Lo que parece menos defendible es la medida transitoria de permitir la reelección de los actuales alcaldes y gobernadores.

Un proyecto reciente radicado por el Gobierno en la Cámara permitiría a “los alcaldes y gobernadores en ejercicio… ser reelegidos” por un “período de transición” de tres años, hasta diciembre del 2018. La transición aludida debe entenderse hacia la unificación de ciclos electorales propuesta por el Gobierno. Hay razones para pensar que no ha sido una propuesta bien concebida.

Es una medida doblemente incongruente: primero, con la medida central de la reforma constitucional de acabar con la reelección presidencial; y segundo, con el objetivo de “equilibrar los poderes”. La propuesta ha creado, además, confusiones sobre las mismas finalidades del Gobierno.

Quizás valga la pena comenzar por darle una mirada a la letra del proyecto de acto legislativo “por medio del cual se hacen congruentes los períodos de las autoridades de los distintos niveles de gobierno”. Es necesario, pues la información en la prensa sobre el tema ha sido por lo general incompleta y fragmentada.

La propuesta está contenida en dos artículos, uno sustantivo y otro meramente procedimental. En la parte sustantiva se expresa que las elecciones de Presidente y Vicepresidente, Congreso y autoridades departamentales y municipales se harían todas en distintas fechas, pero en el mismo año. Los períodos de alcaldes y gobernadores se iniciarían el 1.° de enero posterior al inicio del período presidencial.

Al artículo se añade un “parágrafo transitorio”, que propone dos cosas: acortar a tres años el próximo período de alcaldes y gobernadores, tras la elección de octubre del 2015, y permitir la posibilidad de la reelección, por una sola vez, de los actuales mandatarios en municipios y departamentos. Una vez cumplido este ciclo transitorio, tales funcionarios volverían a ser elegidos por cuatro años.

En la exposición de motivos, el Ministro del Interior aduce razones prácticas en favor del proyecto: las dificultades de coordinar los planes de desarrollo municipales y departamentales con el plan de desarrollo nacional, cuando los ciclos del Gobierno central no coinciden con los de las administraciones locales.

El Gobierno reconoce que existen principios en pugna, que a los razonamientos prácticos se contrapone la finalidad constitucional de promover las autonomías territoriales y el pluralismo político. Estos últimos podrían verse afectados por la unificación completa del calendario electoral.

De allí parte de la propuesta, que parecería un compromiso frente a sus planteamientos anteriores sobre la materia: las elecciones no se harían en una misma fecha, sino escalonadas en un mismo año para Congreso, Presidencia y autoridades locales, respectivamente. Hay que ponderar en forma más detenida las razones gubernamentales.

Lo que parece menos defendible es la medida transitoria de permitir la reelección de los actuales alcaldes y gobernadores. Así sea por una sola vez. Todos los argumentos en contra de la reelección consecutiva de los presidentes (y los hay de mucho peso) son aún más válidos en contra de la reelección de funcionarios locales.

Proponer esta medida cuando al tiempo se ha propuesto abolir la reelección presidencial es un contrasentido. Y antes de “equilibrar poderes”, la tal reelección solo podría servir para entronizar a quienes ya se encuentran en el poder.

La indefensibilidad de la propuesta queda evidente en la exposición de motivos del proyecto, donde escasamente se dedican dos frases al tema, una de ellas para advertir que lo que se propone es “solo por una vez y de carácter puramente excepcional”, porque el Gobierno y sus mayorías en el Congreso están en contra de las reelecciones consecutivas.