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Jueves 22 de Agosto del 2019

“Por el bareto que se fuman en un parque se matan las estructuras criminales”: Federico Gutiérrez

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Natalia Tamayo Gaviria  |

Fecha: 07/06/2019

 

Federico Gutiérrez es el segundo alcalde con mayor favorabilidad. - Foto: Cortesía - El Colombiano

Medellín es una ciudad que está en el imaginario colectivo no solo del país, sino del mundo. Unos hechos oscuros, en los que se cuentan el protagonismo de Pablo Escobar y el auge del narcotráfico, marcaron su historia, señalándola como la más violenta del planeta en los años 90. Con diferentes estrategias —militares y sociales—, la capital antioqueña ha logrado desligarse de ese estigma negativo. Tanto así, que fue sede del Foro Económico Mundial en 2016, considerada destino turístico en auge en Suramérica por Tripadvisor, y hoy se le considera eje de la llamada Cuarta Revolución.

Sin embargo, este nuevo despertar no ha podido superar la violencia que, aunque sin los índices de décadas pasadas (por ejemplo, en 1991 se contaron 6.809 asesinatos), sigue acallando la vida de jóvenes atraídos por el poder y el dinero fácil, herencia de Escobar, o de víctimas que, huyendo de esas posibilidades a través de la cultura, el deporte o el emprendimiento, corrieron con la mala suerte de quedar en medio del fuego cruzado. En lo corrido del año se cuentan más de 302 homicidios y, en promedio, cada día matan a dos personas, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). Sobre este tema de la seguridad y otros coyunturales habló con El Espectador el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien, de entrada, cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de eliminar dos artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de drogas y alcohol en zonas públicas, lo cual, dice, es un mal precedente que no contribuye a la lucha contra las estructuras criminales que viven gracias a la venta de alucinógenos y que, debido a esta economía ilegal, es que a la ciudad le arrebatan cientos de vidas.

¿Qué opina de la decisión de la Corte Constitucional?

Lo primero es el respeto por las instituciones, pero también tener la capacidad de disentir, sobre todo cuando intercedemos en nombre de las comunidades, especialmente de nuestros niños. No solo hablo como alcalde, también como padre de familia. No puedo creer que se conciba que dentro de las libertades ciudadanas se garantice el derecho a que una persona pueda consumir drogas en los parques donde juegan nuestros hijos o a las afuera de los colegios. Cada vez se le abre un boquete más grande a la ilegalidad a través de la distribución y el consumo de droga. Por ese bareto o porro que se fuman en un parque se matan las estructuras criminales por ejercer control de las plazas de vicio.

O sea, ¿los homicidios están sustentados bajo las estructuras ilegales que se lucran de la droga?

Hemos subestimado como país los efectos de la droga en nuestras familias y en la sociedad, pero también en el aumento de la violencia. Con esa decisión se le quitan herramientas a la Policía y a los alcaldes, que velamos por la seguridad. Detrás de todo esto, repito, están las mafias y las rentas criminales. Cada que alguien compra droga y se va para un parque a consumirla está contribuyendo a esa ilegalidad, que es por la que se mata.

¿Qué les dice a sus críticos acerca de que está más preocupado en aparecer en pantalla exponiendo el número de capturas que en las muertes violentas en Medellín?

He actuado sin cálculo político alguno. Estoy convencido de que Medellín es una ciudad maravillosa y que de una vez por todas tiene que superar la cultura de la ilegalidad. A lo que se refiere será porque los mismos medios registran, en la mayoría de los casos, solamente las capturas, pero nosotros hacemos también inversión social en las comunidades para eliminar los riesgos e impedir que miles de jóvenes entren a las estructuras criminales. Pero sí es importante dar los golpes contra las estructuras. Al día de hoy hemos capturado a más de 140 cabecillas, y la pregunta que haría es: ¿por qué antes no habían sido capturados? ¿Acaso eran jefes nuevos y aparecieron en estos tres años? No, llevaban delinquiendo más de 10, 15, 20 y hasta 25 años. Soy consciente de la dimensión que esto significa y que el problema que hemos tenido por décadas no se acaba en un período de alcalde, pero si se mantiene esta lucha, como lo hemos escuchado en interceptaciones, lo vamos a lograr. Por eso no he cedido.

¿Y las muertes?

A eso iba: para mí cada vida que se pierde es una tragedia. Me levanto todos los días y lo primero que hago a las 4:30 a.m. es revisar el informe anterior y pienso: cuándo será el día en que dejemos de contar muertos en Medellín, cuando será el día en que nuestros jóvenes se dejen de matar por una plaza de vicio. Se matan por gente que ni conocen, por mafiosos a los que nunca les han visto la cara ni se las verán.

¿Por qué en Medellín es tan difícil acabar con esas estructuras ilegales, con esa cultura de la mafia?

Lo que enfrentamos nosotros en la ciudad no es una lucha contra simples pandillas. Aquí estamos luchando contra estructuras del crimen organizado. En todo el país hay unas organizaciones que se llaman GDO, que son Grupos de Delincuencia Organizados, que son los más grandes. Solo en Medellín y el área metropolitana tenemos el 43 % de ellos. Esos mafiosos que lideran esas estructuras se llevan a los jóvenes a trabajar con ellos. Lo peor que hizo la mafia en los años 80 y 90 fue justamente tergiversar todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia; el trabajo duro, honrado y honesto, en dinero fácil; le quitó el valor a la vida y, en su lugar, le puso un precio. Eso es lo que combatimos hoy, una cultura de la ilegalidad que no respeta la vida. Aquí en el pasado hacían pactos para apoderarse de los territorios, para nutrir más sus rentas y para adueñarse de los barrios. Las comunidades durante años han vivido bajo su yugo. Mientras sea alcalde, Medellín no volverá a la época de los pactos, y para esto he planteado un modelo que es integral.

¿Cuáles son algunos de los puntos de ese modelo integral?

El rubro número uno de inversión nuestro es la educación. Para mí se ha vuelto una obsesión que no haya ni un solo niño por fuera del sistema escolar. Uno solo que esté en una esquina, corre con el riesgo de terminar en una estructura criminal. Cada rector de las instituciones educativas me tiene que pasar un listado cada ocho días de quién no está yendo a estudiar y vamos y lo buscamos puerta a puerta. Al día de hoy hemos logrado recuperar 6.947 niños y jóvenes que se salieron del colegio. Para mí, ese es el golpe más duro que le hemos dado a la ilegalidad en estos años, más que las 140 capturas de cabecillas, más que las 2.700 capturas de integrantes de estructuras. Quiero que el círculo vicioso de la violencia y pobreza pare y la única forma es invirtiendo en los niños y los jóvenes, y también atacando a las estructuras y rentas criminales. Y está el proyecto Parceros, con el que les garantizamos formación, posibilidades de empleo y un proceso de resocialización a los jóvenes que forman parte del conflicto.

Le cambio de tema y vamos con otro que es crítico: la calidad del aire en Medellín. La gente se queja de que las medidas se toman días antes de la contingencia…

Cuando llegué al gobierno y nos encontramos en marzo de 2016 con una situación en la cual las estaciones de monitoreo que se tenían en ese momento, que eran ocho, estaban en rojo, tomé la decisión de hacer pública esa información que era de carácter privado. Si se revisa el histórico de estaciones, la ciudad tuvo emergencias peores que las de ese año y nunca le contaron a la gente. Compartir esa situación fue lo primero que hice y luego empezar a trabajar para resolver el problema.

¿Y qué se ha hecho?

Lo primero, generar conciencia. Todos contaminamos y todos hacemos parte de la solución. Pasamos de tener ocho estaciones de monitoreo a tener 21. En el país hay 40 en total, o sea, en Medellín tenemos más de la mitad que en todo el territorio nacional. En ese sentido, nos evaluamos de manera más exigente, cuando el Gobierno declara alerta naranja, nosotros lo hacemos con la roja, teniendo los mismos niveles de contaminación. También hicimos un pacto por la calidad del aire, convocando a todos los sectores públicos y privados. Y se vienen registrando reducciones del 20% de las emisiones del material particulado. Ha mejorado, pero tenemos que dar todavía pasos sustanciales. Las estrategias para los meses críticos —marzo y abril, y octubre y noviembre— ya están establecidas desde hace tiempo. Las restricciones vehiculares son medidas de choque, mas no de fondo. Otro de los aciertos es la exigencia a Ecopetrol para que entregue diésel más limpio y ha cumplido. Además, tenemos una meta: convertirnos en la capital de la movilidad eléctrica.

¿Qué se está haciendo por eso?

En 2008, Medellín y el Área Metropolitana tenían 600.000 vehículos. Hoy tenemos 1’400.000, ese no es un modelo sostenible, por eso hay que apostarle al sistema de transporte integrado y a la movilidad eléctrica. En agosto vamos a traer los primeros 64 buses eléctricos, la segunda flota más grande en Latinoamérica, después de Santiago de Chile. También, este año estarán rodando los primeros 200 taxis 100 % eléctricos con ayuda de EPM y la meta es contar con 1.500. Al final de la administración, el 70 % del parque automotor de buses y busetas se tiene que renovar. Entregaremos 80 kilómetros de ciclorruta y son muchas más estrategias las que estamos implementando.

Mencionando a EPM, ¿Cómo está la situación tras las contingencias de Hidroituango?

Uno en momentos de crisis solo tiene dos opciones: o liderar para que las cosas salgan bien o dar la espalda, criticar y estorbar. Yo escogí la primera y era entender que estábamos frente a una gran amenaza en el momento de la emergencia y que podría ser la catástrofe más grande de la historia, no solo de Colombia, sino del mundo. Al día de hoy, con las decisiones que se tomaron, no se ha perdido la vida de una sola persona. Dentro de todo lo difícil que ha sido esto, ese es el balance más importante. Que tiene que haber una compensación social a las comunidades afectadas y una compensación ambiental a todos esos daños que son reversibles, por supuesto.

¿Permanece el riesgo para las comunidades aledañas al proyecto? ¿Se continuará con la obra?

Aquí día a día estamos en un proceso en el cual hasta que no se eliminen absolutamente todos los riesgos para las comunidades se mantienen unas alertas. La forma para la eliminar todos los peligros, en eso quiero ser muy claro, a las comunidades aguas abajo, es terminando y poniendo a operar el proyecto, porque es la forma cómo fue concebido. Además, Hidroituango también es la presencia de la empresa pública en una zona de conflicto, es su responsabilidad hacer inversión en esa región. Ese es el verdadero posconflicto, llegar a sitios donde tradicionalmente han tenido economías ilegales. Con mayor razón es importante tener oportunidades sociales de este tipo que generen desarrollo.

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