FCPPC - Vista de Impresión

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Autor: Jaime Galvis Vergara

Fecha: 09/06/2018

Para cualquier observador desprevenido del proceso de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos, hay un aspecto que salta a la vista. La importancia que tiene el narcotráfico en esa negociación. La erradicación del cultivo de coca cesó casi totalmente, el Gobierno prohibió la fumigación de los cultivos, con el pretexto absurdo que el glifosato afectaba la salud humana. Algo completamente falso, ya que dicho herbicida, bajo el nombre de Round Up es usado ampliamente en la fumigación de malezas en toda clase de cultivos en zonas densamente pobladas. Con esa medida los cultivos de coca se multiplicaron en todo el territorio. Por otra parte se suprimieron los bombardeos a los laboratorios del narcotráfico, se suspendieron los procesos de extinción de dominio, pararon las extradiciones.

Ante tanta tolerancia el narcotráfico se expandió increíblemente, se triplicaron las áreas de cultivo. El ingreso de dinero al País creció en la misma medida, por lo cual el lavado de dinero se convirtió en una actividad muy lucrativa. Las importaciones de mercaderías subfacturadas inundaron a Colombia creando una difícil situación para la industria nacional.

El texto del acuerdo de paz le presta mucha atención al narcotráfico, hay conceptos verdaderamente pintorescos, tales como considerar el tráfico de narcóticos un delito conexo con la rebelión, por lo tanto amnistiable. En la negociación con los directivos de las Farc domiciliados en Venezuela, nunca se investigó la relación entre estos y el Cartel de los Soles, grupo de altos militares venezolanos involucrados en narcotráfico. Venezuela no produce cocaína por tanto, necesariamente, esta debía provenir de Colombia y no cabe duda cuales podían ser los enlaces para ese tráfico. Mientras tanto el Gobierno de Colombia se dedicó a darle una increíble cantidad de prebendas y privilegios a la cumbre de las Farc. Esto naturalmente condimentado por un despliegue publicitario nacional e internacional intenso, hasta tal punto que cualquiera creería que se trataba del fin una guerra mundial.

El documento final del proceso de paz, rechazado por la mayor parte de los colombianos, fue impuesto, con una cantidad de prerrogativas absurdas, 10 curules en el Congreso adjudicadas a dedo, 16 curules más de Cámara de representantes en zonas de actividad narco guerrillera dizque para las víctimas (esto, afortunadamente no fue aprobado por el Congreso). Protección especial para los jefes, emisoras y medios de comunicación gratuitos, financiación de campañas políticas, construcción de albergues de concentración de la tropa guerrillera (Hoy prácticamente vacíos), creación de un tribunal especial para absolver a los miembros de las Farc (la JEP) y muchas otras prebendas.

Ante la absoluta impopularidad del Gobierno, gran parte de esos privilegios no parece que tengan futuro, el rechazo de la ciudanía parece que puede frustrar esos propósitos. Sin embargo en lo referente al narcotráfico este gobierno moribundo todavía pretende que el Congreso apruebe leyes tan absurdas como la legalización de un máximo de 1,7 hectáreas de cultivo de coca por campesino, lo cual llevaría a un minifundio cocalero, lo cual haría que la erradicación de cultivos afectaría a miles de pequeños cultivadores, naturalmente creándose un problema social y humanitario. Una forma perversa de frenar la erradicación y fomentar el cultivo. En otros aspectos tales como la “erradicación voluntaria” la terquedad gubernamental ha sido insistente. Ante todo lo anterior cabe preguntarse qué propósito oculto, qué intereses hay detrás de ese cacareado “proceso de paz”, porque así como se presenta, parece la paz de los narcóticos. ¿A qué se estaba jugando? ¿Apostando a una legalización de la droga? El pueblo colombiano necesita que se haga claridad al respecto y haya un juicio de responsabilidades de esa comedia ruinosa a que fue sometido.