El pasado jueves 10 de abril, el Gobierno Nacional y la Policía, encabezados por un presidente Santos de ceño fruncido y tono vociferante, dieron inicio a la destrucción de las casas en las que han funcionado expendios de droga. Unas 92 viviendas han sido señaladas en todo el país para la demolición, y los buldóceres ya han empezado la melodramática labor de echar al suelo las antiguas “ollas” de vicio.
Demoler las casas donde se vendía droga es la mejor expresión de “vender el sofá” que nos ha dado Colombia en los últimos años. El microtráfico no se ve afectado, sino tangencialmente, por esta medida, que parece más una excusa para la politiquería de un candidato haciendo agua, que parte de un esfuerzo serio contra la venta de drogas ilegales en las calles colombianas.
De hecho, cualquier coyuntura que gane suficiente atracción en los medios llama, como a los buitres, a los legisladores y politiqueros colombianos. Otro ejemplo son los recientes ataques con ácido -que no han sido los únicos, el problema es bastante viejo-, que aunque trágicos y absolutamente censurables, no constituyen la epidemia de degeneración social que algunos alarmistas denuncian.
La candidata conservadora a la Presidencia, Martha Lucía Ramírez, en un arranque de arribismo y populismo punitivo, propuso la semana pasada que se castigue con “prisión perpetua” a violadores y personas que agreden a otras con ácido. El Movimiento Mira también aprovechó la coyuntura para retomar una iniciativa para endurecer las penas.
Pero ¿pueden penas mayores prevenir este tipo de delitos? De acuerdo a lo reportado hasta el momento, los ataques con ácido en Colombia son, ante todo, crímenes pasionales. Penas más duras para estos delitos bien pueden constituir un castigo merecido o sacar de las calles a un personaje peligroso, pero resulta poco probable que disuadan a un futuro atacante de agredir a su víctima.
Pero cuando los políticos proponen amentar castigos, la opinión pública se retuerce en éxtasis, y así, terminamos con leyes y políticas coyunturales. Seguimos pretendiendo que las leyes nos salvarán, que solo legislar puede cambiar realmente los profundos problemas del país.
Peor aún, legislar al ritmo de la distraída y paranoica agenda mediática no solo es dañino -y se presta para populismo y politiquería- sino que puede llevar a que se construyan soluciones simplistas y tontas para problemas que son reales y que merecen, como todos, de una discusión social amplia y juiciosa, no del tire y afloje de las pretensiones electorales de los políticos.
