de oportunidad para que este, o quienes lo sucedan, escojan a su antojo a quiénes les aplicarán el Código Penal con todo su rigor, y a quiénes no. En adelante, en Colombia, cuando no se pueda combatir el crimen organizado, se negociará con él.

No sé cuál de estas dos interpretaciones es la apropiada, si la benigna o la maligna. Hasta cabría una discusión objetiva, si el funcionario Eduardo Montealegre no hubiera perdido su credibilidad después de amenazar con unas barricadas de jueces en caso de que el Congreso, que ya cedió, no legislara a su antojo.

Por lo tanto, nos queda la duda de si la propuesta de transar con las bandas criminales es una medida preventiva, o una retirada de un Estado fallido, que enmascara la vanidosa coronación del Fiscal como el gran negociador del orden público en Colombia.

Entre tanto…. Senador Jimmy Chamorro: ¿recibió o no dinero de los narcotraficantes Patiño Fómeque y ‘Chupeta’?