El último decreto número 1859 venezolano no es, en términos de derecho internacional, respuesta a nuestra nota de protesta que aún no ha sido publicada. Como en cualquier comedia de equivocaciones, el incidente de los decretos fue una pantomima. No porque el Gobierno venezolano hubiera modificado su posición inicial y manifestado que “las descripciones de áreas geográficas no constituyen ningún pronunciamiento sobre territorios, áreas marinas y submarinas de la República Bolivariana de Venezuela que queden pendientes por definir” (si hay algún responsable de este galimatías, es la Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela), sino por la superficialidad con que la noticia fue recibida en Colombia. El presidente Santos la recibió “con regocijo” por haber resuelto el “malentendido” “sin insultos” – aunque no se sabe con certeza si se refería o no a los de Maduro-. La Cancillería colombiana dijo que esperaba que el gobierno venezolano conformara la Comisión Presidencial Negociadora (Coneg) para reiniciar “las conversaciones en busca de una solución negociada, definitiva y satisfactoria” sobre el problema.
Por si los lectores no lo saben, la Coneg fue creada en 1990, durante los gobiernos de Barco y Pérez, con el propósito de llegar a un acuerdo sobre la delimitación del golfo de Coquibacoa luego del incidente de la corbeta Caldas en 1987. En un comunicado conjunto de mayo de 2001, Pastrana y Chávez resolvieron re-activarla. En el 2007 Uribe y Chávez la re-reactivaron. Probablemente de esta reunión salió un proyecto colombiano en el que renunciábamos al triángulo que se forma entre la línea media que penetra en el golfo y la proyección del paralelo de Castilletes, no obstante lo cual Chávez no dijo ni pío.
Han sido veinticinco años de existencia de la Coneg y cero pollitos. Nada de nada. Y los gobiernos quieren re-re-reactivar ese ente anodino y amorfo para que el status quo continúe otros veinticinco años hasta una nueva re-re-re-reactivación.
El Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, suscrito entre Colombia y Venezuela en 1939, contempla una Comisión de Conciliación para resolver las diferencias entre los Estados y dice que, si las decisiones de esa Comisión no fueren aceptadas por los Estados, se debe acudir a una solución judicial. Es cierto que el artículo dos exceptúa de este tipo de solución los diferendos “que atañen a los intereses vitales, a la independencia o a la integridad territorial de los Estados Contratantes” y éstos han afirmado que los tienen. Pero si se trata de resolver las diferencias que, por lo demás, no pueden durar eternamente, hay que acudir a mecanismos contractualmente efectivos.
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Coda uno. El regalo de un “Cristo comunista” de Evo al Papa es un irrespeto deplorable al Pontífice.
Coda dos.“La Noche”, que dirige Claudia Gurisatti, presentó un conmovedor informe sobre la muerte de niños y la falta de comida y agua de los wayuu en La Guajira. Es el departamento que más regalías recibe (el presidente de El Cerrejón dijo una vez que se las robaban) y el que tiene la peor situación social.
