Un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulado ‘Cauca y Nariño: Crisis de seguridad en el posacuerdo’, alertó sobre la crisis de seguridad que atraviesa el suroccidente colombiano, la cual se ha agudizado debido a factores como el homicidio, el desplazamiento forzado, desapariciones y el reclutamiento de niños y jóvenes.

Tanto Nariño como Cauca registran cifras preocupantes de asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, desde el año 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

Según los datos, “en el Cauca se registraron 119 homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos entre enero de 2016 y diciembre de 2018 (42 en 2016, 35 en 2017 y 48 en 2018); en Nariño, en ese mismo periodo, 49 casos, de los cuales 33 han tenido ocurrencia en Tumaco”.

Precisamente ese municipio nariñense es uno de los más preocupantes. El Instituto ha advertido que los datos oficiales advierten que desde el año 2016 el número de homicidios pasó de 152 a 191 en 2017, lo que representa 39 casos más. Y en lo corrido del 2018 esa cifra aumentó a 252.

En ambos departamentos, al menos 12.000 indígenas y afrodescendientes se han visto afectados por situaciones de confinamiento causadas por las confrontaciones armadas.

Además, “los homicidios en contra de comunidades indígenas entre enero de 2017 y noviembre de 2018 en el Cauca alcanzaron la cifra de 40 y en Nariño, las 13 personas”.

Indepaz concuerda con la tesis de que esta escalada de la violencia viene luego de la dejación de armas por parte de las Farc, de la cual sobrevino una recomposición “de poderes y negocios en las zonas en el que esa organización ejercía algún control territorial”.

El conflicto en contexto

El informe detalla que los hechos bélicos en Cauca y Nariño son menos en comparación a los de hace una década, cuando los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc eran más recurrentes.

Y si bien es cierto que los grupos residuales y emergentes, luego del Acuerdo de Paz, no tienen la misma capacidad armada, “su agresividad es explosiva”. “El asesinato de líderes ha desbordado la capacidad de respuesta desde el Gobierno y las entidades del Estado que deben velar por la vida y bienes de los ciudadanos y comunidades”, agregó Indepaz.

Sin embargo, el documento rescata que algunas comunidades, grupos civiles, pueblos étnicos y guardias indígenas han empoderado su papel dentro del territorio que habitan para impedir que las organizaciones armadas ejerzan control. Asimismo, piden mayor apoyo para hacerle frente a este flagelo.