Jueves 19 de Octubre del 2017

Notas sobre los diálogos Gobierno-Farc, Documento No. 1

ESTRATEGIA DE LAS FARC
En la última década la situación estratégica de las FARC cambió de manera radical con la consolidación del socialismo chavista en Venezuela. Igual para el ELN. Desde hace varios años importantes dirigentes de esas dos organizaciones guerrilleras permanecen en el país vecino. Así sucede con Iván Márquez y Santrich, de las FARC. Y Antonio García y Pablo Beltrán del ELN. De manera directa y a través de grupos radicales del chavismo influyen en la política interna venezolana. Y se han fortalecido militarmente con la conformación de las milicias bolivarianas, en cuya estructura se encuentran infiltradas.

El General Rangel, actual Ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, fue durante muchos años el contacto entre el Presidente Chávez y los jefes guerrilleros colombianos. Era el encargado directo de prestar seguridad a los jefes del ELN Pablo Beltrán y Antonio García. Y también el hombre encargado de coordinar el traslado de Iván Márquez a Caracas durante su visita relámpago el año 2007.

Haciendo parte de la estructura interna de poder en Venezuela, no necesitan los jefes del ELN y de las FARC entregar las armas, desmovilizarse y volver a Colombia para asumir responsabilidades judiciales por los crímenes cometidos. Ellos se mantendrán a buen resguardo en Venezuela, mientras sostienen sus redes criminales en Colombia. Se presentan así ante las autoridades venezolanos como una especie de seguro en territorio colombiano frente a eventuales “invasiones del imperialismo norteamericano” y de la “oligarquía neogranadina”.

GANANCIA DE LAS FARC
¿Qué ganan entonces las FARC con este proceso? ¿A qué apuestan?

En primer lugar a ganar legitimidad política como contradictores del Estado colombiano. Logran esta legitimidad frente a los demás estados suramericanos y centroamericanos, y también frente a varios países de la Unión Europea. Esto les permite mantener y fortalecer sus redes diplomáticas en estos países e impedir que se les niegue acogida en ellos.

En segundo lugar, al colocar en la mesa de diálogo a Iván Márquez y José Santrich, legalizan su presencia fuera de Colombia y la intermediación de Venezuela para su movilidad. Esto no afecta en nada su capacidad militar dentro de Colombia y si les produce ganancias políticas. Pero además, logran posicionar en Venezuela, de manera oficial, a un tercer miembro del Secretariado: a Mauricio Jaramillo. Este pasa a la sombra durante la fase de negociación, mientras sigue manejando el aparato de guerra del Bloque Oriental con toda comodidad desde el país vecino.

Los otros miembros de la mesa de acercamiento o fase exploratoria, como Granda y Marcos Calarcá, siguen en sus actividades internacionales, pero ahora bajo el marco legal de un proceso de paz que les permite moverse entre Oslo, Caracas y La Habana.

Todo este oxígeno político lo logran las FARC de entrada, sin que el Estado colombiano reciba nada a cambio.

APUESTA DEL GOBIERNO COLOMBIANO
En la decisión del gobierno colombiano de iniciar conversaciones con las FARC pesa mucho el anhelo del Presidente Santos de pasar a la historia como el presidente de la paz. Y presentarse después de su retiro de la presidencia, ante la comunidad internacional, como el hombre que fue capaz de hacer la guerra (como Ministro de Defensa) y de hacer la paz (como presidente).

Espera con esto que lo convoquen como pacificador en el conflicto árabe-israelí, u otros similares.

Santos se ha jugado dos cartas de entrada, con las que pretende conquistar a las FARC. La política de restitución de tierras y un discurso agrario de izquierda, y el Marco Jurídico para la Paz. Bajo estos dos puntos ha querido integrar lo grueso de la negociación.

Retoma así la vieja exigencia de las FARC en torno a la reforma agraria y busca dar tranquilidad a los jefes de esa organización guerrillera en cuanto a impunidad para sus crímenes y participación política después de abandonar las armas.

Sin comprometerse con las políticas del gobierno, las FARC aceptan en el acuerdo marco iniciar la discusión con la política agraria (y otros temas de la agenda social: “salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza” dice el documento firmado) y tratar el tema de la favorabilidad política, dejando abierta la posibilidad del desarme y la reincorporación “de acuerdo a sus intereses” (así dice el documento).

Lo que parece un logro del gobierno Santos (reducción de la agenda a estos dos puntos, e integración de lo negociable a políticas que ya tiene en marcha), puede convertirse en la mesa de diálogo en la cuota inicial de exigencias más grandes, a las que será difícil responder. Ya lo anunció Mauricio Jaramillo desde Cuba, cuando dijo que se necesitaban al menos cinco reformas agrarias.

Parece decidido por parte del Presidente Santos negociar la política agraria con las FARC, así esto lleve a sacrificar una parte de la dirigencia nacional relacionada con la producción agropecuaria. Los ganaderos y los grandes productores agrícolas han sido estigmatizados, y es fácil acabar de someterlos. Es diciente que siendo este el primer punto de la negociación, ningún representante de ese gremio haya sido incluido como titular de la mesa de diálogo. Se nombra en cambio a Luis Carlos Villegas, lejano a este sector productivo. Tal vez le ofrezcan a ganaderos y agricultores un suplencia en la mesa o hacer parte del grupo de 30 expertos que acompañarán las negociaciones. De todas maneras su suerte está decidida: esta es la parte de la economía nacional que en representación de los intereses capitalinos de industriales y banqueros, ha decidido Santos entregarle a las FARC.

Como el punto de la política agraria se entrará a discutir de manera inicial, sin abordar todavía el tema del desarme, resulta previsible que las FARC intensifiquen su presión en el campo, tanto para estimular o forzar movilizaciones campesinas a su favor, como para incidir en las decisiones que se tomen en política agraria, beneficiando a sus simpatizantes. De esta manera, podrán legitimar con el apoyo estatal situaciones de despojo de tierras (muy conocidas, por ejemplo, en la antigua zona de distensión), premiando con títulos a sus testaferros.

De todas maneras, las exigencias en materia de reforma agraria serán altas y muy difíciles de satisfacer. Para el gobierno no será fácil encontrar un punto de equilibrio que impida consolidar una especie de cogobierno con las FARC en esta materia. Y como las FARC mantienen su iniciativa armada, la combinación de las políticas agrarias y de restitución de tierras con acciones de presión popular (tipo Marcha Patriótica o movilizaciones indígenas) crecerán de manera paulatina.

De nuevo la ganancia de las FARC en este escenario es grande. No así la del gobierno. En el campo, entre tanto, puede intensificarse la situación de violencia (extorsión, asesinatos selectivos, control territorial por parte de grupos ilegales), mientras se genera incertidumbre entre inversionistas que preferirán esperar a ver lo que sucede en la mesa, en vez de arriesgar sus capitales.

En relación con la suspensión de acciones judiciales contra los miembros de la guerrilla que abandonen las armas y su acceso a los órganos de decisión política, las FARC no aceptarán fórmulas intermedias. El Marco Legal para la Paz resultará por eso insuficiente. Y deberá el gobierno ampliarlo. La propuesta de la guerrilla será tal vez la de una amnistía ampliada que incluya a los militares juzgados y encarcelados, con lo cual tratarán de ganarse la favorabilidad de éstos. Pero insistirán en tribunales para juzgar los “crímenes del paramilitarismo”, con lo cual pretenderán estigmatizar aún más al uribismo (tarea en la que ya han avanzado algunos sectores de la izquierda nacional e internacional) con la pretensión de llevar a sus líderes y en especial al ex presidente Uribe a la cárcel.

En relación con el tema del desarme y la desmovilización, a lo máximo a lo que se podría llegar sería a un desarme parcial, en algunas zonas del país (de allí la clausula que habla de desarme y reinserción de las FARC de acuerdo a sus intereses), previo compromiso de parte del gobierno de dar todas las garantías para la intervención en política de quienes dejen las armas. De esta manera se llegaría a una reedición de lo que fue la experiencia de la Unión Patriótica. Mientras un sector de las FARC conserva las armas en las zonas estratégicas, por ejemplo en los Llanos Orientales y el suroccidente colombiano, otro se desmoviliza (por ejemplo en los Montes de María o el Urabá antioqueño), comprometiendo al Estado en su protección.

CONSECUENCIAS DEL INICIO DEL DIÁLOGO
La consecuencia inmediata es la orientación de todos los esfuerzos nacionales a la consecución de la paz negociada. De nuevo en este campo tiene mucho más por ganar la guerrilla que el Estado o la sociedad colombiana.

El discurso de la paz hace parte de la estrategia de combinación de todas las formas de lucha por parte de las FARC y el ELN. Mientras el gobierno tiene afán en mostrar resultados, ellos no tienen ninguna urgencia. No les hace mella el discurso oficial en el sentido de continuar con las operaciones militares, pues saben que a la hora de la verdad ellos ganan si se trata de generar incertidumbre con sus acciones violentas. Y porque entre tanto, así el presidente diga lo contrario, las Fuerzas Militares y de Policía bajarán la guardia y perderán la iniciativa, pues nadie quiere arriesgar su vida cuando lo que se está cocinando de manera pública es la salida negociada.

Sufre también la política de desmovilización individual, pues para los combatientes de la guerrilla puede resultar más ventajoso esperar a que se firme la paz para recibir beneficios, que entregarse a las tropas oficiales con el peligro de terminar en una cárcel.

Y se genera un entusiasmo entre los simpatizantes de la guerrilla, tanto a nivel urbano como rural, que estimula nuevos reclutamientos, pues la guerrilla se muestra como una organización victoriosa, a la que el Estado se ve obligado a tratar como igual y contraparte en una mesa de diálogo. De allí que hacer parte de esa estructura resulte más estimulante que tomar el camino del largo ascenso social o político en una sociedad que ofrece pocas oportunidades para ello.

RIESGOS
El Presidente Santos ha logrado un éxito al integrar a los generales Mora y Naranjo al equipo de diálogo. Pero para ellos, en especial para Mora, la situación puede resultar difícil con el correr de los días. Pues el primer tema de negociación va ser el tema agrario y la política social (salud, educación, etc…), sin que se puedan abordar temas militares que le permitan hacer exigencias de un cese de hostilidades. Por otro lado, los asuntos referidos a los militares enjuiciados no se pueden tratar en la mesa, so pena de ponerlos en las mismas condiciones que los guerrilleros. La paciencia del General Mora se va a poner a prueba y podría culminar con su retiro de la mesa, en medio de una polémica con el gobierno.

Como el tema del reclutamiento de menores no se ha tratado, ni hace parte de la agenda, ni se ha exigido a las FARC que suspendan esa práctica, es probable que no solo vaya a continuar sino que se intensifique. De esta manera se deja descuidado este flanco, que es el que permite la integración de nuevos guerrilleros a la tropa y coacción sobre sus familias.

Aunque el Presidente Santos goza por ahora de una fugaz popularidad, al convertirse en interlocutor de las FARC y ante los desafíos e incumplimientos de éstas, caerá su popularidad y su reelección se verá comprometida. Dados sus afanes de mantenerse en el poder, es posible entonces que tome decisiones aún más arriesgadas.

El ELN puede convertirse con el paso de los días en una piedra en el zapato. Haber dejado por fuera del acuerdo inicial a esta guerrilla puede resultar problemático para el gobierno y el proceso. No va a ser fácil que el ELN termine plegándose pasivamente a lo que decidan el gobierno y las FARC. A lo mejor llega con nuevas exigencias, en especial la participación activa dentro del proceso de la sociedad civil, con su vieja propuesta de la Convención Nacional. En el peor de los casos (aunque probable), intensificarán sus acciones terroristas para hacerse escuchar y poder entrar pisando fuerte al escenario de la negociación.

Si la situación de seguridad se deteriora, sin avances significativos en la mesa en lo relacionado con el desarme y el desmonte de la estructura guerrillera, puede resurgir el paramilitarismo, alentado entre otras cosas por los jefes extraditados que esperarán de esta forma retomar una negociación que los incluya a ellos.

Tanto para las FARC y el ELN como para el chavismo, Colombia aparece como el “Ayacucho del siglo XXI”. Es decir, el territorio donde se dará la lucha final entre el “capitalismo” y el “socialismo del siglo XXI”. El ideal de Chávez, compartido por los grupos guerrilleros colombianos, es revivir la Gran Colombia, borrando la frontera que separa a Colombia y Venezuela. En especial Chávez tiene una añoranza por los pueblos binacionales, anteriores a la delimitación de fronteras de los años 1940s. La idealización de su abuelo bandido “Maisanta”, ícono popular de la revolución bolivariana y quien estuvo preso en la primera década del siglo XX en una cárcel de Tunja, es diciente al respecto.

Toda la actuación en la mesa de diálogo de las FARC y el ELN estará dirigida a consolidar en el mediano y largo plazo los intereses de la revolución bolivariana, de la que hacen parte orgánica.

Resulta diciente que este aspecto haya sido desconocido por los analistas que ven el proceso que se inicia con buenos ojos (incluidas las columnas de prensa de los exgenerales Naranjo y Valencia Tovar). Si los diálogos fracasan, la guerrilla habrá ganado legitimidad para continuar con la guerra y mantener su presencia en Venezuela. Y si los diálogos avanzan, tenderán un puente entre el socialismo venezolano y la política colombiana que les resultará muy útil.

Tanto el Presidente Santos como los analistas políticos que lo apoyan, reivindican de manera parcial y mezquina la Política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe, sólo para afirmar que las FARC están debilitadas militarmente y que es el momento de negociar. Y repiten una y otra vez el viejo discurso en torno a su deslegitimación política. Pero parece que no entendieran que lo que pretende la guerrilla es mantener en Colombia una “guerra de baja intensidad”, un “conflicto armado” que los legitime ante el vecindario, en especial entre los gobiernos propensos a las ideas de izquierda. Entre tanto, tienen la protección de un país como Venezuela, con ínfulas de imperio regional, comprometido en una carrera armamentista que por primera vez en la historia nos pone a las puertas de quedar en medio de una eventual guerra mundial, por sus alianzas con Irán, Siria y regímenes similares.

Mientras el presidente Santos piensa en obtener éxito en cuestión de “meses”, entre otras cosas para asegurar su reelección, las FARC piensan en términos de años y estarán más interesadas en generar inestabilidad en la democracia colombiana que en fortalecerla. De allí que el modelo de diálogo tan celebrado por los expertos (y de manera ingenua por el Gral. Valencia Tovar), resulte perverso, pues se le añadió al final una clausula que establece que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

Este tipo de regla, muy propia de un jugador de póker como Santos, resulta funesta en un proceso de diálogo que debería ir generando compromisos paulatinos e irreversibles que hagan cada vez más costoso levantarse de la mesa. Por ejemplo (y sólo para ilustrar esta afirmación, pues la exigencia inicial para negociar debe ser el cese total de acciones violentas) por cada punto a discutir (cesión del estado), debería darse un compromiso de las FARC para desactivar la guerra (por ejemplo retiro de minas y suspensión del reclutamiento de menores para discutir política agraria), lo que las debilitaría militarmente y las obligaría a continuar en la búsqueda de una auténtica salida negociada.

El presidente Santos cree que con esta libertad para levantarse de la mesa sin firmar nada gana mucho y resguarda la Política de Seguridad Democrática. No se da cuenta que en este diálogo sin compromisos previos ni avances graduales en disminución de la violencia por parte de los grupos guerrilleros, los únicos que ganan son aquellos.

Santos cree poder manejar a Chávez y cañar a las FARC, pero es Chávez quien se aprovecha de la oportunidad que le abre su homólogo colombiano. Lo mismo la guerrilla. Tanto Chávez como las FARC aborrecen lo que Santos representa (la “burguesía” colombiana), y pretenden utilizarlo como un Kerenski que les abre desde la democracia las puertas para su proyecto socialista.

Se equivoca Santos cuando dice que aquí el único que corre riesgos es él y no el país. Se olvidó de su investidura. Lo que hace el presidente de la República compromete al país de manera irremediable. De allí la importancia de actuar desde ya en un plan que brinde herramientas antes de que el país se vaya de nuevo hacia el abismo.

Colectivo Seguridad y Paz
Centro de Pensamiento Primero Colombia

Septiembre 10 de 2012.

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