El plebiscito por la paz es tramposo; está diseñado para fingir que los ciudadanos están de acuerdo. Está amañado, al menos en cuatro sentidos. Cualquier elección debe resguardar el principio de la lealtad y libertad del elector, de manera que su voto exprese lo que piensa de manera libre y directa. Este plebiscito le otorgó financiación al “sí”. El Gobierno tiene por la ley cinco minutos gratis en radio y televisión privada, de medios públicos y privados en horario “prime time”, además de posibilidad de pautar en medios y utilizar recursos públicos para ello. El “No” y la abstención tendrían que buscar los recursos en el sector privado para hacerlo.
Tendrá además una pregunta capciosa que será escogida por el Gobierno y que pretende confundir los acuerdos de La Habana con la paz. Es muy claro que la firma del papel no trae paz, y el propio Gobierno reconoce que este es sólo el inicio. Sin embargo pretenden manipular una pregunta donde la diferenciación entre el acuerdo y la paz, sea imposible. Aquello viene amarrado a una constante estigmatización de la posición contraria que se cataloga como enemiga de la paz, y amante de la guerra.
El interés del Gobierno al remplazar el referendo para la paz, ya aprobado, por el plebiscito es una maniobra para evadir la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual, cuando se va cambiar la ley o la Constitución los temas deben ser consultados asunto por asunto. Este, en mi opinión, es el fondo de la discusión. El Gobierno pretende usar la palabra paz, como anzuelo, para que los colombianos atraídos por la promesa de la paz, voten a favor de la impunidad y el premio a los violentos, y evitar la discusión sobre si esos acuerdos –como están- son o no útiles para construir una sociedad pacífica.
El Gobierno así esté convencido de que este acuerdo ayuda a construir la paz, no puede garantizarlo. La política no es una ciencia exacta, no es posible saber si una política es conducente para un propósito con certeza absoluta. La política resuelve las cuestiones a través de los procedimientos democráticos. Así las cosas, las preguntas como las que están en juego, ¿Un acuerdo con cero cárcel para los criminales de lesa humanidad contribuye a la paz?; ¿Puede perdonar una sociedad donde las víctimas y sus familias van a tener que soportar ver a los victimarios convertidos en figuras políticas?; ¿Cuáles son las consecuencias para una sociedad cuando los peores crimines se pueden perdonar cuando hay un discurso político y no logran ser sometidos por la ley?.
Yo quiero votar: quiero votar paz sin impunidad; pero como está configurado el mecanismo solo es posible votar paz o guerra. Miles de colombianos estamos sin posibilidad expresar nuestra posición al respecto. Ojalá la Corte Constitucional defienda el principio de lealtad y libertad del los electores. Necesitamos una refrendación que refleje la verdadera voluntad de los colombianos, que si es contraria a los designios de este Gobierno, se convierta en una directriz para que los negociadores avancen en la negociación con el mandato, no del Gobierno más corrupto e impopular de los últimos tiempos, sino del pueblo colombiano.
