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Fecha: 13/04/2019

Muchas decisiones en la lucha contra las drogas no dependen exclusivamente del presidente Iván Duque, sino de las otras ramas del Poder Público

Si hubiera que definir con una canción cómo es la dinámica de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en las últimas semanas tras la arremetida del presidente Donald Trump contra su homólogo Iván Duque, habría que acudir a un viejo canto.

Sí, a ese que se llama ‘Mano a mano’, del gran Carlos Gardel cuando dice: “Los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón”.

Y es que así ha sucedido. El 29 de marzo pasado, sin que nadie le preguntara por Colombia, Trump dijo a un grupo de periodistas en La Florida: “Colombia tiene un nuevo presidente, es realmente un buen tipo. Dijo que iba a detener las drogas, pero no ha hecho nada por nosotros. Hay más drogas saliendo de Colombia que antes”.

Obviamente sus declaraciones cayeron como un balde de agua fría, pues apenas mes y medio antes, el 13 de febrero, los dos mandatarios habían sostenido su segundo encuentro oficial en la Casa Blanca.

En esa visita, Trump fue muy elogioso con Colombia: “En este momento podemos decir que están erradicando según su cronograma”, lo cual fue entendido como un espaldarazo a los esfuerzos antinarcóticos.

Y como para que no queden dudas de lo dicho por el tango der Gardel, Trump salió con otra ‘perla’ esta semana: “El negocio de las drogas ha crecido un 50% desde que él (Duque) está en la Presidencia”, y agregó que desde Colombia “nos están mandando criminales, a verdaderos asesinos, porque no quieren a las pandillas”.

Pero esta vez la reacción vino del propio Jefe de Estado colombiano: “Nosotros solo le rendimos cuentas al pueblo colombiano y así lo seguiremos haciendo, y seguiremos invocando la solidaridad del mundo para enfrentar un asunto de corresponsabilidad”.

Otra vez, Gardel tenía razón. El viernes pasado, durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones donde se presentó el informe de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz, el embajador estadounidense ante ese organismo, Jonathan Cohen, parece haberle hecho el mandado a su jefe.

“La alianza entre Colombia y los Estados Unidos nunca ha sido tan firme. Los Estados Unidos siguen colaborando con el Gobierno colombiano para desmantelar las organizaciones delictivas y cercenar el narcotráfico, incluso busca reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia a la mitad para 2023”, dijo.

Cohen, además, señaló que “Colombia ha demostrado su fortaleza como líder regional al apoyar al gobierno interino y legítimo de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, y ha recibido a más de 1.5 millones de venezolanos que huyen de la crisis de su país”.

Y remató: “Las personas de Colombia saben, mejor que cualquiera, que los Estados Unidos se paran firme con ellos mientras construyen un futuro sólido y próspero”.

Sin duda, estas palabras volvieron a bajar la tensión, pues el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo García, agradeció el reconocimiento que hizo la ONU a Colombia frente a la implementación del Acuerdo de Paz.

Sí pero no

En parte, las críticas del Presidente estadounidense son válidas si se tiene que cuenta que Colombia ha experimentado un aumento casi que exponencial en las áreas sembradas con cultivos ilícitos: pasaron de 70 mil hectáreas en 2012 a 270 mil en 2018, según la Casa Blanca.  

Ahora, también es cierto que en apenas ocho meses al frente de la Administración, es difícil para el Gobierno colombiano cumplir con la meta de erradicación de cultivos ilegales, que para este año es de 80 mil hectáreas solo de forma manual.

De acuerdo con el Mandatario, en los primeros cuatro meses de este año se han erradicado 19 mil hectáreas, lo que hace prever que la meta se cumplirá.

Por ahora, está suspendida la fumigación con glifosato, el herbicida que ha demostrado ser más eficaz en la lucha contra los plantíos ilegales aunque según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene efectos cancerígenos, razón por la que la Corte Constitucional suspendió su uso.

Hace un mes la Corte Constitucional realizó una audiencia de seguimiento a la sentencia T-80 de 2017 en la que puso seis condiciones al Gobierno antes de revaluar el uso del herbicida. La corporación aún no se ha pronunciado.

De otro lado, en diciembre pasado la administración Duque presentó oficialmente la estrategia Ruta Futuro, que traza la hoja de ruta para combatir todos los eslabones del narcotráfico en el país, y que prevé acciones de mediano y corto plazo, algunas de ellas que dependen del Legislativo, pues prevén grandes inversiones para la sustitución de cultivos ilegales.

Colombia, no obstante, ha insistido por todos los medios posibles y en todos los escenarios internacionales en que es necesaria la “corresponsabilidad” de los países consumidores para enfrentar el flagelo de las drogas.

Estados Unidos lo sabe y lo admite. Esta semana su embajador en Bogotá, Kevin Whitaker, aseguró que “es necesario redoblar esfuerzos” para enfrentar ese fenómeno y no dudó en que la responsabilidad debe ser “compartida”, pues le dio la razón a Colombia al advertir que “sin mercado en los Estados Unidos no hay oferta en Colombia”.

El diplomático, incluso, fue más allá, también para bajarle un poco la tensión a la molestia que han generado las críticas de Trump a nuestro país, pues dijo que estos reparos “reflejan las preocupaciones que han estado por mucho tiempo entre las dos naciones sobre los enormes cultivos de coca que hay en Colombia”.

Drogas y reelección

Pero la presión de Estados Unidos no ha sido solo por el tema de los cultivos ilícitos, sino también por el fortalecimiento de los instrumentos legales para combatir las organizaciones del narcotráfico.

De hecho, no menos escozor causó la “presión indebida”, como calificaron varios sectores políticos a los intentos del embajador Whitaker por influir en el informe de la comisión accidental de Cámara que debía rendir sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Justicia Transicional.

También ha sido evidente el interés de Estados Unidos por lograr que la Jurisdicción Especial para la Paz apruebe la extradición del exnegociador de las Farc ‘Jesús Santrich’, solicitado por una Corte Federal del Distrito Sur de La Florida bajo cargos de narcotráfico.

De esta manera, la estrategia de Trump frente al gobierno Duque pareciera ajustarse a nuestra política criolla de la zanahoria y el garrote, pues mientras con una mano ataca a su homólogo colombiano por “no hacer nada”, con la otra parecer tenderle un salvavidas.

Hace un mes Trump le había pedido al Congreso de su país que “duplique la ayuda a Colombia para la lucha contra las drogas”, ante la posibilidad de que la Corte Constitucional autorice nuevamente la aspersión de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato.

Si es aprobada esa solicitud, este año Colombia recibiría en el año fiscal 2019-2020 más de 200 millones de dólares, es decir un aumento del 46% con respecto a los 143 millones de dólares para el periodo fiscal anterior.

Desde diferentes sectores nacionales ha sido muy criticado el Presidente de los Estados Unidos por las declaraciones displicentes, y hasta ofensivas para algunos, que ha tenido hacia Colombia y sobre hacia un Gobierno que aún se está acomodando.

Los expertos reconocen que si bien, ese es el estilo desparpajado del presidente gringo, no menos cierto es que su interés está puesto en la reelección que tendrá lugar en noviembre del año entrante.  

Hace pocos días un excanciller colombiano reconocía que así es la política estadounidense: “Los norteamericanos no tienen amigos, tienen socios, y así tiene que verlo Colombia”.

Duque no es el Estado

En un régimen presidencialista como el colombiano, donde el Presidente de la República representa la majestad del Estado y tiene el poder de incidir en las demás ramas del Poder Público, tampoco puede desconocer los pesos y contrapesos establecidos por la Constitución Nacional.

El funcionamiento armónico de los poderes públicos en nuestra democracia, con todo y sus imperfecciones, sigue siendo uno de los más efectivos de América Latina, pues muy a pesar de las gabelas que puede manejar el Ejecutivo, el Presidente no se manda solo.

Significa que así la administración Trump quisiera una mayor efectividad de Colombia en la lucha contra las drogas, el presidente Duque no puede saltarse a las otras dos ramas, en especial al Poder Judicial en cuyas manos está la decisión en temas como la extradición, la exequibilidad de las reformas legales y constitucionales, la viabilidad de las objeciones a la JEP y hasta el uso o no del glifosato.

DESTACADO: El presidente Duque depende también del Poder Judicial, en cuyas manos están temas como la extradición, la exequibilidad de las reformas legales y constitucionales, la viabilidad de las objeciones a la JEP y hasta el uso o no del glifosato.

Lucha contra las drogas

Hace dos semanas, el canciller Carlos Holmes Trujillo entregó un balance de la lucha contra el narcotráfico desde el 7 de agosto de 2018.

Entre otras acciones, el jefe de la diplomacia destacó:

– El programa de cultivos ilícitos pasó de 50 mil hectáreas en 2017 a 85 mil en 2018.

– Incautación de marihuana: pasó de 197 a 250 toneladas, y de cocaína de 390 a 450 toneladas.

– En 2017 fueron destruidos 3.034 laboratorios de base de coca y cocaína, y en 2018 4.174.

– De agosto de 2018 a febrero de 2019 fueron incautadas 227 toneladas de clorhidrato de cocaína, 206 toneladas de cocaína, 21 toneladas de base y pasta de coca.

– De agosto a febrero se erradicaron 40 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

– En agosto de 2018 había 23 grupos manuales de erradicación que comprometían $21 mil millones del presupuesto nacional. Hoy son 100 grupos móviles de erradicación que cuestan $100 mil millones anuales.

– Entre agosto y febrero se destruyeron 2.923 laboratorios para el procesamiento de drogas.

– En ese lapso se han incautado más de 1 millón de galones de insumos químicos necesarios para la producción de cocaína, valorados en casi 5.000 millones de dólares.

– Entre agosto y diciembre de 2018, fueron aprobadas 62 extradiciones efectivas a los Estados Unidos, la mayoría por el delito de narcotráfico.