Miércoles 22 de Noviembre del 2017

¿Paras al Congreso?

A pocas semanas de que la Corte Constitucional provea bendición de exequibilidad al denominado Marco Jurídico para la Paz, bien vale la pena hacer algunas reflexiones respecto de algunos escenarios sobre los cuales la sociedad aún no ha puesto su mirada.

La ley 975 de Justicia y Paz fue pionera en el mundo. Se trata de una norma jurídica que logró un equilibrio parcial entre conceptos antagónicos en la negociación con grupos armados ilegales. Por primera vez, la verdad, la justicia y la reparación encontraron un hábitat legal en el que pudieron convivir en beneficio de la sociedad y en detrimento de los victimarios.

Históricamente la paz se había logrado sobre la base de premiar a los victimarios haciéndolos beneficiarios de amplias leyes de amnistía en indulto. La creencia era que el valor supremo de la paz obligaba a la sociedad a perdonar a ojos cerrados los crímenes cometidos por los ilegalmente alzados en armas.

Aplicar una fórmula así en el proceso de desmovilización de las AUC era políticamente inviable. El gobierno del Presidente Uribe tuvo claro desde el primer momento que los responsables de crímenes atroces y de infracciones al DIH debían ser castigados con penas efectivas. La premisa general en aquel proceso de paz era sencilla: el acento lo deben tener las víctimas, no los victimarios.

Los paramilitares que comenzaron a negociar con Luis Carlos Restrepo querían que el Estado les concediera indulto, que sus hombres fueran incorporados a la Fuerza Pública, que sus gigantescos patrimonios adquiridos con dineros ilícitos no fueran tocados y que las víctimas fueran condenadas a la invisibilidad. ¿Cuántas veces no vimos en los medios de comunicación a los jefes de las AUC mostrándose como víctimas?

La respuesta del gobierno fue perfectamente contraria a las demandas de las AUC: los responsables de crímenes atroces irían a la cárcel. Las víctimas tendrían acceso a la verdad de los hechos. Se impuso la condición de no repetición para efectos de mantener vigente la pena alternativa. Los comandantes con cuentas pendientes por narcotráfico serían extraditados y, lo más importante: ni “Macaco” ni “Don Berna” o cualquiera otro de ellos tendría la posibilidad de acceder a cargos de elección popular.

Hacer elegible a un victimario es la manera más altanera de revictimizar a quien ha sufrido los horrores por parte del actor violento. Las víctimas de Mancuso en La Gabarra tienen la tranquilidad de saber que quién ordenó las acciones en su contra está confinado en una celda en los Estados Unidos y no está en el Congreso de la República haciendo leyes ni debates de control político. Los niños reclutados a la fuerza por “El Alemán” en la zona del Urabá y que hoy tratan de rehacer sus vidas, pueden tener la tranquilidad de que ese sujeto jamás podrá ser elegido como alcalde de Necoclí o diputado a la asamblea de Antioquia.

Pero como toda ley penal, la de Justicia y Paz recoge un elemento universalísimo: el de la favorabilidad. En el artículo 63 de esa norma se lee: “Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores”.

La Corte Constitucional no puede hacer distinciones entre victimarios blancos y victimarios negros. Al abocar el estudio de constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz tendrá que tener en consideración que guerrilla y paramilitares, a la luz de las leyes vigentes, son la misma cosa.

En ese sentido, una vez en vigor el Marco para la Paz, cientos, si no miles de paramilitares que hoy responden a la sociedad como postulados a la Ley de Justicia y Paz, dejarán de hacerlo. Invocarán el artículo 63 y buscarán la manera de que el Estado, como piensa hacerlo con la guerrilla de las Farc, priorice las investigaciones, castigue a unos pocos y a los demás los mande para sus casas.

Perderán las víctimas que en los últimos 8 años han tenido acceso a la verdad, perderán las madres que gracias a esas versiones libres han podido recuperar los restos de sus hijos asesinados y perderá la sociedad en general al ver que tipos de la calaña de Ramón Isaza o “El Águila” a lo mejor son tan de buenas que terminan en sendas corporaciones públicas debatiendo, de tu a tu, con Timochenko, Márquez y Sántrich.

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