Empecemos por la derrota en la OEA. Se necesitaban 18 votos. ¿Por qué se abstuvo Panamá, el voto que faltó? Seguramente cobró la amenaza colombiana de volver a incluirlo en la lista de los países considerados como paraísos fiscales. Con pleitos abiertos en la Corte Internacional de Justicia con Ecuador y Nicaragua y la ristra de problemas con Venezuela, los tres miembros del Alba y en las antípodas ideológicas de Colombia, ¿tenía sentido abrir otro frente con un vecino? El Gobierno pagó carísimo su error. Por cierto, en octubre debe revisar de nuevo el listado de paraísos fiscales. ¿Casa de Nariño, como retaliación, incluirá de nuevo a Panamá? Son capaces.
Sigamos con que el Gobierno ha pasado de agache una y otra vez con las violaciones de los derechos y libertades civiles y políticas en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Todos ahora votaron contra Colombia. Santos ha tenido un silencio cómplice frente al desmonte sistemático de la democracia y el ascenso de regímenes autoritarios en cada uno de esos países. Se ha hecho el de la vista gorda con los ataques a la libertad de prensa y a los derechos de la oposición. Abandonó de manera oprobiosa la Carta Democrática. Al propiciar la creación de nuevos organismos regionales, Unasur entre ellos, minó a la OEA. Entre una cosa y otra, la OEA ha terminado por ser casi inútil y Colombia perdió el escenario donde tenía mayor número de aliados. ¿Cómo puede ahora quejarse de que la OEA no sirva, no diga ni mu sobre las violaciones a los derechos humanos de los colombianos en territorio vecino? ¿Y por qué si por silencio y omisión ha sido cómplice de las violaciones a los derechos humanos en el Continente, pretende ahora solidaridad cuando los violados son sus nacionales?
Después, la Cancillería contribuyó a minar las capacidades y competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando Ecuador, con el apoyo del Alba, encabezó una ofensiva contra ese organismo. En lugar de precisar en un debate abierto y constructivo sus quejas y demandas frente a la Comisión, que es susceptible de críticas y a la que hay que recordarle los estrictos términos de su mandato, desde el Palacio de San Carlos apoyaron, con ambigüedad y silencio, la campaña del Alba. ¿Se sorprenden ahora de la debilidad de la Comisión para abordar el caso de las violaciones de derechos humanos en la zona de frontera por Venezuela?
Como no basta, Santos ha tenido un comportamiento penoso en materia de asilo, refugio y deportación. ¿Alguien se acuerda de Walid Makled, a quien Casa de Nariño envió a Venezuela para que no hablara del cartel de los soles y para contentar a Chávez? ¿O de la deportación sin miramientos de Felipe Romo, diputado ecuatoriano que hacía oposición a Correa? ¿O la de Fernando Balda, excongresista y además antiguo defensor de oficio de Santos cuando Correa lo tenía apretado con un juicio en Sucumbíos, y que había sufrido un intento de secuestro por agentes de inteligencia ecuatorianos en Colombia? Santos no se destaca por ser agradecido. ¿O las de Loreth Saleh y Gabriel Valles, el par de dirigentes estudiantiles que fueron entregados a la policía política venezolana por orden de la Presidencia? ¿O de la manera sistemática en que esta Cancillería ha atacado los asilos de antiguos funcionarios de la administración Uribe? Santos y su Canciller no han hecho sino trapear con la tradición de asilo de Colombia, con el derecho internacional de refugiados y con las reglas del debido proceso para la deportación. Y ahora se quejan…
¿Y cómo entender que el Fiscal quiera ahora denunciar a Maduro y compañía por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y antes, haciéndole el mandado a Santos, haya ido a La Haya a sostener que esa Corte no tiene competencia frente a los criminales internacionales de las Farc? ¿Le parece que esos delitos son mucho más graves e importantes que los cometidos por nuestras palomitas de la paz?
Cosechan lo sembrado, insisto. Pero sin un mínimo de coherencia, es imposible la defensa de los intereses estratégicos del país.
