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Jueves 16 de Agosto del 2018

“PAZ CON JUSTICIA”

Autor(a): Néstor A Laso Dosal  | 

Fecha: 01/06/2014

Exclusivo para FCPPC
 

La diáspora colombiana ha sido uno de los principales graneros de votos del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, principalmente Estados Unidos y España, los dos países donde obtuvo la victoria ampliamente y contó con mayor apoyo. España lideró la votación de OI Zuluaga entre todos los candidatos presidenciales en Europa, Asia y África.

La Campaña Presidencial de Zuluaga en España ha puesto en marcha una serie de conversatorios con colectivos de colombianos con el título de “PAZ CON JUSTICIA”, a fin de explicar a los residentes colombianos que la Paz, auténtica solo es posible con la aplicación de la Justicia y el Estado de Derecho que los colombianos se han otorgado democráticamente, lo que persigue Santos es exclusivamente instrumentalizarla y poner a Colombia en un callejón sin salida.

En el centro de la discusión de estas elecciones está el Proceso de Paz que se está llevando a efecto en La Habana con representantes de las FARC. En cuanto a cómo enfocaría y retomaría, el Candidato Presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga el proceso de paz caso de llegar a la Presidencia de Colombia, se manifiesta en que el uribismo y nuestro Candidato Presidencial desean más que nadie una Paz duradera y estable en Colombia y no una Paz circunstancial e instrumentalizada electoralmente por el candidato a la reelección, Juan Manuel Santos, por lo que cualquier diálogo o negociación precisaría de un cese de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones por parte de las FARC, cese que en estos momentos no existe y que se anteponga que las Víctimas sean resarcidas y los verdugos, autores atroces de crímenes de lesa humanidad, sean enjuiciados y cumplan sus penas, tal como determina el derecho internacional y la reiterada jurisprudencia de la Corte Penal de La Haya. La polarización es entre la PAZ CON JUSTICIA de Zuluaga frente la PAZ SIN GARANTIAS de Santos.

Ello no obsta a que muchos de los miembros rasos del grupo terrorista sin delitos de sangre en sus manos, obtengan beneficios penitenciarios y puedan reinsertarse en la sociedad civil, trabajando honradamente y conviviendo con sus familias, no descartándose para ellos, previa aplicación de una justicia restaurativa y petición de perdón a las víctimas alguna forma de participación política. Pero no la que Santos tiene prevista para los dirigentes de las FARC auténticos protagonistas de las órdenes de ataque contra la población militar y civil colombiana, niños incluidos.

Por ello, en ningún caso se concebiría un diálogo dirigido a una Paz sin Justicia, pues sin ella es imposible que pueda ser duradera ni creíble. Paz solamente hay una y verdadera, aquella que simultáneamente lleva aparejada el respeto al Estado de Derecho, tanto en cuanto a la reparación de las víctimas como al cumplimiento de penas.

Una de las grandes carencias de las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana, es la ausencia de transparencia y la falta de credibilidad de las mismas.

No se ha publicado el texto de los presuntos Acuerdos y en qué queda obligado el Estado colombiano con las Farc, se mantiene en secreto y nada se ha publicitado.

Se tiene la idea que puede haber concesiones por el Gobierno santista que serían intolerables y que podrían pasar desapercibidas bajo la Bandera de una Paz endeble y circunstancial, que las dos partes estarían utilizando como pretexto.

En Colombia nadie se cree que la guerrilla de las FARC renuncie al control del narcotráfico, cuando se ha convertido en el primer cártel de la droga del mundo, siendo impensable para la mayoría de los colombianos que de la noche a la mañana abandonen el control de un negocio tan suculento. ¿Qué garantías hay de que eso es cierto y no seguirán con el narcotráfico? ¿Qué compromiso hay de desmantelamiento y destrucción de las plantas y laboratorios clandestinos?

La pretensión de los terroristas es obtener una exención de penas para ellos, empezando para los propios negociadores, auténticos cabecillas de la organización, obteniendo incluso un salvoconducto para participar en política e instaurar desde las instituciones el castro chavismo en Colombia.

Nadie se cree que los negociadores de Santos que ni siquiera han conseguido una tregua con las Farc, les hagan firmar a los dirigentes de la guerrilla su sometimiento a la Ley Penal Colombiana y a la Justicia Internacional, que supondría probablemente aceptar su condena penal. Más bien se cree que buscarán dichos dirigentes terroristas su exculpación.

No sabemos cómo se va a hacer entrega del armamento y si va a haber desmovilización total o si pueden seguir grupos armados que no obedezcan a la dirección guerrillera. Qué garantías existe que la dirección que negocia tiene capacidad de obligar a todos los Frentes de las Farc a entregarse y desmovilizarse y no van a quedar facciones que van a seguir ejecutando acciones violentas.

Nada se sabe cómo van a articularse una posible Reparación Económica y Moral de las víctimas y sus familiares. Es inverosímil y poco creíble que haya indemnizaciones económicas y Petición de perdón a los damnificados por las propias Farc. Pues quien es responsable penal de un delito es responsable civilmente de los daños irrogados.

Santos, con tal de mantener el poder, está pactando y adquiriendo compromisos inconfesables con Unión Patriótica y Marcha Patriótica de Piedad Córdoba, quienes no aceptarían en el Proceso de Paz la aplicación de penas a los dirigentes de las Farc, pues dichas formaciones son partidarios de “tabula rasa” y de la Paz con impunidad.

Óscar Iván Zuluaga, respetuoso con la Paz y el Estado de Derecho pacta con el Partido Conservador y con su ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, formando una coalición seria y confiable.

Los dos dirigentes políticos, firman en el Acuerdo de Compromiso por Colombia, como apuesta por la Paz, para obligar a las FARC para llevar a efecto cualquier negociación a que cesen en el uso de la violencia contra las personas e infraestructuras.

España, 31 de Mayo de 2014

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