Los procesos de paz son estructuras que bien pueden compararse a la edificación de un inmueble. Para que la obra no colapse, se requiere que el armazón sea lo suficientemente firme para que soporte el peso. Igualmente, antes de empezar la obra, los constructores deben realizar un estudio de suelos para determinar que éstos cumplan los requerimientos. Un ingeniero se abstendría de darle vía libre al levantamiento de un rascacielos sobre un terreno fangoso, sin hacer previamente las fundaciones necesarias.
En el caso de un proceso de paz, para que éste no se derrumbe como un castillo de naipes, es necesario tener en cuenta todos los factores en juego. Empezando porque la sociedad acuerde unos mínimos aceptables en materia de concesiones a quienes están en la ilegalidad. Por eso, desde mi perspectiva, el proceso de paz debe hacerse con la sociedad por delante y no a espaldas de la misma.
Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que le dio vida a la Corte Penal Internacional de la que Colombia es suscriptor razón por la que hace parte de su bloque de constitucionalidad, la justicia internacional es una variable fundamental que debe ser tenida muy en cuenta a la hora de perfeccionar un proceso de paz.
Pensar, hoy en día, en finiquitar un acuerdo con ilegales que no incluya castigo efectivo a los delitos que popularmente se conocen como crímenes de lesa humanidad, hará que el “edificio de la paz” tarde o temprano se desplome. Desde siempre hemos advertido que el no castigo a los responsables de las peores atrocidades no sólo envía un mensaje equivocado a la sociedad colombiana, sino que además desconoce de manera ostensible los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado colombiano.
Aquellos planteamientos, que han gozado de todo el sustento político y técnico, han sido ridiculizados por el oficialismo que nos acusa de “enemigos de la paz” a quienes hemos hecho advertencias al respecto.
Desde el primer momento, Santos ha dicho que la suya debe ser una paz “estable y duradera”. Para ello, apoyado de sus mayorías en el Congreso, ha anunciado un grueso paquete de reformas constitucionales y legales que servirán de pavimento para su carretera de la paz. Pero se ha equivocado de manera grave al desconocer dos elementos que son clave: las advertencias que hemos hecho desde la oposición democrática y los postulados de la justicia internacional.
Hace unos días, en la ciudad de Washington, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, el canadiense James Stewart hizo nuevamente una advertencia sobre el apoyo que la CPI le pueda dar al proceso de paz.
En efecto, durante un foro que tuvo lugar en la sede de la OEA, sostuvo que, para que la Corte pueda respaldar lo que acuerden el gobierno colombiano y las Farc, los crímenes contra la humanidad cometidos por los guerrilleros deben ser castigados con penas proporcionales. Aquello significa que si los cabecillas de las Farc no pagan penas efectivas, con reclusión en centro penitenciario, la Corte Penal Internacional en cualquier momento podrá procesar a los jefes máximos de la guerrilla.
Paralelamente a las declaraciones del vicefiscal Stewart, las Farc desde La Habana anunciaron que suspenderán el reclutamiento de menores de 18 años.
Resulta inaceptable que a estas alturas, la guerrilla siga jugando con ese tipo de avisos. El año pasado dijeron que iban a devolver a los niños menores de 15 años, diciendo que solamente tenían a 13, contraviniendo las cifras que indican que son más de 2 mil los menores que están en su poder.
Se equivoca la guerrilla si cree que el proceso de paz va a ser exitoso si continúa la negación de los delitos que han cometido, ocultando la verdad frente a las víctimas, escondiendo a los miles de niños que se han llevado a la fuerza para que engrosen sus filas criminales.
El año pasado, en el Congreso de la República, propuse que el 11 de agosto fuera el día de la libertad de todos los menores víctimas de reclutamiento forzado. Le propuse al jefe negociador, Humberto de La Calle, que entre todos hiciéramos el esfuerzo para lograr que todos los niños en poder de la guerrilla regresaran al seno de sus hogares. Desafortunadamente, el doctor de La Calle no acogió mi propuesta. Y hoy, 6 meses después, los menores siguen esclavizados en los campamentos terroristas.
No creo en los anuncios de una guerrilla mentirosa. No toleramos más declaraciones pomposas. Lo que exigimos, lo que demandamos por parte de ellos. son hechos. Que todos, absolutamente todos los menores de edad sean desvinculados de manera inmediata. Que no se nos siga diciendo que solamente hay 13 niños en sus filas y que dejen en libertad a los más de 2 mil que tienen en su poder.
Ya que la guerrilla tiene como costumbre burlarse del pueblo colombiano y del gobierno de Santos, espero que el contundente anuncio de la Corte Penal Internacional los obligue a reflexionar y nos devuelvan, en los próximos 30 días, a todos los menores. Si no lo hacen, el proceso de paz será un edificio débil que, en menos de lo que canta un gallo, se derrumbará.
