No hay austeridad ni transparencia

Otra cosa que se está viendo turbia es la reforma de equilibrio de poderes. Al orangután del voto obligatorio le nació un hermanito, ese malicioso embeleco de permitir la reelección de los actuales alcaldes y gobernadores.

Mientras el gobierno de Santos aduce que no ha sido derrochón, acomete tímidos recortes a ver si cuadra caja, con lo que demuestra que sí se ha excedido en gastos. Incluso, en asesorías tan costosas como innecesarias con personajes como el hoy fiscal general, Eduardo Montealegre, quien en el 2012 firmó un contrato por más de 1.276 millones de pesos, y el abogado Manuel José Cepeda, quien se agenció cuatro contraticos por más de 3.000 millones.

Pero no solo es grave la actual situación fiscal del Estado, sino que hacia el futuro pinta peor: todos los anuncios de obras al debe, en los que endosa recursos de próximas administraciones, y los costosos compromisos del llamado posconflicto pondrán en serios apuros a la economía nacional mucho antes de que acabe esta década. Ya muchos empresarios andan preocupados por las reformas tributarias que se vienen y por cosas como los efectos que pueda acarrear en la competitividad la promesa de restituir el recargo de horas nocturnas y de dominicales –que algunos confunden con ‘horas extras’– a como se tenía en el 2002.

En cuanto a la ‘paz’, no es para sorprenderse que una comisión del Partido Conservador, integrada por Camilo Gómez, Marta Lucía Ramírez y dos hombres muy cercanos a Santos y defensores a ultranza del proceso, como Juan Camilo Restrepo y Nicanor Restrepo, haya concluido que los acuerdos con las Farc no son financiables porque “el país no cuenta con recursos para la implementación de lo que se plantea en los textos” de los acuerdos. Y es que, sin duda, en ellos se incurre en un desmesurado exceso de compromisos fiscales de corte asistencialista, de los que suelen terminar destruyendo cualquier economía.

No en vano ha anunciado Santos un viaje a Europa para pasar ponchera ante los seis países más poderosos de la Unión, con el fin de constituir un fondo que sea como “una especie de Plan Marshall para la paz”. Pero es probable que le salga lo comido por lo servido, y la ‘vaca’ apenas alcance para pagar la gasolina del Boeing y el hotel. La situación económica de Europa sigue en cuidados intensivos, así que no hay que hacerse muchas ilusiones, y menos con los europeos.

Pero si el Gobierno no ha sido dadivoso y amplio con nuestros recursos, que alguien explique cómo diablos es que la deuda externa pública creció en 22,3 por ciento interanual a junio (Portafolio, 2-10-2014), equivalente a 10.351 millones de dólares. Que nos digan si fue el Gobierno Central el que se endeudó en esos niveles y con qué fines –¿‘mermelada’?– o si fueron otras entidades. O si es que sobran recursos, que les bajen a los pensionados el aporte en salud del 12 al 4 por ciento como se les prometió. El manejo de las finanzas no está siendo ni austero ni transparente, y de esas aventuras nunca se sale bien.

Otra cosa que se está viendo turbia es la reforma de equilibrio de poderes. Al orangután del voto obligatorio le nació un hermanito, ese malicioso embeleco de permitir la reelección de los actuales alcaldes y gobernadores para unificar sus periodos con el de Presidente, parido a hurtadillas por el Ministro del Interior.

Si bien el Gobierno desechó por inconstitucional el plan inicial, que era simplemente el de alargar los periodos a la topa tolondra, también hizo a un lado la idea de que estos coincidieran exactamente (7 de agosto) y se inventó la fórmula de que alcaldes y gobernadores asuman el primero de enero siguiente al inicio del periodo presidencial. Así, el periodo de transición sería de tres años y no de dos, como se venía hablando. Y ni siquiera se contempla juntar las elecciones para ahorrar costos. ¿Será que algún día sabremos realmente para qué se metió Santos en este berenjenal?

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