Paloma Valencia denuncia supuesta inhabilidad de exfuncionarios del gobierno Santos

Se trata de Miguel Samper, exdirector general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Ricardo Sabogal, exdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras; y Javier Flórez, exdirector de Acceso a Tierras de la ANT, quienes constituyeron la empresa Gestión Rural que “que presta servicios integrales para la gestión inmobiliaria rural”.

Este martes, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia advirtió que tres exfuncionarios de entidades relacionadas con los temas de tierras en el gobierno de Juan Manuel Santos estarían "incurriendo en inhabilidades" por una nueva empresa que constituyeron y que presta sus servicios en este sector.

Se trata del exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper; el exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal; y el exdirector de Acceso a Tierras de la ANT, Javier Flórez.

“Este negocio, con todas las inhabilidades vigentes y toda la información privilegiada, es una desvergüenza”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter, afirmando que los exfuncionarios cobran por los servicios al sector privado.

En Blu Radio, Valencia explicó que “ellos vienen de ser los jefes de las unidades, de las que después van a prestar servicio con unos funcionarios de carrera que los conocieron como superiores jerárquicos y que ahora los van a tratar como clientes, utilizando la información privilegiada, las conexiones de la entidad”.

Asimismo, comentó que para ella es mal visto que Samper, Sabogal y Flórez estén supuestamente aprovechando su posición para constituir una empresa que maneja el tema que lideraban como funcionarios. “Esto es salir a usufructuar las conexiones que se obtuvieron en un cargo público”, sentenció.

Por su parte, Miguel Samper, quien también habló con Blu Radio, sostuvo que uno de los mandatos de la empresa Gestión Rural es la prohibición de las asesorías en restitución de tierras debido a sus inhabilidades recogidas en la Ley Anticorrupción.

“Estamos impedidos en enriquecer a los privados con información privilegiada. Nosotros no asesoramos a las personas que quieren que se les formalice una propiedad o se les restituya una tierra”, explicó.

En cambio, según el exfuncionario, la compañía se dedica a hacer investigaciones exhaustivas para determinar el contexto y posibles problemas que podría traer la adquisición de una tierra. “Hacemos todos los estudios topográficos y de riesgo, ayudamos a los inversionistas para que lleguen al campo y los asesoramos para que no corran riesgo a futuro”.

Según Samper, los resultados que les entregan a sus clientes son productos de la información pública que está dispuesta por el Estado, la misma que consultan para prestar sus servicios. Entre los servicios que ofrecen está el de “reclamaciones existentes de restitución de tierras y segundos ocupantes”, uno de los puntos que más preocupa en cuanto al incumplimiento de la inhabilidad.

La norma señala que estarán inhabilitados quienes “directa o indirectamente hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios”.

Frente a esta situación, Samper aceptó que pudo haber una redacción confusa en la página web. “Tal vez sí es cierto que puede sonar que hacemos trámites de sustituciones, eso lo vamos a cambiar de inmediato”, aseguró.

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