Cambiar una ponencia es legítimo. ¿Pero voltearla 180 grados?

Sorprende mucho que el ponente que hoy plantea anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, magistrado Alberto Yepes, hubiera proyectado en mayo, hace escasos dos meses, una ponencia en la que decía absolutamente todo lo contrario: que como la reelección del Procurador no está expresamente prohibida por la Constitución, se entiende que está permitida. Según dice él, y hay que creerle, fue producto de sus propias convicciones. ¿Pero darle una vuelta de 180 grados? Si en la primera ponencia estaba tan equivocado, ¿puede que también lo esté en la segunda?

Porque con un soplo se desbarata su nueva tesis de que como la reelección del Procurador no está expresamente permitida, está prohibida. Si tampoco está prohibida ni permitida expresamente la reelección de los congresistas, concejales y diputados, ¿todos los reelegidos desde el 91 se deben caer? No, porque no todo silencio constitucional puede ser interpretado como una prohibición.

Entre otras, porque hay un principio general de elegibilidad de las personas. Para que a alguien no lo puedan elegir para un cargo público, la Constitución o la ley lo deben decir expresamente. Si una persona puede ser elegida funcionaria una vez, puede ser elegida otra, es decir, ser reelegida, a no ser que expresamente se lo prohíban o se lo condicionen al cumplimiento de algún requisito. Las inhabilidades que son restrictivas del derecho a ser elegido deben ser expresas y no fruto de creación jurisprudencial, ni de interpretaciones ideologizadas, o del fastidio de unos demandantes hacia un funcionario.

No es que el Consejo de Estado quiera hacer una modificación del reglamento del funcionamiento de la Procuraduría. Se trata de tumbar, con nombre propio, a Alejandro Ordóñez Maldonado, detrás de lo cual está el interés político de los que creen en Colombia que él se ha excedido en sus funciones. La razón de que Edgardo Maya sí se hubiera podido ree-legir y ejercer la Procuraduría 8 años, pero Ordóñez no, no consiste, como se ha argumentado un poco ridículamente, en que a nadie se le ocurrió demandar a Maya. Es porque Maya era Maya, pero Ordóñez es Ordóñez. De paso, se pone en entredicho el accionar de la Corte Suprema, que lo ternó, y el del Congreso de la República, que lo eligió, cometiendo un inaceptable error, según el magistrado Yepes. El único que queda a salvo de esta debacle judicial es el Consejo de Estado. Donde apenas dos de tres magistrados titulares, de una sala incompleta de cinco, consideran que son los llamados a salvar el mundo tumbando la reelección de Ordóñez, porque dizque conlleva una peligrosa concentración de poder. Ese argumento de que su reelección, por ser un organismo de control, genera graves desequilibrios, también se desbarata con otro soplo: en el caso del Contralor, otro funcionario de control que sí puede ser reelegido, pero en el período subsiguiente, ¿no se generan también esos supuestos desequilibrios?

Esta discusión ha demostrado ser imposible de darse sin que medie de manera determinante el nombre propio del actual procurador. Se presta para una instrumentalización del derecho que calme las ansias de todos los que detestan a Ordóñez, con razones o sin ellas, e implica un delicado cambio de las reglas de juego de la organización constitucional del Estado.

Estimado magistrado Yepes: usted, que demostró tanta firmeza a la hora de acabar con el “tú me eliges, yo te elijo”; señores conjueces de la Sección 5.ª Electoral del Consejo de Estado: no se presten para este raponazo jurídico.

Entre otras, porque no deja de ser irónico que mientras Petro sigue tan campante, ocupando su cargo después de haber sido destituido por una autoridad competente como la Procuraduría, Alejandro Ordóñez Maldonado esté a punto de caerse.

Entre tanto… Algo nos tendremos que inventar después del Mundial, para matizar la dura realidad.