Si se queda en disculpas se habrá aprobado como normal el descarado atraco a los fondos públicos.

El censurable comportamiento de uno de los operadores del programa de alimentos escolares no puede terminar simplemente en sus disculpas públicas por “haber violado los derechos” de los niños del colegio de Aguachica. Lo que está sucediendo con quienes ejecutan estos recursos públicos, destinados a alimentar a estudiantes de ingresos bajos, es un caso típico de robo, y como tal debe ser juzgado.

Que miles de millones de pesos de los colombianos terminen en los bolsillos de unos avivatos –probablemente con la complicidad de funcionarios públicos– solo se resuelve con un proceso judicial que, al encontrarlos culpables, los envíe a la cárcel. No se aceptan disculpas.

El video tomado en buena hora por una de esas profesoras que aún existen y que ven a sus alumnos como sus propios hijos es la gota que debe llenar la copa del país. No es esta la primera noticia que muestra el descarado negocio de este programa gubernamental, que mueve miles de millones de pesos. Y lo más grave es que, casi con seguridad, no será el último escándalo porque robarle al Estado es ya un deporte nacional. Todo se queda en las denuncias, como ha pasado con el caso de Saludcoop, cuyo principal directivo se pasea sin problemas dentro y fuera del país.

Además de acabar con este escandaloso manejo de recursos fiscales, vuelve a aparecer con fuerza el tema no discutido de los famosos “operadores” de las políticas del Estado. Algunos deben hacerlo muy bien, pero lo que se evidencia cada día es que esta idea ha sido utilizada por los políticos que tienen acceso a estos recursos, para volver esta operación un negocio perverso que afecta gravemente a los supuestos beneficiarios y también termina desdibujando totalmente las políticas públicas. El Estado puede ser un mal ejecutor, pero los operadores –obviamente con excepciones– se han convertido, como en el caso del programa de alimentos escolares, en unos asaltantes de los fondos públicos.

Falta ver en qué termina el triste espectáculo del Cesar, pero si se queda en que se aceptan las disculpas del operador y no se les cancelan ese y todos los contratos que tenga y no se juzga a los responsables, incluyendo a sus patrocinadores, se habrá aprobado como normal el descarado atraco a los fondos públicos que termina llenando los bolsillos de estos personajes indeseables. Al traste terminará yéndose el esfuerzo, aún pequeño, de nivelar una sociedad tan desigual como la colombiana.

La pregunta inevitable es si, frente a estas penosas realidades, no llegó la hora de buscar que el mismo Estado sea más eficiente como ejecutor de sus propias estrategias. Que no siga transfiriendo sus responsabilidades a un tipo de organización que no está sometida al control de la ciudadanía. A diferencia de estos oscuros operadores, los funcionarios públicos tienen que asumir costos políticos frente a sus errores, algo que unos ejecutores que permanecen en la sombra no tienen que pagar. Sus nombres, cobijados por rimbombantes supuestas fundaciones, solo esconden la otra gran estafa que se suma al saqueo permanente de los recursos públicos. Con el agravante de que en este caso se trata de niños, a los que se ofende dándoles en sus manos unos pocos alimentos y obligándolos a ser parte de un engaño.

Si el país no se sigue rebelando frente a este nuevo escándalo, a la falta de ética de quienes están detrás de este atraco, a su insensibilidad frente a nuestros menores de edad, el negocio de muchos de los operadores de las políticas públicas terminará incrementando las injusticias ya desbordadas de la sociedad colombiana. Le llegó la hora al Gobierno de empezar a pensar en el fracaso de este tipo de delegaciones.

Esto exige una revisión seria sobre la forma como se ejecutan los recursos públicos bajo esta modalidad. Pero, para empezar, que quede claro: no se aceptan disculpas.