La Defensoría del Pueblo envió al Ministerio del Interior una alerta temprana por la posible vulneración de Derechos Humanos en cinco comunidades del Pacífico en las que se ha detectado la presencia de grupos armados que dicen ser disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

El riesgo afecta a 12.889 personas que conforman 2986 familias de los consejos comunitarios de los ríos Yurumanguí, Raposo, Cajambre, Mallorquín y Anchicayá, que hacen parte del municipio de Buenaventura.

Estas comunidades corren riesgo de sufrir vulneraciones de derechos tales como «amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamientos, desplazamientos forzados, actos sexuales abusivos y embarazos no deseados» entre otros, informó la Defensoría en un oficio remitido a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

La Defensoría señala la «especial situación de riesgo» en la que se encuentran los pueblos afrodescendientes que habitan dicha región, en la que hay una disputa por el control territorial entre la autodenominada Columna Móvil Jaime Martínez y el Frente Fuerzas Unidas del Pacífico, dos grupos que se consideran disidencias de las Farc.

Durante las tres últimas décadas y hasta la firma del acuerdo de paz con el Gobierno, el 24 de noviembre de 2016, en esas zonas de Buenaventura operó el Frente 30 de las Farc.

En la misma región actuó durante años el Bloque Calima de las también desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según el informe de la Defensoría, los disidentes de las Farc amenazan «la vida, libertad e integridad» de aquellas personas que consideren que «colaboran» con el frente adversario o que sean «informantes», lo que ha provocado «restricciones a la movilidad» de los habitantes de la región.