La desaparición (¿secuestro?) de tres periodistas en El Tarra, Norte de Santander, evidencia que en el país hay zonas sin seguridad ni libre movilización. Exigimos su regreso inmediato, sanos y salvos.

El periodismo, entre algunos de sus atributos, tiene la posibilidad de palpar la realidad y constatar, de manera directa, los fenómenos a veces dañinos que se originan en ella. Ser reportero, en un país como Colombia, implica estar expuesto a esa verificación riesgosa. La desaparición (¿secuestro?) de tres colegas en un área semirrural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, refrenda los peligros que encarna para la prensa cumplir su labor.

Estos momentos de incertidumbre y preocupación comenzaron con el extravío misterioso de la periodista hispano colombiana Salud Hernández-Mora. A la columnista y cronista, que aborda con frecuencia asuntos relacionados con el conflicto armado, se le perdió todo rastro desde el sábado pasado cuando llegó en la tarde al corregimiento de Filogringo, en la zona convulsa e infestada de narcotráfico del Catatumbo, donde hay presencia de todos los actores armados ilegales: disidencia del Epl, Eln, Farc y bandas criminales. Un polvorín.

Ella se encontraba allí hace más de una semana haciendo trabajo de campo, y luego de ser contactada minutos después de la hora de almuerzo se dirigió en un “mototaxi” al caserío mencionado, de donde, por ahora, no ha regresado.

La noche del lunes, mientras se encontraban precisamente en la cobertura de la desaparición de Salud, el periodista Diego D’Pablos, del canal RCN, y el camarógrafo Carlos Melo fueron interceptados por individuos que no se identificaron y se los llevaron. Su paradero se desconoce.

Esta triple desaparición de nuestros colegas obliga, primero que todo, a exigir su regreso sanos y salvos. Que se respete su integridad y que se les permita, cuanto antes, retornar a sus labores y al lado de sus seres queridos. Ningún argumento ni pretexto justifica que se les prive de su libertad y se les ponga en riesgo.

Se trata de un acto gravísimo, porque al impedir su trabajo y su movilización se coarta el derecho a la información de la sociedad y se vulneran las garantías que debe tener la prensa para cumplir su tarea.

Sin importar quiénes sean los autores de esta supuesta retención, claramente contra su voluntad, cabe demandar la inmediata devolución de los colegas, quienes además gozan de la condición de civiles, no combatientes, a los cuales se deben respetar sus derechos humanos y garantizarles la protección que estipula el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para quienes no hacen parte de los actores armados y sus operaciones.

Es aterrador descubrir, por la vía de la situación que afrontan Salud, Diego y Carlos, que aún hay en Colombia territorios vedados donde está casi que prohibida la movilización cotidiana de ciudadanos y comunidades. Lugares donde los grupos ilegales imponen su ley y someten a los civiles a situaciones y tratos humillantes, en especial impidiéndoles desplazarse o expresarse con libertad.

Nuestra más sincera solidaridad con ellos, sus familias, medios de información y colegas en torno suyo. Es inevitable sentir preocupación e indignación en estas horas, dadas las circunstancias en particular de silenciamiento y desconocimiento sobre la suerte de los tres periodistas.

El Gobierno Nacional debe obrar con celeridad e intensidad en su búsqueda, para traerlos de vuelta y esclarecer quiénes son los autores de estas acciones contra la prensa y, lo reiteramos, contra la sociedad colombiana. No es ni aceptable ni posible que sigan ocurriendo estos hechos que desdicen de quienes en apariencia manifiestan voluntad de cesar el conflicto armado y construir la paz.