La recesión ya es una realidad en la economía argentina. Y es de tal magnitud que hasta el INDEC la admite. El derrumbe de la actividad industrial, las suspensiones y despidos que el fenómeno provoca, y la inflación, que ya ha sido incorporada como una consecuencia “no deseada” luego de haberla negado con obcecación y contumacia. La emisión de dinero es sostenida porque el gasto público no se detiene. Entre las estrafalarias teorías para justificarla está aquella que sostiene que la fuerte emisión no produce inflación. Con ese razonamiento, pronto desafiarán las leyes de Newton sin ponerse colorados.

En ese cuadro preocupante, que prueba que una parte del ajuste ortodoxo frena la economía, precisamente lo contrario de lo que el Gobierno pregona en público, hay que agregar que los índices de pobreza y de indigencia no son difundidos por los responsables de las estadísticas oficiales.

Para colmo, parió la abuela: la exigencia de pago a los fondos buitre, tras la decisión de la Corte de EE.UU. de no revisar el fallo del juez Griesa, agrega nada menos que el peligro de un nuevo default.

Ya se habló mucho de cómo se llegó a este momento dramático y se ha subrayado el tiempo perdido en bravuconadas vacías y estrategias equivocadas, mientras la codicia financiera avanzaba con su táctica.

Lo concreto es que el Gobierno cumplió uno de los pasos que había puesto en duda –el pago a los bonistas que entraron en el canje– y así el fallo de Griesa entró en vigor.

El juez explicó que su decisión en favor de los fondos buitre comenzaría a funcionar cuando Argentina hiciera un pago a los bonistas. Y así ocurrió: Griesa recibirá hoy a los abogados de las dos partes y allí se definirá qué ocurrirá con el dinero depositado en el Banco de Nueva York. Si se permite que los bonistas cobren o si ese dinero queda congelado hasta que se resuelva cómo cobraran los buitres su parte.

Kicillof y el Gobierno podrán descargarse contra el juez y contra la Justicia de EE.UU. Lo hacen pensando en la política doméstica, que es la que guía los pasos de Cristina y los suyos. Sin embargo, hay errores que no se deberían cometer, como agitar en diarios extranjeros, con la firma de la Presidencia, que la demanda podría alcanzar los 135.000 millones de dólares.

Esa admisión oficial, dicen diplomáticos y expertos, puede ser considerada como prueba por la Justicia americana de lo que la Argentina dejó de pagar.

Siempre el juego de las exageraciones termina convirtiéndose en un problema para quienes las promueven. La voluntad argentina de pagar materializada en el depósito de ayer es una decisión importante en este cuadro complejo. Tal vez la reunión con Griesa determine otras exigencias que obliguen a cerrar esa deuda pendiente para despejar el futuro.