FCPPC - Vista de Impresión

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Autor: Darío Ruiz Gómez

Fecha: 21/04/2018

Aquello que los firmantes del llamado acuerdo de Paz no alcanzaron a prever – al olvidar que somos un Estado de Derecho- es el hecho de que la Paz no iba a comenzar a partir del supuesto abandono de las armas, ya que, precisamente, a partir de este momento era necesario contar con los imprevistos que inevitablemente surgen cuando es imposible calcular los efectos colaterales de una violencia de una complejidad nacida de la “justificación teórica” de delitos de lesa humanidad como el secuestro, la relación con organizaciones internacionales del crimen. Complejidad presente a medida que se va haciendo visible el país que desapareció de nuestra vista secuestrado por esos grupos violentos, nada menos que el país de las víctimas reales. Recordemos una vez más que esta guerrilla justificó la lucha armada a nombre de” la guerra contra el imperialismo” y crear “la patria del proletariado”, tópicos oportunistas que la realidad se ha encargado de derrumbar estrepitosamente cuando se ha comenzado a conocer el comportamiento de estos supuestos “Robin Hood” y en Facebook se han encontrado con unos nuevos ricos cuyas familias aburridamente se pasean por las grandes capitales de Europa. ¿Dónde está su supuesta y pregonada fraternidad si dejaron abandonado al guerrillero raso en las cárceles y en los inhóspitos campamentos? ¿A quién le han pedido perdón por los sufrimientos infringidos? El Acuerdo de Paz al negarse a la posibilidad de que pudiera surgir una investigación sobre temas neurálgicos se convirtió de inmediato en un discurso abiertamente totalitario que ha funcionado censurando a quienes, como las víctimas, denuncian los graves fallos de una paz diseñada por los victimarios. Se entiende entonces que los medios justifiquen el fin y que no se puedan hacer preguntas sobre el papel de Romaña en ese mar de coca de Tumaco donde fijó su residencia.

El postconflicto debió suponer lo contrario: la incorporación del disenso, de la controversia, de la participación activa de las víctimas, el regreso a los principios de la justicia universal, la presencia de conceptos políticos renovadores. ¿Claudicó España ante la ETA o exigió el previo desmonte de ésta y de sus grupos armados como condición para integrarse a la democracia? ¿Para qué renunciar a la lucha armada si no se renunciaba a la barbarie de prácticas delictivas? ¿Un Tribunal de la Verdad para enjuiciar supuestos paramilitares o para exigir de parte de las Farc la verdad sobre el narcotráfico? Como lo ha mostrado Le Carré al analizar la tarea del agente encubierto, lo que se esconde detrás de la escenificación de este tipo de pacto es siempre una densa y tortuosa trama caracterizada por su dependencia inevitable hacia innombrables intereses donde las fronteras entre el delito y la ley llegan a desvanecerse: el comienzo del fin de la trama. Santrich fue el detonante esperado no sólo para hacer visible el poder del narcotráfico doblegando conciencias de lado y lado sino para mostrar los inverosímiles alcances de la corrupción capaz de colocar a la justicia contra la pared merced al sofisma de que el narcotraficante es condenable solamente cuando es sorprendido por la DEA mientras el corrupto que se ha robado miles de millones de Odebrecht, Reficar y el Programa para los reinsertados, puede esperar a que un juez venal olvide su delito.