Los costos de la paz habrá que pagarlos de una, mientras los beneficios económicos tardarán unos años.

Son muchas las incertidumbres para este 2016. ¿La firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc traerá la paz o solo servirá para jubilar a unos comandantes demasiado barrigudos para seguir en el monte? ¿Se incendiará Venezuela por los agresivos estertores del régimen de Nicolás Maduro? ¿Habrá apagón como resultado del Niño pero también, y sobre todo, por las decisiones tardías y descaminadas de la Creg?

Por ahora, lo único seguro para el 2016 es que el bolsillo de los colombianos será asaltado con una durísima reforma tributaria que el Gobierno llevará en marzo al Congreso. La caída de los precios del petróleo ha resultado aún más fuerte de lo esperado. Si el precio del barril se hubiese estabilizado en torno a los 60 dólares (lo que ya implicaba una caída de más del 40 por ciento frente a mediados del 2014), el hueco fiscal habría rondado los 20 billones de pesos y la reforma tributaria tendría que haber sido para recaudar unos 8 billones adicionales.

Pero como el precio del barril ronda los 36 dólares, el hueco resulta mucho más grande y, en consecuencia, las nuevas necesidades tributarias se han disparado: algunos las calculan en más de 15 billones. El derrumbe del precio del petróleo no solo golpea las utilidades de la mayor empresa estatal, Ecopetrol, que han financiado estos años al Gobierno, sino que implica un menor recaudo de los impuestos que pagan las petroleras y muchas menos regalías para las regiones, lo que frena programas sociales y proyectos de infraestructura.

Una comisión de expertos creada por el Gobierno prepara las propuestas de la nueva tributaria. Como siempre, nos dirán que la norma busca ampliar la base para que mucha gente que no paga impuestos, aunque gana buen dinero, empiece a tributar. Pero la realidad será muy diferente. La reforma clavará a los mismos de siempre: a los empresarios formales grandes, medianos y pequeños, a los asalariados que no tienen cómo evadir y a quienes ganan por honorarios y no solo pagan por retención en la fuente, sino por el IVA de sus facturas.

En el IVA está una de las claves de la reforma: como ha demostrado ser una forma efectiva de recaudo al ir incluido en cada compra de bienes y servicios, basta con subir la tasa para que al Estado le entre más plata. La propuesta incluirá aumentar la tarifa, hoy en 16 por ciento para la mayoría de los casos. Algunos hablan de 18 por ciento y otros, hasta de 21 por ciento. Ayayay, dolerá…

Otras medidas pueden ser gravar los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas y subir unos puntos el impuesto de renta. El lío es que esto aumentaría aún más la carga tributaria para quienes generan empleo. Esa carga –que al sumar los impuestos locales y regionales se acerca al 70 por ciento– es una de las mayores del mundo: subirla frenará la creación de empleo, como de algún modo ya ocurrió con la tributaria que entró a operar en el 2015.

Que suban los impuestos nunca es grato. Pero que las entidades del Estado den tan pocas muestras de austeridad indigna sobremanera. La ‘mermelada’ que el Gobierno reparte en contratos sugeridos por los caciques de la Unidad Nacional –y que incluyen una buena tajada de robo– es un claro ejemplo de lo que nos cabrea. Otro caso es el de la Fiscalía: a pesar de que su nómina aumentó en miles de funcionarios entre el 2014 y el 2015, malgasta recursos en escandalosos y multimillonarios contratos con asesores externos como Natalia Springer.

Si a esto le sumamos que los guerrilleros desmovilizados recibirán una especie de salario mensual por dejar de matar, una medida sin duda necesaria para reincorporarlos, es fácil prever que la tributaria nos dañará mucho el genio. Y es que los beneficios económicos del acuerdo con las Farc tardarán unos años. En cambio, los costos los pagaremos los contribuyentes este mismo año.