Las conversaciones de La Habana estaban en situación crítica. Después de la masacre de diez soldados inermes en Buenos Aires, Cauca, las voladuras de torres de conducción eléctrica y de oleoductos y de los atentados contra el ecosistema, nuestro Presidente se había puesto enérgico y amenazó implícitamente con dar por terminadas las negociaciones. Las Farc no se inmutaron y Santos volvió entonces a hablar de la necesidad de lograr un acuerdo en este momento porque “No somos capaces de desparecerlos en 10 o 15 años, en cambio, con muy poquitos, ellos sí pueden seguir haciendo terrorismo”.
Los terroristas lograron su cometido, atemorizar al Gobierno con sus ataques violatorios del Derecho Internacional Humanitario y declarar que las Farc no pueden ser vencidas por las Fuerzas Armadas, aunque esto no sea cierto, pero, contradictoriamente, declaró al mismo tiempo que las Farc “están debilitadas” de manera que son necesarias más concesiones para lograr el acuerdo de paz que consagraría a nuestro Presidente como el Presidente de la Paz. Ante la inconformidad de los colombianos, como lo reflejan las encuestas de opinión, el Gobierno quiso calmar el descontento pidiendo un nuevo compás de espera disfrazándolo como si fijara un plazo a la guerrilla: cuatro meses para decidir si sigue con el proceso. Más precisamente lo que realmente se decidió fue que ambas partes evaluarían entonces los avances en la agenda de negociación y, mientras, las Farc iniciarían el 20 de julio un cese unilateral de hostilidades “siempre y cuando no fueran atacadas” y habría un “desescalamiento” del accionar de la fuerza pública. Este no es otra cosa que algo que el presidente Santos había prometido no hacer antes de un acuerdo definitivo, un cese bilateral de hostilidades ya que si el Ejército ataca a las Farc, estas no estarían obligadas a cesar las hostilidades.
La marcha atrás fue reconocida explícitamente por el jefe de la delegación oficial: “Al principio la posición del Gobierno era que el cese del fuego solo ocurriría con el acuerdo. En ese punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a aceptar un cese del fuego, aun antes de la firma de un acuerdo…” Este cese al fuego gubernamental, eufemísticamente llamado “desescalamiento” es un misterio. ¿En qué consiste? ¿No se podrá atacar a una concentración de guerrilleros? Importante que el Gobierno nos explique cuál será la actitud de las Fuerzas Armadas frente a las Farc, definición necesaria, inclusive, para que los verificadores, uno de la ONU y el otro un político izquierdista uruguayo, puedan adelantar su misión. A partir del 20 de julio las Farc gozarán, nuevamente, de un período de tranquilidad para poder afianzar su posición en el terreno, descansar, aprovisionarse, reorganizar el negocio de la coca, etc. Mientras, el Gobierno seguirá soñando en coronarse como quien trajo la paz a Colombia.
