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Autor: Margarita Restrepo

Fecha: 30/04/2018

Uno de los comportamientos característicos de la izquierda es el de llenar de odio y de miedo a las sociedades. Petro, que se presenta como el candidato “humano”, ha estructurado su campaña presidencial estimulando el rencor, despertando la rabia de unos sectores que según él han sido históricamente marginados.

Para la izquierda, los ricos son culpables por el simple hecho de existir. En criterio suyo, son expoliadores, ambiciosos, avaros y tramposos. Si la humanidad sufre, dirá un socialista, es como consecuencia de la existencia de los ricos que acaparan los medios de producción.

La campaña petrista ha sabido explotar el discurso de odio, cargado de rencor para conseguir adeptos. Además de amenazar con expropiaciones que presenta como adquisiciones con dinero del erario, ha responsabilizado a los industriales de la situación de pobreza de los colombianos.

El nuevo “coco” de la izquierda criolla son los azucareros, gremio alevosamente perseguido en los últimos años. Este gobierno ha sido, de lejos, el peor enemigo que han tenido los productores de caña.

Traigo a colación, por ejemplo, la absurda e impagable sanción que en su momento le impuso el superintendente de Industria, Pablo Robledo, a los principales ingenios, afirmando –sin mucho sustento- que éstos se habían “cartelizado” para subir artificialmente y por fuera de las leyes del libre mercado el precio del azúcar.

Ahora, Petro se ha sumado a la gavilla en contra de los azucareros de nuestro país, gremio que es bueno enfatizar, genera cerca de 200 mil puestos de trabajo.

En una de sus intervenciones incendiarias de campaña, el candidato socialista le ha dejado saber a la familia Ardila, dueña de Incauca y de la fábrica de gaseosas Postobón, que como presidente de la República, “comprará” los predios del ingenio para “regalárselos” a los campesinos pobres de nuestro país. En una democracia, un gobierno no puede obligar a nadie a vender sus propiedades. Y como Petro es consciente de aquello, para sortear ese inconveniente, su fórmula consistirá en asfixiar con impuestos a las bebidas azucaradas, como en efecto está sucediendo. Y así, catalizar la venta, como consecuencia de los elevados tributos.

Entiendo la preocupación que existe frente al consumo desmedido de azúcar y los efectos que la ingesta abusiva de este derivado de la caña producen sobre la salud de las personas, pero ello no justifica, ni mucho menos, que se deba perseguir con saña a una industria que hace parte del motor de desarrollo y progreso de nuestro país.

Me llama la atención que aquellos que están obsesionados en la búsqueda de mecanismos para asfixiar a los azucareros, concomitantemente sean los mismos que se rasgan las vestiduras defendiendo la libertad para el consumo de drogas alucinógenas, sembrando el mito de que el uso de sustancias como la cocaína es mucho menos dañino que el consumo de bebidas carbonatadas.

La salud pública es un asunto que no debe ser manipulado para buscar votos, ni para hacer de ésta un caballo de batalla en tiempos electorales. El odio de Petro por los empresarios, en este caso la familia Ardila, lo ha llevado a extremos inaceptables, como el de amenazar con expropiar sus propiedades, no sin antes afectar de manera irreparable la industria del azúcar, elevando irresponsablemente los impuestos a las gaseosas.

Lo que las 200 mil personas, cuya subsistencia se deriva de la industria azucarera colombiana, deberían preguntarle a Petro es de qué van a vivir cuando él alcance su meta de acabar con los ingenios y las fábricas de gaseosa en nuestro país.