Seguro le negarán la domiciliaria, la misma que sí les concedieron a jefes de bacrim en Buenaventura.
Si usted es una persona honesta, con ganas de trabajar por su país y le acaban de proponer que acepte un cargo público desde el cual podrá ejecutar obras en beneficio de la gente, piénselo bien antes de aceptar: hay altas probabilidades de que termine en la cárcel. Si duda de lo que digo, llámese a Andrés Camargo, director del IDU en la alcaldía de Enrique Peñalosa, y pídale que le cuente el calvario que está viviendo.
Bajo su mando, el IDU hizo cientos de obras que le cambiaron la cara a Bogotá. Casi todas salieron bien y fueron entregadas a tiempo. Pero una mala decisión de los niveles técnicos de la entidad llevó a recomendar el uso de relleno fluido para el concreto de las losas de la troncal de TransMilenio por la Caracas. El resultado es conocido: un 6 por ciento mostró signos de deterioro prematuro un par de años después.
Ojo: no se trata del deterioro actual, debido al nulo mantenimiento de la vía en los 14 años que tiene de existencia. Antes de irse del cargo, Camargo dejó un manual de conservación, que sus sucesores ignoraron. La obra debía durar 20 años, pero, a causa del atraso de los planes de expansión de TransMilenio en otros ejes, la Caracas terminó con el doble de la carga planeada, representado en muchos más buses que los que puede soportar. A doble de carga, mitad de años de duración. Así de simple.
Camargo pasó varios meses en prisión por otro tema: la troncal de la 80. De ese proceso resultó plenamente inocente, pero igual estuvo en detención preventiva porque, según la autoridad judicial, “era un peligro para la sociedad”. Años más tarde, el proceso penal por la Caracas, que poco había avanzado, resucitó de modo intempestivo y Camargo fue condenado a siete años de prisión. Apeló: el Tribunal de Bogotá mantuvo la condena, aunque redujo la pena en unos meses. Y ahora la Sala Penal de la Corte Suprema, empeñada en descongestionar sus despachos, acaba de rechazar la revisión del caso por vía de casación.
Los atropellos se han acumulado. Un debate técnico que ha debido surtir el trámite de una investigación disciplinaria por la responsabilidad administrativa de Camargo se volvió penal, a pesar de que no se perdió la plata, pues el Distrito ganó el pleito civil por las pólizas de cumplimiento. En distintas instancias, los jueces han reconocido que Camargo no se lucró de un solo peso; pero, aun así, va para la cárcel. Está demostrado que pruebas claves del proceso –muchas favorecían a Camargo– desaparecieron del expediente antes de que el Tribunal revisara el caso, lo que implica que los magistrados no las examinaron y, a pesar de ello, fallaron. Un escándalo.
Camargo va a pagar cinco años, más que algunos jefes paramilitares culpables de las mayores masacres de la historia colombiana (los principales, por fortuna, están en prisiones de EE. UU.), y mucho más que los jefes de las Farc, autores de innumerables crímenes atroces, que quizás no vayan a la cárcel. Otro ejemplo: los asesinos del futbolista Andrés Escobar pagaron 15 meses, ¡excarcelables! A Camargo seguro le negarán la prisión domiciliaria, la misma que sí les acaban de conceder los jueces a los jefes de las bandas criminales que han desmembrado a sus víctimas en Buenaventura. ¿Qué clase de justicia es esta?
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Otra muestra. Que la justicia anda manga por hombro lo prueba también la inminente anulación de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez por una sala del Consejo de Estado. Son muchas las tesis cavernarias que no me gustan de Ordóñez, pero ha combatido la corrupción como pocos. ¿Será por eso por lo que algunos consejeros de Estado han cambiado sus tesis en cuestión de meses, para proceder a sacarlo del cargo? Esa inestabilidad jurídica, que lleva a muchos magistrados a mudar de jurisprudencia como de calzoncillos, es causa grande del desastre judicial.
