Los dos documentos conocidos ayer coinciden en asuntos fundamentales y hacen reparos a múltiples aspectos del Acuerdo Final. Son buen punto de partida para unos diálogos eficaces.

Aunque hayan pasado solo doce días de la votación negativa del plebiscito que preguntó al pueblo si apoyaba el Acuerdo Final suscrito con las Farc para la construcción de una paz estable y duradera, parece que hay necesidad de explicar a muchos sectores por qué unos comités voceros de las razones del No están presentando propuestas de enmiendas y cambios al Acuerdo Final.

El plebiscito se convocó por gesto democrático del Jefe del Estado para que los colombianos refrendaran los acuerdos. Del pueblo sería la última palabra. El 63 % del censo electoral se abstuvo. Quien no se pronuncia también decide. Y de quienes sí acudieron a votar y supieron cómo hacerlo, una mayoría rechazó los acuerdos, al considerar que no eran el mejor camino para lograr el cese del conflicto.

El desconcierto por esa decisión de la mayoría electoral aún no cesa, y se han oído ya voces que dicen que el voto por el Sí es “moralmente superior al del No”, y por lo tanto debe atenderse solo al Sí. El presidente de la República ha sido hasta ahora escrupulosamente respetuoso de la decisión democrática, y abrió los espacios de diálogo para que los voceros del No presenten propuestas concretas de arreglo. Las Farc también han expresado su disposición a escuchar las razones del No, si bien no han accedido expresamente a cambiar el Acuerdo Final, que consideran vigente.

Ayer se conocieron los documentos presentados por el Centro Democrático, del expresidente y senador Álvaro Uribe, y de la comisión conformada por el expresidente Andrés Pastrana. Ambos documentos coinciden en aspectos importantes, como los de estructurarse metodológicamente partiendo del Acuerdo Final Gobierno-Farc.

Tanto el Centro Democrático como la comisión Pastrana llaman a un acuerdo nacional como presupuesto necesario de fortaleza negociadora frente a las Farc. Y fijan una inequívoca condición para un nuevo pacto: no debe ser considerado ni acuerdo especial de Derecho Internacional Humanitario ni incorporarse a la Constitución ni definirse como parte del bloque de constitucionalidad. La mejor garantía de respeto y estabilidad del nuevo acuerdo será un gran pacto nacional, acogido por las fuerzas políticas.

También coinciden en el indeclinable compromiso que las Farc tienen que asumir de reparar con sus bienes y recursos a las víctimas.

La justicia transicional y la Jurisdicción Especial de Paz es objeto de los mayores reparos. No debe ser una jurisdicción autónoma, sino integrada a la Rama Judicial, aunque dotada de personal y recursos suficientes. Debe existir doble instancia y no debe tener participación de jueces extranjeros. Ambas comisiones aceptan penas reducidas pero reclusión en los términos del Estatuto de la Corte Penal Internacional para crímenes internacionales, que pueden purgarse en colonias agrícolas.

El Centro Democrático se opone a la elegibilidad política de los responsables de “delitos de lesa humanidad o delitos graves” en Cámara y Senado. La Comisión Pastrana, en el documento entregado ayer, no se refiere a este aspecto, e incluso denomina “rebeldes” a los miembros de las Farc.

Hay puntos destacables en ambos documentos, propuestas perfectamente viables que no tienen por qué ser rechazadas si en verdad se quiere alcanzar ese anhelo nacional expresado por diversas vías. La decisión democrática del 2 de octubre debe tener, pues, efectos concretos.