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Lunes 17 de Diciembre del 2018

PNUD avala engaño sobre “violencia antisindical” en Colombia

La “violencia antisindical” salta periódicamente al primer plano de atención nacional. Ha revivido con la publicación y presentación en público, el pasado 14 de marzo, de unos estudios auspiciados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que repiten las tesis falaces que por años vienen sosteniendo ciertas ONG, de sesgado perfil ideológico y político. Grave, muy grave que estos sectores hayan logrado que semejantes deformaciones,  tan dañinas para el país, aparezcan ahora con el aval de una dependencia de las Naciones Unidas.

 

Una de las razones del alboroto de la supuesta “violencia antisindical” en los últimos años ha sido el interés de oponerse a los TLC por ciertas organizaciones políticas y sociales, más que nada el firmado con Estados Unidos. Aunque colocaron palos en la rueda de su aprobación, finalmente fracasaron. Pero ahora que entramos en la etapa final de trámite del acuerdo comercial suscrito con la Unión Europea, es un momento propicio para que la polvareda se agite de nuevo. No es casual que el estudio apadrinado por el PNUD, planeado para ser publicado en 2010, pese a los contratiempos que pudo haber sufrido, venga a publicarse solo ahora.

 

Pero no es solo el interés político de bloquear unos tratados comerciales. Hoy día se agrega un factor preponderante: el de las víctimas del conflicto armado y su reparación. De qué manera, habremos de repasarlo más adelante. Digamos ahora que en los trabajos del PNUD –de los que se esperaría un resultado más atinado- se continúa sin pausa la tarea de torcerle el cuello a la verdad sobre la “violencia antisindical”. Por tal motivo he decidido escribir unas líneas para comentar con cierto detenimiento sus planteamientos gruesos y desnudar otra vez el escamoteo.

 

En agosto del año pasado publiqué El gran fraude, libro que condensa una investigación rigurosa sobre el homicidio de sindicalistas en Colombia en los últimos 20 años. Desnudé allí el fraude estadístico monumental de entidades como la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que han inflado en varios centenares la cifra de sindicalistas asesinados, probablemente una tercera parte del grueso de unos 2.800 que se publican y que el PNUD acaba de refrendar. Refuté con apoyo en estudios académicos muy serios y mis propios hallazgos la tesis del carácter “antisindical” de dicha violencia, lo mismo que revalué los cartabones manidos sobre los autores y móviles. Los trabajos auspiciados por el PNUD y su informe final reviven esas entelequias mandadas a recoger.

 

Voy a comentar los trabajos y conclusiones del PNUD en cuatro aspectos primordiales: el proyecto del PNUD; las cifras de homicidios y su interpretación; los móviles y autores de los crímenes; la verdad, justicia y reparación a las víctimas.

 

1. El proyecto del PNUD

 

“Reconocer el pasado, construir el futuro”, es el título del informe final sobre la violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia entre 1984–2011, realizado bajo la batuta del PNUD, fechado en diciembre del año pasado, y presentado en público en Bogotá este mes. La idea surgió hace alrededor de tres años en algún evento, recibiendo el respaldo de seis embajadas presentes en Colombia que se comprometieron a financiarlo: Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. El PNUD hizo las veces de coordinador del proyecto.

 

El primer punto cojo fue la escogencia de las entidades encargadas de los estudios, la mayoría con inclinaciones de izquierda. Las seis son: el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC); el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI); la Fundación Ideas para la Paz (FIP); el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA) y la Universidad Externado de Colombia. A las más radicales se les adjudicaron los trabajos de investigación principales y a las otras los menos significativos.

 

Además se le otorgó a la ENS y la llamada Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) el rango de “interlocutoras” o asesoras de las demás. La Universidad Nacional de Colombia se encargó de una especie de interventoría a través de un equipo de profesores. Y un docente de ese claustro, Carlos Miguel Ortiz, coordinó el proyecto y la redacción del informe final. Dos centrales sindicales, la CGT y la CTC, respaldaron el trabajo, pero la CUT se marginó.

 

No hay duda de que el proyecto fue concebido y manipulado para reproducir las letanías que por décadas se han entonado en nuestro medio sobre el particular. No se encuentra en los estudios ningún intento serio de indagar por nuevas vías, ni explorar en fuentes alternativas ni respuestas menos fantasiosas a los problemas. Se solazan y desgastan en comentarios anodinos sobre las mismas informaciones, tesis y cifras, producidas por las mismas entidades, en un circuito machacón y tedioso. Lástima que se derrochen sumas cuantiosas de dinero en esfuerzos tan estériles en materia propiamente investigativa.

 

Ya desde el principio se evidenció para dónde iba todo ese simulacro. Entre los profesores escogidos inicialmente por la Universidad Nacional para hacer seguimiento a los estudios fue escogido Darío Acevedo Carmona, Doctor en Historia y conocedor del mundo del sindicalismo, en el cual militó por años. Su pecado: no ser de izquierda, no compartir sus delirios y alucinaciones, y sobre todo, ser amigo del gobierno de Álvaro Uribe. Total: se urdió una trama tortuosa para excluirlo y evitar incomodidades en el trayecto. Así se hizo. En mi libro narré este episodio bochornoso al comentar la intolerancia de estos grupos radicales, que no admiten discrepancias, y cómo entidades del estilo del PNUD les hacen el juego. 

 

Según se ha sabido, en la marcha afloraron contradicciones entre varias de las ONG participantes y el enfoque de sus estudios, lo que explica en buena medida la demora exagerada en darlos a luz. Podría pensarse que ello es natural considerando el número alto de entidades y personas involucradas; pero al parecer se trató más de celos y regateos por los intereses en pugna. Sin embargo, pese a que se observan en los trabajos discrepancias –así sean secundarias- todo terminó saldándose en el informe final de un modo salomónico: lo que no encajaba en los parámetros tradicionales fue cercenado sin misericordia.

 

2. Las cifras de homicidios y su interpretación

 

No solo el indicador principal de la “violencia antisindical” son los homicidios, sino que sobre ellos existe una información más amplia en el último cuarto de siglo en el país que de otras variables como secuestros, amenazas, torturas, etc. Las cifras publicadas por la ENS y la CUT sobre todo han servido por años de soporte a la cantaleta de que somos el país de más asesinato de sindicalistas en el mundo, el más peligroso para el ejercicio de esta actividad. Los estudios contratados por el PNUD repiten sin sentido crítico las trilladas cifras, agregando las del CINEP, similares a las anteriores aunque más infladas.

 

¡Qué lamentable despilfarrar tantos recursos y esfuerzos para ratificar lo mismo, sin explorar ninguna fuente distinta! En mi libro El gran fraude describo la búsqueda que realicé en fuentes alternativas, fiables, como las actas del Comité de Libertad Sindical de la OIT de 20 años, y lo que descubrí, que desmonta la perorata que ahora reitera el PNUD. Un resumen sencillo lo atestigua.

 

La ENS, por ejemplo, registra para el decenio 1991-2000 un total de 1.428 homicidios de sindicalistas. El gobierno señalaba entonces que la cifra era inferior, apenas 748. En la OIT se pidió a Colombia que aclarara discrepancia tan ostensible. Pues bien, en el año 2000 el Ministro del Trabajo de entonces y hoy Vicepresidente, Angelino Garzón, creó una comisión para el efecto, en la que participaron varios organismos del Estado, la CUT, la Iglesia y otras entidades. El resultado del examen de esa comisión, anunciado a la OIT en cartas del gobierno a fines de 2000 y principios de 2001 es contundente: eran solo 842 casos para el período señalado. Aunque los datos del gobierno subvaloraban la cuantía en un 11%, la ENS la sobrepasaba en 586, alrededor de un 70%, y nunca ha revisado el listado de aquel decenio. Por otra parte el estudio de la comisión aludida se ha extraviado extrañamente. Ahora el Vicepresidente Garzón, en el acto de lanzamiento del trabajo del PNUD, convalidó con su presencia y palabras las cifras amañadas. Qué bueno que se hubiera acordado de ese informe de hace once años, promovido por él mismo, que lo hubiera rescatado y lo hubiera ofrecido a los artificiosos “investigadores” que tenía al frente aplaudiéndolo. En mi libro exploré con cuidado el decenio de 2001 a 2010 y encontré deformaciones similares a las de 1991 a 2000.

 

Los listados de la ENS (al igual que los de la CUT) tienen fallas protuberantes. En la base de datos de la ENS hallé 22 repeticiones de homicidios, 138 sin municipio de ocurrencia, 15 sin sindicato, casos sin lugar ni fecha precisa ni sindicato. El listado de la CUT es peor: 72 víctimas aparecen sin nombre; 228 sin municipio de homicidio; 37 sin sindicato; 50 sin nombre ni municipio de homicidio; 2 sin nombre, ni municipio ni sindicato; 22 repetidas. Era tal el tamaño de la impostura que la CUT, en acto silencioso de reconocimiento de la culpa, descolgó el listado de su página Web luego de que salió publicado mi libro.

 

La práctica de incluir como sindicalistas a personas que no lo son, por ejemplo, es una aberración que deforma las cifras y sigue utilizándose sin reato. Sin contar con otras tretas -burdas unas, sutiles otras- que oscurecen la información, como reportar homicidios inexistentes. En 843 datos que documenté, tomados de la OIT, encontré que 107 no eran afiliados a sindicatos y sobre 88 había duda de que lo fueran, 29 no eran homicidios (estaban vivos, o eran suicidios o muertes naturales) y de 20 había duda que lo fueran. Nada de eso se otea ni por equivocación en los “estudios” aupados por el PNUD.

 

En síntesis: mi deducción es que alrededor de una tercera parte del total de sindicalistas reportados como asesinados por la ENS (y también por la CUT) es fraudulenta. En mi libro aporto listados detallados, con nombres y otros datos, y con las fuentes precisas (por ejemplo, de la OIT) que prueban contundentemente lo dicho. El PNUD convalida sin discusión la cifra total, que los contratistas –con leves diferencias- estimaron en casi 2.900 para el período que va de 1984 a 2011. ¡Vaya desatino!

 

Otra omisión grave del informe es evadir el análisis de las tasas de homicidio por cien mil habitantes, la categoría de análisis utilizada universalmente para establecer niveles y  puntos de comparación. Solo de manera marginal el CERAC las menciona, para efectuar una disquisición insulsa sobre diferencias regionales. Obnubilados por la necesidad de demostrar la alta victimización de los sindicalistas, evaden mirar seriamente las tasas, que conduciría a apreciaciones contrarias. Un riguroso estudio de dos profesores de la U. de los Andes, Daniel Mejía y Maria Teresa Uribe, publicado en 2009, probó que la tasa de homicidio de sindicalistas es 6 veces menor que la promedio del país. ¡Y partiendo de los listados de la ENS que están inflados como vimos! Yo abundo en datos y razones en mi libro para probar esta tesis, que es apabullante. Al contrario de lo que pregonan tantas ONG de pacotilla ser sindicalista no es el oficio más peligroso en Colombia: la probabilidad de ser asesinado, si se es sindicalista, es seis u ocho veces menor que un colombiano del común.

 

En cuanto a la dinámica de la violencia antisindical, el informe del PNUD ofrece un sesgo detestable. Después de crecer los homicidios de sindicalistas durante los años noventas del siglo pasado hasta comienzos de éste, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe se presentó su caída vertical e incesante, que aún prosigue. En lugar de reconocerlo, el PNUD recoge las “teorías” falaces de varias de las entidades contratistas, para negarlo: “En efecto, no basta el descenso del número de homicidios para considerar que se esté superando la situación de violencia contra los sindicalistas y sindicalizados si persisten otras modalidades tan graves de violaciones y cuando la amenaza continúa generando el miedo entre ellos, los coarta y los inhibe en el ejercicio de la actividad sindical. (…) Habría que pensar entonces en que la violencia, más que marchar hacia su fin como es el deseo general, ha experimentado transformaciones en los últimos años, cuyo significado y alcances se tratará de entender en posteriores capítulos.” (p. 60)

 

Con la política de Seguridad Democrática no solo descendieron los asesinatos de sindicalistas sino que, como lo han reconocido a regañadientes esas mismas ONG, creció la denuncia de otras violaciones a los derechos de los trabajadores porque se redujo el temor a hacerlo. Validas de ese fenómeno, así como de considerar cualquier detención de sindicalistas por las autoridades como “arbitraria”, entidades como el CINEP y la ENS han querido trastrocar la verdad, sumando todas esas cifras y comparándola con el descenso de los homicidios, para concluir sin rubor que la violencia contra los sindicalistas no ha descendido, simplemente ha “mutado”, ha cambiado de forma. A esa alteración histórica se presta sin pestañear el PNUD.

 

Para terminar este punto quiero indicar que no somos, por supuesto, el país con más asesinato de sindicalistas en el mundo. Lo probé en mi libro con creces y señalé las inconsecuencias y trapacerías de no pocas ONG, y de la misma Confederación Sindical Internacional (CSI), entidades que la CERAC (en su estudio para el PNUD) convalida sin ningún rigor académico. El caso de Venezuela, donde se asesinan más sindicalistas que en Colombia, hecho que ocultan sin vergüenza, es prueba fechaciente de la doble moral que impera en el manejo de cifras tan sensibles y delicadas.

 

3. Móviles y autores de la violencia contra sindicalistas

 

La mayoría de los trabajos contratados por en PNUD resaltan dos supuestas características del fenómeno analizado: su carácter sistemático y su connotación abiertamente antisindical. El informe final del PNUD es tajante: “De la precaria información disponible en las fuentes y en las pocas sentencias judiciales existentes, se desprende que el móvil más frecuente de los homicidios y demás violaciones de derechos humanos contra los sindicalistas y trabajadores sindicalizados es el antisindical…” (p. 147) “Esta determinación genérica del móvil como antisindical avanza un paso más respecto a la caracterización de estas violaciones como sistemáticas…” (p. 148)

 

Aunque pareciera lógico a cualquier parroquiano, semejante corolario es falso. Por el contrario, la mayor parte de la violencia –sobre todo a nivel de homicidios- contra los sindicalistas no es “antisindical”. Desconocen olímpicamente el PNUD y las ONG contratadas el más serio y relevante estudio sobre el particular, el de los citados profesores Mejía y Uribe, titulado precisamente “¿Es la violencia contra los sindicalistas en Colombia sistemática y dirigida?” (Is the violence against the union members in Colombia systematic and targeted?, su título original en inglés). Construyeron ambos académicos un modelo econométrico que compara la violencia (expresada en variables como homicidios y amenazas) con las luchas sindicales (paros, pliegos de peticiones, mítines) por 20 años, y no encontraron evidencia de relación significativa entre ambas. Su conclusión: es falsa la tesis que atribuye la violencia contra los sindicalistas a las actividades sindicales de las víctimas.

 

Repetimos: ese estudio se basa en las estadísticas de la ENS, de suyo deformadas. Si se depuraran apelando a las fuentes e informaciones que aporté en mi libro, seguramente la conclusión será más contundente. Eso no implica que no hayan ocurrido algunos homicidios con motivación antisindical. Pero son una minoría. La inmensa mayoría se explica por otras razones, básicamente por las mismas que provocan la violencia en Colombia y que golpea a todos los sectores sin excepción (incluso a casi todos con mayor intensidad que al sindicalismo): la pavorosa actividad guerrillera y paramilitar, nutrida por el narcotráfico, lo mismo que las tropelías de narcotraficantes y delincuentes comunes, causantes primordiales de la enorme mortandad de las últimas décadas, como veremos adelante.

 

La ceguera ideológica es peor que la física; los hechos están ahí, ante las mismas narices como se dice, pero la persona cree ver otras cosas. Delirante como don Quijote percibe transformados en gigantes a unos simples molinos de viento; y como el desquiciado manchego, tarde que temprano termina con su humanidad en tierra, maltrecho por las aspas de la realidad. El estudio del CINEP (“Incidencia de la violencia contra los trabajadores sindicalizados y evolución de su protesta”) brinda una prueba notoria del espejismo. En la página 53 incluye la Gráfica 5 con el título de “Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra sindicalistas, 1984-2009”. Ocurre que ambas variables –luchas sindicales y violencia contra sindicalistas- discurren de manera independiente en el gráfico, discrepante incluso en la mayor parte del tiempo, sin que se observe la más mínima correspondencia entre ellas. Para los años noventa del siglo XX, los de mayores niveles de homicidios, el CINEP, en un instante de lucidez advierte que “no aparece una clara relación entre las dos series, pues hay años en los que una curva supera ampliamente a la otra, y otros en que ocurre lo contrario, sin que tampoco se pueda establecer, al menos visualmente, una correspondencia”.

 

Pero en conjunto, haciendo despliegue de una argumentación embrollada, interpreta la realidad al revés, para tratar de acomodarla a los cánones de la ortodoxia. Contra sus mismas evidencias siguen sosteniendo al final, como lo presupone desde el principio, que la violencia contra los sindicalistas se explica por su actividad sindical. En el remate del trabajo, contradiciendo la interpretación que citamos arriba de la gráfica, asevera el CINEP: “No  por azar  la violencia contra el sindicalismo coincidió con  los auges de las luchas sindicales y populares de los años 80 y parte de los 90. Si hoy disminuye o,  mejor, se transforma, es porque los asesinatos segaron preciosas vidas de dirigentes y activistas sindicales. Es claro que el resultado  de tal violencia es funcional al objetivo de restarle fuerza al sindicalismo que causa estorbo a la apertura económica  de corte neoliberal.” (p. 313) Recetas y cartabones doctrinarios de pacotilla en lugar de sana interpretación científica.

 

Solo una ONG, la CNAI, tuvo el valor de disentir en este terreno así lo hiciera dentro de sus conocidas ambigüedades y tergiversaciones. Para la CNAI, la interferencia de la guerrilla sobre todo -pero de paramilitares también- en no pocas organizaciones sindicales ha sido la causa eficiente de buena parte de esa violencia. “La cooperación de una parte importante de dirigentes sindicales con fuerzas políticas vinculadas a las guerrillas no era inocente”, afirma, pues sabían de los secuestros, extorsiones y crímenes de éstas. Y agrega: “La actual dirigencia sindical comete un grave error al tratar de explicar la tragedia de los últimos 25 años por la controversia laboral. Es una aceptación tácita de que los asesinos podrían tener razón en su barbarie si se demuestra el protagonismo político y la contribución que conciente o inconscientemente hizo una parte del sindicalismo a la 'combinación de todas las formas de lucha'.” (CNAI, La relación entre el conflicto armado y la victimización de los trabajadores sindicalizados 1984 y 2009. p. 10)

 

Sin embargo el informe final del PNUD esconde esta formulación y propone una conclusión exactamente en contravía de los hechos: la violencia que ha afectado a los sindicalistas se explica esencialmente por el carácter de tales y su actividad; dizque no es cierto eso de la “contribución que conciente o inconscientemente hizo una parte del sindicalismo a la 'combinación de todas las formas de lucha'”; en consecuencia, debe ser supuestamente una tarea central del Estado, los empresarios, los medios de comunicación y las organizaciones obreras desterrar de la memoria histórica de Colombia las consabidas relaciones entre ciertos sectores sindicales y guerrillas, para sepultar en el olvido a como dé lugar lo que califican como el “prejuicio insurgente”.

 

Sobre los autores de la violencia contra los sindicalistas es conocida la tradicional interpretación que entidades e intelectuales de izquierda han efectuado: principalmente han sido paramilitares, en contubernio con el Estado, para favorecer intereses de los capitalistas, de los empresarios; la responsabilidad de la guerrilla es mínima, casi despreciable; y la de otros actores, como delincuencia común, un simple distractor utilizado para desviar la atención de los principales causantes. Palabras más, palabras menos, es lo que el informe del PNUD quiere vender. Claro que hay matices entre los diferentes trabajos de las ONG contratadas. Pero la impresión que deja el conjunto del informe definitivo es básicamente el que acabo de resumir.

 

Casi todos los estudios parten del hecho conocido de que en la mayoría de los hechos criminales contra sindicalistas –como contra los colombianos en general- no existe identificación precisa de los autores; utilizan distintos porcentajes, pero coinciden en esa apreciación. Se ocupan entonces de establecer la magnitud de la responsabilidad en los casos en que hay información. Y allí es donde la conclusión es la señalada. Aunque algunos, como la CNAI, reconocen esporádicamente la notable responsabilidad de las guerrillas en la autoría de los homicidios, otros se dedican a difuminarla. El CINEP es el ejemplo típico. Ya explique atrás la estratagema: mezclar los homicidios con todo tipo de violaciones a los derechos humanos, como amenazas o detenciones (que para ellos son todas “arbitrarias” así provengan de autoridad legítima). De allí su conclusión sobre los autores de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas: “Al interrogante sobre los móviles y los responsables de la violencia descrita no pudimos responder  contundentemente, entre otras cosas porque en los actos violentos es lo más difícil de determinar. Sin embargo, en cuanto a los victimarios, logramos mostrar que, dejando de lado los abundantes casos sin información, los paramilitares fueron los mayores responsables, seguidos de lejos por las Fuerzas Armadas y otros agentes estatales, los sicarios de la delincuencia común  y finalmente las guerrillas.” (CINEP, Op. cit. p. 306)

 

En el libro El gran fraude me dediqué con esmero a auscultar los responsables de la violencia letal contra sindicalistas en el Capítulo II de la Segunda Parte (pp. 289-403) y arribo a resultados diametralmente opuestos, que no puedo repetir acá con detalle por razones de espacio. Históricamente la existencia de la guerrilla y su penetración en sectores sindicales –bajo la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha”- es anterior al paramilitarismo; el surgimiento de este último  y su respuesta brutal es consecuencia de lo primero. Por tanto la responsabilidad histórica de dicha ordalía corresponde fundamentalmente a la guerrilla –que sigue su accionar, aún después de la desmovilización paramilitar-. Si bien es probable que el mayor número de homicidios corresponda a los paramilitares, la cifra de asesinatos cometidos por la guerrilla es casi equiparable. A delincuencia común y otros autores (familiares, amigos, colegas, etc.) corresponde el tercer lugar. En cambio la de agentes del Estado es más reducida de lo que se ha especulado y se ubica en cuarto lugar. Finalmente, los homicidios por agentes empresariales son casi inexistentes.

 

4. Verdad, justicia y reparación

 

Son los retos modernos de la justicia. En ellos recaba el informe del PNUD.

 

En cuanto a la verdad y a la justicia su énfasis se coloca en la necesidad de reducir drásticamente los índices de impunidad, altos en general en el país, pero también en los homicidios de sindicalistas. Aquí se ha hecho gran esfuerzo desde el pasado gobierno y se debe continuar. Pero el otro reto que no contempla el informe, en cuanto a la verdad, es depurar la información prevaleciente, antes que nada sobre el número de sindicalistas asesinados. Ya cité la información básica de mi investigación, que pone en duda los listados que se conocen de la ENS (similar a la del CINEP). Si esa información no se aclara, ¿cuáles son efectivamente las víctimas a reparar? ¿O se declarará artículo de fe lo estampado en semejantes bases de datos?

 

Es deseable y encomiable que se quiera reparar –en la medida en que sea posible- a las víctimas de la violencia de los últimos años. Distintas medidas y disposiciones del gobierno anterior se dirigieron a ese propósito, como algunas contenidas en la Ley de Justicia y Paz, las atinentes a la reparación administrativa y otras concernientes a la extinción de dominio. El gobierno actual logró la aprobación en el Congreso de una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que acaba de entrar en vigencia. Luego el marco normativo e institucional es amplio para ese cometido. Aunque hay aspectos discutibles en ese proceso, no me ocuparé aquí de ellos. Me concentraré en ciertos tópicos tratados en los estudios e informe final contratados por el PNUD para el caso de los sindicalistas.

 

Un primer interrogante tiene que ver con la identificación de las víctimas objeto de reparación (bien administrativa, bien judicial). Es imprescindible primero su registro en un sistema creado por el gobierno para el efecto. ¿Cómo se procederá, por ejemplo, en el caso de sindicalistas asesinados? ¿Cuáles serán las pruebas que los familiares de las víctimas utilizarán para demostrar su calidad de reclamantes válidos, a sabiendas de que en la mayoría no existe identificación de móviles ni autores? ¿Será suficiente que se alegue la calidad de sindicalista .como parece insinuarlo el informe del PNUD-, así la muerte no se haya originado en el llamado “conflicto armado interno”? ¿Da igual si ha sido víctima de delincuentes comunes que de paramilitares o de guerrilleros? ¿Son los espurios listados de la ENS –por ejemplo- pruebas suficientes para demostrar la calidad de víctimas?

 

En el conocido caso de la masacre de Mapiripán, ejecutada por paramilitares, se descubrieron una o dos decenas de víctimas falsas, por las cuales se cobró abultada indemnización en dólares, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue beneficiario destacado el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). Es un grave escándalo en investigación. Aunque aún no hay fallo judicial en la mayoría de los casos de sindicalistas, sí está demostrado que en los listados que publican la ENS, la CUT y el CINEP hay un enorme fraude, no de unas pocas víctimas sino de varios centenares. Lo probé en mi investigación, pormenorizadamente. Si bien es justo que se repare aquellas víctimas en que se pruebe que se reúnen las condiciones previstas por la ley, en el caso de los sindicalistas, ¿qué mecanismo se establecerá para evitar que centenares de posibles “falsos positivos” se cuelen en busca de rentables indemnizaciones y con base en informaciones amañadas?

 

Y una segunda inquietud gruesa es la siguiente. El informe del PNUD, replicando lo que proponen algunas de las ONG que lo sustentaron, enfatiza en un tópico inquietante: la “reparación colectiva”. Teníamos entendido que a ella aludían las normas legales para resolver procesos en que un victimario era acusado de afectar a varias personas (por ejemplo en una masacre), lo que hacía pertinente agrupar los procesos en uno solo para hacerlos más rápidos y eficaces. Pero son reparaciones individuales agrupadas en un proceso colectivo por tratarse del mismo victimario. El PNUD avala ahora una interpretación singular, diferente y plena de riesgos. En plata blanca: “reparación colectiva” ahora es que los sindicatos sean objeto de reparación (moral, se sugiere, pero también económica). En su apoyo citan un caso, en la Universidad de Córdoba, donde un juez ordenó reparación para el sindicato.

 

El boquete que se abriría de ser aceptada esta interpretación, es de dimensiones incalculables. Empezando porque no hay un solo victimario en cada sindicato, las víctimas están dispersas en un lapso de tiempo bastante largo y en buena parte sus casos no tienen relación entre sí, ni se conocen autores ni móviles en la mayoría. Y, como está probado por estudios muy serios, no existe relación de causa entre la pertenencia a los sindicatos y la inmensa mayoría de los homicidios. Pese a que el CINEP y otras ONG suponen que los homicidios como forma principal de violencia (sumada a otras) se proponía debilitar o eliminar los sindicatos, sus mismas cifras prueban que los más aporreados por la violencia (v. gr. Sintrainagro y Fecode, que juntos suman dos tercios de los homicidios totales) no han sido afectados en lo más mínimo por esos factores, sino que por el contrario ostentan la mayor solidez y más elevada tasa de sindicalización en el país.

 

Y nos asaltan más interrogantes al respecto. Como existe una estructura piramidal en el sindicalismo (sindicato de base, federación, confederación), ¿sólo se pedirá reparar al de base, o también a todos los demás de la cadena? ¿Y no se puede asimilar esa forzada figura a otras organizaciones sociales como acciones comunales, cooperativas, asociaciones campesinas, colectivos de abogados, ONG de derechos humanos, partidos políticos inclusive? ¿Y semejante interpretación tendenciosa de la “reparación colectiva” no podría aplicarse también a otros gremios, tan afectados o más que los sindicales por la violencia –asesinatos, secuestros, extorsión, etc.- como los de comerciantes, ganaderos, transportadores o industriales? Un panorama bastante sombrío. “¡Oh confusión! ¡Oh caos!”, como dijera el poeta.

 

Una última nota. En mi libro, tantas veces citado, examiné con cuidado una de las más jugosas empresas que se ha ensayado –fallida hasta el momento en sus pretensiones- alrededor de las víctimas de homicidios en el sindicalismo: las demandas buscando indemnizaciones ante tribunales extranjeros (aunque con fines políticos también, como enfrentar los TLC). Hasta ahora el epicentro del ataque han sido multinacionales norteamericanas, acusadas dizque de ordenar o patrocinar cierto número de esos asesinatos, a través de paramilitares sobre todo, entre las cuales cabe mencionar Coca-cola, Drummond, Chiquita Brands. Los propulsores de los litigios son la CUT y algunos de sus sindicatos, con apoyo jurídico del CAJAR, con el respaldo de poderosos sindicatos norteamericanos y a través de reputados bufetes de abogados de allá. Hasta ahora todos los fallos en Estados Unidos han exonerado a las empresas. La cifra de las indemnizaciones solicitadas en las demandas a las bananeras, por ejemplo, suma más de once mil millones de dólares. Tales cuantías estrambóticas impiden que los demandantes cejen en sus propósitos, pese a los reiterados fracasos.

 

Pero en mi libro, basado en un análisis de múltiples informaciones, vaticinaba que se buscaban nuevas multinacionales para atacar, las europeas, y entre ellas mencionaba a la suiza Nestlé como la más probable. Dicho y hecho. Solo una semana antes de la presentación en sociedad del informe del PNUD se presentó una demanda en Suiza, siguiendo el mismo libreto de otras como la de Coca-cola, aupada por Sintrainal, sindicato de la CUT. Se acusa a Nestlé de “omisión imprudente de medidas de seguridad” en relación con el asesinato de un ex dirigente sindical (pues al momento de perder la vida ya no laboraba en la empresa). Lo sorprendente es que el informe del PNUD, pagado por los gobiernos de los países sede de la mayoría de las multinacionales que operan en Colombia, se preste a repetir las insinuaciones contra las multinacionales mencionadas y otras tantas, otorgándole el sello de un organismo internacional respetable a lo que hasta ahora son infundios o ligerezas, cuando no calumnias, desmentidas por los tribunales. Refiriéndome a la ayuda que la Unión Europea y otros países y organismos extranjeros prestan a ciertas ONG, las mismas que terminan promoviendo tamaños pleitos contra sus propias empresas, dije en mi libro que se les podía aplicar aquel aforismo: “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Pero no aprenden. Queriendo posar de progresistas y aparecer como “políticamente correctos” los siguen criando, como lo atestiguan los farragosos y costosos “estudios” auspiciados por el PNUD. Y les seguirán sacando los ojos.

 

* Director Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

 

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