Me refiero al doloroso caso del Exministro Arias, un joven honesto, brillante y promisorio, que por un descuido administrativo terminó, sin robarse un solo peso ni haber hecho nada ilegal siendo tratado por la “justicia colombiana” como un peligroso y vulgar criminal, sometido al escarnio público.
En 2006 el exministro presentó y logró aprobar por el Congreso la ley de Agro Ingreso Seguro, destinada no a favorecer directamente a los pequeños campesinos sino a hacer competitiva la producción agrícola con ocasión de la aprobación del TLC con los EEUU. El programa en un 96,5% cumplió con sus objetivos, pero 26.500 millones de tales subsidios cayeron en manos de “agricultores” avivatos, lo cual causó justificada indignación pública.
El exministro, considerándolo asunto para especialistas en “ciencia y tecnología” (se trataba regadíos), confió la adjudicación de subsidios al IICA, instituto de asesoría de la OEA. Por qué pasó lo que pasó?
El joven ministro, inexperto en la vida, madurado biche, aupado por la lagartería, por soñar con ser Presidente, descuidó las responsabilidades de su cargo y “por subir como palma, cayó como coco”. Por ellos fue sancionado justamente por la Procuraduría con 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, truncando así su promisoria carrera política.
Y cayó en manos de una justicia politizada que lo trató peor que un criminal y se ensañó con él, acusado por la Fiscal Viviane Morales quien se ufanaba por ello de “haberle cumplido al Pais” o sea de entregarlo como carroña a la “opinión pública”.
En un país realmente democrático los tres poderes funcionan con independencia. El Legislativo se dedica a legislar a favor del bienestar general; el Ejecutivo a gobernar con eficiencia y pulcritud según la Ley; el Judicial a ejercer justicia con trasparencia y equidad. En nuestro país, en forma casi generalizada, el Legislativo se dedica a apoderarse del erario público, el Ejecutivo a congraciarse con todos repartiendo la “mermelada” y el Judicial a influir en el Legislativo y congraciarse con el ejecutivo pasa su beneficio.
Termino haciendo míos los conceptos de Juan Ricardo Ortega, quien debió abandonar su cargo de gerente de la DIAN, y su país, por ser honesto: “Es una injusticia terrible con él, con el país y con todos los que somos servidores públicos…”.
