Es falso decir que la carga tributaria sobre los ingresos o rentas de capital, que legítimamente ganan los empresarios, es casi del triple en relación con la carga de impuestos que recae sobre los ingresos de los trabajadores formales.
Mientras a las empresas se les cobra impuestos sobre su utilidad o excedente, logrado después de restar los gastos y costos para lograrlo, al trabajador se le cobra sobre sus “ventas brutas”, equivalentes a su salario o precio de venta de sus horas de vida entregadas a un tercero, pero sin poder deducir los costos en los que incurre para hacer atractivo su único producto de venta o mano de obra, tales como costos de estudio, ropa, transporte y alimentación fuera de casa. Entonces, mientras que al empresario se le quita sólo parte de su ganancia, al trabajador se le quita parte de su ingreso total o venta bruta, sin importar si al final le quedó algo para ahorrar o necesitó endeudarse.
De cada $100 de impuestos que recauda el Estado colombiano, $40 provienen de renta; $40, de IVA y $20, de otros gravámenes, como prediales y vehículos. Entonces, cuando los defensores de la reforma tributaria alegan que únicamente 3.000 empresas aportan el 60 % del impuesto de renta, callan que lo hacen dejando meritorias y cuantiosos dividendos totalmente libres de impuestos a sus accionistas, mientras que los trabajadores sí aportan el 100 % del recaudo total del IVA como consumidores finales, les alcance o no su salario.
Esto lo ratifica, técnicamente, el reciente Documento n.° 75, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y publicitado por Fedesarrollo, que estima que, en 2014, la tarifa efectiva para el agregado de renta e IVA, que recae como impuestos sobre los ingresos de capital, ascendía al 21,7 % sobre utilidades, frente al 21,3 % que los trabajadores formales entregan de su sueldo al Gobierno, desmintiendo a quienes, sin sustento estadístico alguno, afirman que en Colombia las empresas entregan al Estado el 70 % de sus utilidades.
Y lo anterior sin contar con el impuesto inflacionario, que resulta bajo para los dueños del capital, pues sus máquinas y propiedades no pierden valor, como sí sucede con el sueldo del trabajador. Inequitativa chalequeada a la clase media. Así que ¿“al caído caerle”, señor ministro?
