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Autor: Margarita Restrepo

Fecha: 21/06/2018

Ante las informaciones conocidas el día de hoy por la opinión pública, en las que el Señor Fiscal General de la Nación ha relacionado mi nombre con la supuesta compra de votos, me permito manifestar:

PRIMERO. El pasado 5 de abril de 2018, en la ciudad de Medellín, una persona denunció haber sido víctima del delito de estafa por parte de dos ciudadanos quienes habrían ofrecido y vendido viajes a San Andrés por $120.000, tabletas por $30.000 y televisores por $350.000, logrando inducir en error y recaudar dineros por parte de 51 personas en total. Se indica en la respectiva denuncia, que los denunciados manifestaron a las personas afectadas que el viaje tendría que reprogramarse, pues dentro de los viajeros habría personas que no me acompañaron como candidata y que finalmente no se realizarían los respectivos viajes, afectando el patrimonio de estos ciudadanos y aprovechándose de mi condición de persona públicamente reconocida.

SEGUNDO. La persona que interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, manifestó que conoció a los denunciados en un acto de mi campaña a la Cámara de Representantes, y que los hoy investigados habrían manifestado que para obtener las cosas por las que pagaron tendrían que votar por mí.

TERCERO. Tuve conocimiento del indebido proceder de estos ciudadanos porque la misma comunidad me lo informó, y de inmediato, desde el 26 de marzo puse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos, anunciando igualmente esta situación a la ciudadanía en general a través de las redes sociales, para evitar que estas personas continuaran defraudando más y más ciudadanos de bien a expensas de mi nombre.

CUARTO. Dentro de la respectiva investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en decisión del pasado 19 de abril de 2018, se indica con claridad que todos los afectados dan cuenta de que yo no ofrecí producto alguno, ni recaudé dineros, pero que, en tanto que uno de los denunciados fue voluntario dentro de mi campaña, se remitieron las diligencias a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que adelante la respectiva investigación, como corresponde.

QUINTO. Tan pronto como se tuvo conocimiento de la existencia de esta investigación, me puse a entera disposición de la H. Corte Suprema, pues como víctima que soy de estos hechos soy la primera interesada en que se determine la responsabilidad de quienes, abusando de mi nombre, afectaron el patrimonio familiar perteneciente a la población más vulnerable de Medellín, hecho que claramente repudio y que espero sea materia de una sanción por parte de las autoridades.

SEXTO. Repudiamos este actuar criminal por parte de personas que se aprovechan de las necesidades de los ciudadanos, y de quienes abusaron de nuestro buen nombre, y por ello fuimos los primeros en denunciarlos, y hemos estado atentos al desarrollo de esta investigación que confiamos producirá prontos resultados.

SÉPTIMO. Consideramos importante mencionar que la Fiscalía que está encargada de esta investigación ha dejado en claro que yo no he ofrecido ni viajes, ni televisores, ni tabletas a cambio de obtener votos, situación que seguramente no ha sido informada al Señor Fiscal General de la Nación, pero que está clara tanto para las víctimas, como para las diligencias en curso.

Considero que hay personas interesadas en enriquecerse por estas vías ilegales, y emplearon mi nombre para ello, pero esto de ninguna manera me vincula con este tipo de actividades, tal y como lo han reconocido los 51 afectados por esta lamentable situación, lo cual reitera la propia Fiscalía a cargo de la investigación.

OCTAVO. El abogado Francisco Bernate Ochoa ha estado al frente de mi defensa desde el primer momento y será quien asuma la vocería ante los medios de comunicación, reiterando mi confianza, tanto en la Fiscalía General de la Nación para que haga justicia con las víctimas de esta estafa, y con mi propia reputación, como con la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.