País formal e informal

Cada día que pasa me convenzo más de que el principal problema del país es la informalidad.

En la informalidad de la propiedad en el campo y en la precariedad de los catastros rurales está una de las fuentes del conflicto y de la violencia de nuestro país. Un proceso que, según Thomas Piketty, en Francia estaba prácticamente completo hace dos siglos y que en Perú comenzó en serio hace 30 años, liderado por Hernando de Soto, aquí no se ha comenzado a reparar en serio hasta ahora.

A la informalidad de la propiedad del campo hay que agregar la informalidad de las viviendas y edificaciones de nuestras ciudades. Nadie tiene el dato exacto, pero muchos estiman que dos terceras partes de las edificaciones de las ciudades son informales.

Una cifra semejante se atribuye a la informalidad de las empresas, la gran mayoría de ellas calificadas como micro, pequeñas y medianas. Y, para completar este cuadro tan desolador, la informalidad laboral alcanza el 66% de la población ocupada y, si se suma la población desempleada, entre la informalidad y el desempleo se alcanza el 70% de la población económicamente activa. En números redondos, de los 21 millones de trabajadores que hay en el país, sólo un poco más de 7 millones cotizan a la seguridad social contributiva, excluyendo los jubilados que cotizan a salud. Para dar una cifra comparativa, en España, que tiene unas cifras laborales casi idénticas a las nuestras, cotizan a la seguridad unos 10 millones de trabajadores más que nosotros.

Las consecuencias de este cuadro son alarmantes. Primero, es una de las causas del conflicto y continuará siéndolo en tanto no se actualicen y modernicen los sistemas de catastro en el campo. Segundo, es un freno al desarrollo económico, pues activos que pueden alcanzar un porcentaje muy elevado del Producto Interno Bruto están fuera de la circulación del mercado de capitales y no están sirviendo para apalancar inversiones y oportunidades. Además, la falta de títulos y su falta de claridad aumentan los riesgos de las inversiones formales, como se ha demostrado en las grandes obras de infraestructura y en la gran inversión empresarial en el campo.

Tercero, en esta enorme informalidad se encuentra una de las causas de la crisis fiscal del país, pues muy pocas empresas y personas jurídicas formales se han visto obligadas a sostener las cargas de todo un país que reclama un Estado del bienestar que, en estas condiciones, es imposible sostener. La última reforma tributaria elevó la tasa del impuesto de renta a las empresas a niveles de 42-45%, lo que convierte a Colombia en un país poco atractivo para la inversión de nacionales y extranjeros.

Finalmente, las cifras de informalidad obligan a una reestimación del papel que juega el capital en nuestras sociedades. Con mucha razón, Hernando de Soto, en El País de España, critica a Thomas Piketty argumentando que sus cifras no incluyen el enorme capital, como las viviendas informales, que tienen en nuestras ciudades millones de trabajadores de estratos medios bajos y bajos. Para De Soto, visto así, el capital no es el problema de nuestras sociedades, como argumenta Piketty. Más bien, su falta de formalización y la precariedad de un Estado que no es capaz de defender y garantizar su propiedad son las principales causas de nuestro atraso y miseria.

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