Jueves 23 de Noviembre del 2017

Petro, el inimputable

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, apoyó a Alejandro Ordoñez en su primera aspiración para Procurador General de la nación.

Sus congresistas le dieron su voto en la reelección. Era conocedor de la trayectoria del Procurador Ordoñez como también de que no ha mostrado bruscos cambios en su forma de pensar.

Quienes conocen la trayectoria de Petro saben que él no fue víctima de una celada. Es más, la mayoría de sus seguidores, los progresistas y la militancia de izquierda no se explicaban, en su momento, las razones por las cuales había tomado tan rara determinación.

De manera, pues, que a estas alturas y colocado de bruces en los tablados del Código disciplinario, carece de presentación realizar actos de rebeldía, desconocimiento de legitimidad y dilación ante el funcionario que ayudó a elegir.

A un grupo de intelectuales y artistas, en el colmo del despropósito, se le ocurre plantear un argumento que huele a chantaje: “la destitución de Petro implicaría el fracaso de las negociaciones de paz”. La sensatez y la paciencia de los colombianos con las infructuosas conversaciones de La Habana, darían para esperar pronunciamientos de estos sectores en los que se señale que el mayor peligro de ruptura de los diálogos de paz vienen de las acciones terroristas de las Farc y de su desborde propositivo. El argumento es tan pobre y efectista que queda como una burda maroma para arropar al alcalde de sus preferencias.

Petro ha sido y es un mimado de los procesos de paz. Indultado en su momento, ha sabido aprovechar las ventajas de la democracia y la paz, tiene seguridad y moja prensa, y eso está muy bien. Pero, resulta que cuando alguien que estaba por fuera de las reglas del juego retorna a ellas, no lo puede hacer de manera fragmentada, a pedazos o en unos casos sí y en otros no. Eso no es tolerable porque viola la igualdad con sus semejantes.

El hecho es que al convertirse en funcionario público está en la obligación de acatar y acogerse a las investigaciones que se susciten como producto de sus actos oficiales cuando estos despierten la inquietud de las autoridades respectivas. Son más los exguerrilleros que no han convertido en escudo protector o en tabla de inmunidad su añeja militancia armada para decir que son perseguidos por su pasado. Antonio Navarro y muchos otros son buen ejemplo de respeto de los deberes de sus cargos y de atenerse a las investigaciones que realizan los organismos de control. El pasado no debe contar ni para bien ni para mal.

Petro, poseedor de un ego elefantiásico, amante de los titulares, no se ha caracterizado por ser un buen administrador de la cosa pública. Prisionero de veleidades autoritarias que le impiden ver los límites, se ha dedicado a actuar por fuera de las normas. Habla más de la cuenta y yerra a mañana y tarde. Sus desatinos escandalizan hasta a sus propios subalternos. Por algo renunciaron Daniel García Peña y Antonio Navarro, y el primero no de cualquier forma sino tildándolo de autoritario. En ese andar, Petro, que en muchas cosas se parece a su ídolo Chávez, quiso privatizar de la noche a la mañana, a escobazos y volquetas, la recolección de basuras de una ciudad de 8 millones de habitantes. Al hacerlo, presumiblemente, como dicen en los estrados, violó contratos de terceros, firmó contratos sin el lleno de requisitos, puso en peligro las finanzas de la capital y sobre todo la salud y la vida de esos millones provocando un estado de caos y anarquía que derivó en angustia colectiva.

Eso fue lo que motivó la intervención del Procurador y dio pie a la recolección de firmas para revocarle su mandato en un referendo. En el inmediato pasado, Petro en calidad de congresista impulsó mecanismos de participación ciudadana. Había que poner freno a los desbordes, a mediocridades e indelicadeces de funcionarios y gobernantes electos. Lo ideal era establecer la figura de la revocatoria vía referendo, sostenía entonces.

Y ahora que se le pretende aplicar su propia medicina, Petro, que en esencia se considera a sí mismo destinado para misiones superiores y por encima del bien y del mal, se ha dedicado a ganar tiempo con marrullas y esguinces para deslegitimar el mecanismo democrático de control.

En suma, su comportamiento es el de un reyecito medieval que deslegitima la investigación y obstruye la rendición de cuentas ante el electorado para que lo revoque o ratifique. Una lástima que esto provenga de quien ha posado de respetuoso de la Constitución, peor aún, que sus amigos lo defiendan como un perseguido.

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