Respetada señora Contralora: El del 2013, fue el presupuesto mas alto en toda la historia del Ministerio de Agricultura con una asignación de 2.6 billones de pesos.
Sin embargo, preocupa mucho que con semejante inyección de recursos, 12 millones de colombianos que viven en zonas rurales no hayan salido de la pobreza e indigencia.
Conforme a lo establecido en los Artículos 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia y con base a la nueva concepción del control ciudadano en la vigilancia de los recursos públicos y de la gestión estatal, voy a solicitarle formalmente investigue y constate en “campo” –no en las oficinas de Bogotá-, la ejecución y el impacto de dichos recursos. Para facilitarle el trabajo, sugiero revisar los siguientes programas:
En el programa de Incentivo a la Asistencia Técnica Directa Rural, según el presupuesto del 2013 del Ministerio de Agricultura, se invirtió 86.500 millones de pesos más una contrapartida de 21.625 millones de pesos que aportaron los municipios escogidos. Si el monto máximo por usuario es de $367.500, la Contraloría debe verificar que existen de carne y hueso 294.217 productores que recibieron por parte del consultor –escogido por el Incoder y contratado por Finagro- una asistencia técnica adecuada que les está permitiendo generar un ingreso superior a los $ 700.000 mensuales. De no ser así, aquí hubo un gran detrimento de los recursos públicos y se requiere urgente la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal.
Respecto a este tema, seria conveniente que Finagro explicara con qué criterios contrató una asistencia técnica en el 2011, con Fundepalma y Cordeagropaz por un costo por productor de $1.659.018 y $992.491 respectivamente, mientras el Ministerio de Agricultura con el Incoder lo hicieron en $320.000 por familia en licitación que abrieron en 2012.
En el 2013, también se invirtieron $ 9.286.250.000 en el programa de Servicio de Asistencia Técnica Especial para pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad localizados en las regiones del Catatumbo, Montes de María, Macarena, Tumaco, Nudo de Paramillo, entre otras, (donde las Farc pretenden montar con el Gobierno las Zonas de Reservas Campesinas). El objetivo de este contrato es bien extraño, dizque para brindar acompañamiento integral para mejorar el acceso a los instrumentos de política sectorial. Que descarados! Pues Contralora, con esos recursos debieron haberse beneficiado 25.268 productores (con nombre y apellido, vereda y finca) que deben estar desarrollando proyectos productivos que generan ingresos superiores a un salario mínimo mensual. Si no es así, esa plata se perdió.
Otro programa al cual es urgente meterle lupa en campo es el Incentivo para proyectos forestales comerciales, mas conocido como el CIF. El presupuesto asignado en el 2013, fue de 61.152 millones de pesos. Si el Ministerio de Agricultura reconoce el 50% de los costos de establecimiento y mantenimiento de los primeros cuatro años, que son aproximadamente $4.200.000 por hectárea (especies como acacia, teca, melina y eucalipto), quiere decir, que en el 2013 debieron reforestarse 14.560 hectáreas. Pago por verlas! Lo incoherente de este programa, es que en el Plan Nacional de Desarrollo establecieron como meta llegar al 2014, con 600 mil hectáreas reforestadas.
Claramente, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le ha faltado planeación estratégica. La falta de claridad y precisión en la definición de las metas, cronogramas e indicadores de gestión, así lo demuestran.
Continuará…
