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Sábado 20 de Enero del 2018

No ayuden tanto que nos hunden

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 25/02/2015

 

Ilustración Esteban París / El Colombiano

Mucho discurso que posiblemente de buena fe quiere promover el fin del conflicto, termina favoreciendo una postura muy alejada de la vigencia de la justicia y de la dignidad de las víctimas.

La insistencia de alias “Iván Márquez” en que la exigencia de “cero cárcel para los guerrilleros” es un inamovible para su agrupación en la mesa de diálogos en La Habana, admite dos lecturas. La primera, obvia, es que en plena etapa de negociación el negociador jefe de la guerrilla no puede permitirse aflojar, y que representaría mal a su organización ilegal si aceptara, así fuese hipotéticamente, privaciones de la libertad decretadas por la justicia, sea la nacional o la internacional.

Y la segunda lectura es que para alzar la voz y desafiar con el “cero cárcel”, las Farc han recibido invaluable ayuda de quienes menos se pensaba: los representantes de los poderes, centros de pensamiento, tribunas de opinión o líderes mundiales que, ahora o en el pasado, tienen o tuvieron responsabilidades en la aplicación o en el estímulo a la vigencia de la justicia.

En Colombia, en primer lugar, el fiscal general de la Nación. Es decir, el funcionario titular de la acción penal para investigar y acusar a los responsables de los más graves delitos contra la población civil y contra el sistema democrático. El actual fiscal, Eduardo Montealegre, ha entendido de una forma muy particular los deberes que la Constitución le asigna. Ha obrado como abogado del poder Ejecutivo, no como fiscal.

A él se ha unido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, quien en una entrevista, en la que dijo hablar en nombre de toda la corporación, aseguró que “el Derecho no puede ser un obstáculo para la paz”. Y así, ministros, senadores, gobernadores, etc.

Personalidades extranjeras también llegan al país a hablar de paz, y terminan abogando en causas que a los colombianos nos suenan más a exigencias de claudicación de la justicia. Según los parlamentarios que se reunieron con él esta semana, el exsecretario general de la Onu y premio Nobel de Paz, Kofi Annan, dijo que nadie negocia en una mesa para irse a la cárcel. Obviamente a las Farc semejante aval no se les pasará por alto.

Como no se les pasará tampoco el concepto del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien no solo pidió que la Fiscalía colombiana dejara de preocuparse por levantarle expedientes e investigaciones a las Farc, sino que aseguró que “la Corte Penal Internacional no es el obstáculo para el proceso de paz. El obstáculo es la gente que quiere castigo” (entrevista a W Radio, 18/02/2015).

También el expresidente César Gaviria y el propio presidente Juan Manuel Santos han dicho que ninguna jurisdicción internacional podrá interferir en los acuerdos de paz que se logren con las Farc. Confunden una voluntad política legítimamente favorable a perfeccionar un acuerdo de paz, con las obligaciones y compromisos jurídicos internacionales de no impunidad con determinados crímenes.

Los colombianos hemos sido testigos de un viraje a gran escala. Desde 2002, cuando nos explicaron los alcances de las obligaciones asumidas por el Estado colombiano al incorporar el Estatuto de Roma a su legislación interna, a estos tiempos donde la Corte Penal Internacional dizque ya no tiene ningún papel.

Bien lo decía hace poco en columna de opinión Gustavo Duncan, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto: “En las negociaciones con los paramilitares, la izquierda se opuso con todos sus medios a cualquier tipo de impunidad y de concesiones políticas (…) Sin embargo, esa misma izquierda ha dado un salto mortal con las Farc. Todo el discurso de una dura justicia transicional se fue al traste. Ahora resulta que en nombre de la paz no es necesario pedir ni verdad, ni justicia, ni reparación” (Salto mortal, El Tiempo, 12 de febrero de 2015).

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Jaime Sánchez Cortés

25/02/2015 6:33 PM

Las reflexiones del ex presidente Gaviria podrían aplicarse a todos los actores del conflicto siempre y cuando la Justicia Transaccional establezca penas para todos los delitos cometidos durante el conflicto, independientemente de la calidad u origen de los victimarios, incluyendo la privación de la libertad, Los castigos estarían a un nivel inferior a lo establecido en el Código Penal pero exigirían el reconocimiento y solicitud de perdón a las víctimas y resarcirlas por los perjuicios causados y el compromiso escrito de no repetición. La gradación de las penas deberá contar con la aceptación de las víctimas. Solamente así podríamos pensar en una verdadera reconciliación y en una justicia equitativa. La entrega de las armas o su destrucción con veeduría estricta debe ser una obligación.

santiago ramirez

25/02/2015 6:21 PM

Ya entendieron: los gobernantes y burócratas internacionales son cobardes, codiciosos, tramposos y malintensionados. Desde el tal Kofi Anan para abajo. La CPI es igual.
Las naciones están en vías de extinción. Sálvese quien pueda. Atenéte y no corrás. Es la era del individualismo puro. La envidia, la mentira y la codicia son virtudes en el siglo XXI.
Qué alternativa deja un grupo de asesinos cuando exige además de olvido de sus crímenes, impunidad, rentas exquisitas, honores, autoridad y poder sobre esa sociedad a la que ha desanggrado, maltratado, denigrado y degradado sistemáticamente por más de dos generaciones. La alternativa es volver a la razón, acorralar a los asessinos y reducirlos lo máximo posible. Cómo reducir a estas bandas de asesinos? Uno con las armas y dos con las palabras.

Jaime Espinosa

25/02/2015 10:58 AM

Con eso se exponen a que algunos mal intencionados pidan paz sin castigo, solo para tener a los criminales a tiro de pistola.

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