Se viene otro conejo. El Gobierno se prepara para bajarse de su compromiso de que la ciudadanía refrende los acuerdos alcanzados con las Farc. Para evitar el referendo, que exige preguntas separadas para cada punto que modifique la Constitución, el Gobierno se inventó un engendro de plebiscito al que le puso un umbral de mentiras y al que pretende darle carácter de jurídicamente obligatorio sin que pueda serlo. Por eso la Corte Constitucional tumbará ese engendro. Con el aplauso de Santos que sabe que, aunque el umbral sea de mentiras, con 15 % de popularidad corre el riesgo de ser derrotado en las urnas.
Ahora en Casa de Nariño se prepara otro embuchado. Lo anunció Montealegre en una entrevista y unos días después la revista Semana, tan cercana al círculo presidencial, ratificó que en eso estaba el Gobierno. Sostuvo el exfiscal que “lo que se firme en La Habana sobre justicia y desarme tiene la naturaleza de un acuerdo especial. Al finalizar el proceso de paz, se firmará un tratado de paz que tendrá el mismo rango de una norma constitucional y así lo debe reconocer la Corte Constitucional con fundamento en una sentencia que les dé categoría de tratado a los acuerdos especiales. Quedarían absolutamente blindados los acuerdos de La Habana y se haría innecesario un plebiscito”.
La propuesta de Montealegre es descaradamente autoritaria y antidemocrática. Según él “[n]i siquiera la voluntad popular podría modificar normas de rango constitucional. El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana”. Falso. En un régimen democrático para la voluntad popular no hay límites distintos al respeto de los derechos humanos. Eso no solo es así sino que la misma Constitución sostiene que ella puede ser modificada a través de la participación ciudadana por medio de referendos y de una asamblea constituyente elegida popularmente. Y para esa asamblea no hay límite alguno. ¿Qué mueve a Santos a montarse en la tesis del exfiscal que, por cierto, es la misma de los ideólogos de las Farc?
Seguro se muere del susto de preguntarle a la gente sobre los pactos porque sabe que ella se opone a partes sustantivas de lo que han firmado. ¿Pero será que él y la guerrilla quieren montar un régimen oligárquico donde son ellos los pocos que detentarán el poder? En cualquier caso, la tesis va dirigida a escamotearle a la ciudadanía la posibilidad de apoyar o rechazar lo que pacte el Gobierno con las Farc. Otra vez nos quieren hacer conejo.
Sigo por resaltar que el argumento es mentiroso: los pactos entre las Farc y el Gobierno no son acuerdos especiales a la luz del derecho internacional. Los acuerdos especiales solo existen y se aplican durante los conflictos armados, con el único fin de regularlos y de extender la protección a los civiles más allá de lo que consagra el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, que es la única norma de esos convenios aplicable a los conflictos armados no internacionales. Así lo dice inequívocamente ese artículo 3 común al sostener que “las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Disposiciones que lo que hacen es precisamente regular desde el derecho humanitario los conflictos armados. Así que los pactos para poner fin a un conflicto no son y nunca serán acuerdos especiales. Al terminar un conflicto armado el derecho internacional humanitario deja de aplicarse. Y, por tanto, también los acuerdos especiales, si es que los hubiera.
Y en todo caso los acuerdos especiales no son tratados internacionales. Para rematar, la consecuencia de que se diga que son tratados es aun peor: significaría que las Farc son un cuasi Estado porque en lo fundamental solo los Estados pueden celebrar tratados. Se entiende que las Farc pretendan ser iguales al Estado y que por eso aleguen esta tesis que por absurda no es menos peligrosa. ¿Pero acaso Santos también quiere darles el carácter de cuasi Estado? Así de grave es la cosa.
