Está cogiendo la costumbre el presidente Santos de soltar bombas de profundidad en entrevistas insustanciales. La última de sus salidas fue sugerir la posibilidad de que los desmovilizados de las Farc pudieran engrosar la Policía Nacional o una eventual policía rural. Cabe suponer, dada la continuidad entre el comentario y la reunión con los asesores internacionales en Cartagena, que la sugerencia pudo haber salido de allí.
Se olvida que esa experiencia ya se ensayó en Colombia con resultados muy malos. Algunos reinsertados del Ejército Popular de Liberación entraron al DAS Rural en 1992, y a los miembros de las Milicias Populares de Medellín se les dieron armas y uniformes en 1994 para conformar un cuerpo de seguridad en la zona nororiental de la ciudad, llamado Coosercom. El experimento fue un fracaso que llevó a la muerte a centenares de personas, entre civiles e integrantes de esos grupos.
La historia a veces puede eludirse asumiendo que se van a enmendar los errores cometidos. Lo que no es tan fácil de resolver es la incompatibilidad conceptual y práctica entre un soldado y un policía. Esta es una diferencia universal y clara para el sentido común. Lo que se escapa ahora tal vez es la idea de que los guerrilleros y, especialmente, los de las Farc han sido militares tanto en su manera de operar como en su mentalidad. Uno no puede querer, al mismo tiempo, poner al ejército en las fronteras y a los farianos de policía rural.
Luego, en el mismo terreno, están las diferencias entre un policía y un militante político. ¿Tenemos conciencia de que los combatientes de las Farc no son simples guerreros sino, en su mayoría, militantes políticos? Si el futuro de la fuerza desmovilizada está en la política, sus integrantes no pueden ser policías al mismo tiempo. ¿Se imaginan unas elecciones en El Tarra o Planadas con candidatos de la Marcha Patriótica y policía fariana?
Finalmente, creo que esta propuesta tiene serios inconvenientes morales. El mensaje, para un poblador de Ituango o de Caloto, sería algo así como que las personas que los han oprimido durante décadas actuando al margen de la ley, ahora serán vigilantes y controladores autorizados por el poder legítimo del Estado. Los seguirán oprimiendo con otro uniforme. Tampoco parece una buena perspectiva para los desmovilizados. Uno tiene que suponer que el guerrillero sale harto de las armas y de sus antiguos jefes, y quiere hacer otras cosas, tener otro tipo de vida.
Hay razones históricas, conceptuales y morales, como las que acabo de exponer, para rechazar la propuesta comentada. El principal reto de Colombia en el posconflicto será evitar que tengamos una “paz violenta”, una estabilización o un incremento de los niveles de inseguridad que tenemos hoy. Llevar los desmovilizados a la fuerza pública es introducir un factor de riesgo adicional.
