No conozco al magistrado Pretelt, ni lo considero cercano a mi partido. Mi único interés al estar en la comisión de instrucción del Senado de la República era conocer a fondo el asunto y que nuestro partido tomara una decisión para contribuir con la aplicación de la justicia. Eso hice.
Se trata de graves acusaciones contra un Magistrado de la Corte Constitucional, que para mí como ciudadana y abogada representa la cúspide de la justicia colombiana. Merece, por tanto, el asunto toda la seriedad y dedicación, y prudencia. Hay en Colombia una enorme apetencia de Justicia, pero aquello no puede desembocar en linchamientos, persecuciones ni procesos de pesadilla como los que describía Kafka. Tiene que ser Justicia: serena, clara, predecible. El afán de dar resultados no puede confundirse con la autorización para actuar arbitrariamente en contra de las garantías constitucionales.
Pretelt quedó mal acusado por la Comisión de Acusaciones. El escrito es no sólo mediocre en su forma y ortografía, sino en los asuntos de fondo. Está viciado de nulidad. Escogieron para juzgarlo una ley derogada. El antiguo código de procedimiento penal –Ley 600- fue derogado por el nuevo, Ley 906. Quiso el legislador, así quedo consagrado en las actas de las discusiones de Cámara, que el proceso para los juicios especiales en el Congreso se adelantaran bajo las normas de la ley orgánica Ley 5. La teoría de que como no hubo una derogatoria expresa, entonces las normas de la ley 600 perviven es equivocada y peligrosa, se podrían revivir leyes según la conveniencia. Existen las actas y la decisión precisa del Congreso que decidió eliminar 48 artículos que traía el proyecto de la ley 906 dedicados a estos juicios y la decisión expresa de que el asunto fuera regulado por la ley 5. Jamás estuvo en discusión la derogatoria de la ley 600.
La investigación se hizo para probar un cohecho -dar o recibir prebendas-, sin embargo no pudo probar que el Magistrado recibió el dinero. Por eso se cambió el tipo y terminó siendo acusado por concusión -donde la autoridad solicitó, constriñó o indujo a que le dieran dinero-. Este tipo penal convierte a Fidupetrol y a Pacheco en víctimas, y a Pretelt en quien inició el camino criminal. Aquello desconoce una conclusión del propio informe de la Comisión de Acusaciones donde sostiene que Fidupetrol tenía un plan criminal para permear la Corte Constitucional. Además del testimonio de oídas de Pacheco, en el expediente no hay pruebas conducentes. Lo debido era devolverlo a Cámara para que hubiera una acusación seria, que permitiera justicia.
Podría mostrarle al lector cómo los impedimentos y recusaciones fueron votadas de manera que favoreciera a quienes se presumen aliados del Gobierno en la intención de condenar a Pretelt. Contarles cómo presencié la manera en que se ignora el contenido de las normas, y se buscan interpretaciones arrevesadas para poder avanzar.
Yo quiero justicia para Colombia, que los corruptos y los sindicados sean investigados para que haya sanciones cuando correspondan. Lo que he podido ver de este proceso en el Congreso es lo contrario a la justicia; es solo el atropello y el afán no de llegar una verdad, sino de tener un triunfo político. Triunfo que todavía no entiendo. La condena de Pretelt -aunque así lo quieran pensar los adversarios políticos- no toca al uribismo; pero si rompe una vez más, el sueño de un país justo.
