Ante las medidas represivas del gobierno venezolano, y los abusos militares de la Guardia Nacional Bolivariana, los residentes fronterizos del estado Táchira se organizan para exigir sus derechos constitucionales.
Empresarios ratifican su rechazo al cierre arbitrario del paso fronterizo, cuando con creatividad e “inteligencia política pueden combratir el contrabando y ganar espacio en los medios de comunicación y no con medidas arbitarias que afectan a la economia y a la ciudadanía”
“El gobierno Nacional le ha cerrado la posibilidad de ascenso social a los habitantes de la frontera, la han empobrecido y sufre un severo deterioro de sus condiciones laborales, ahora con las medidas tomadas han pasado de la indolencia a la represión de los colombianos y venezolanos, que reclaman el derecho a transitar, trabajar y comer para poder mantener a sus familias”, opinó Néstor Solano.
Según el coordinador del Frente por la Defensa del Táchira y el Centro Democrático: “En la frontera miles de personas están sin empleo y les han cerrado las puertas a su trabajo informal. Es dolorosa la descripción de fracaso del gobierno en materia de empleo, y con el cierre de la frontera le truncaron las puertas al futuro de sus familias”.
— La mayoría del comercio, farmacias y restaurantes están cerrados, el aeropuerto, algunas empresas bajaron su producción; solo faltaba cerrar los puentes internacionales de noche para poder centralizar el contrabando en pocas manos, y así darle una estocada mortal a una población trabajadora que está siendo víctima de políticas económicas, monetarias y fiscales muy severas. Además, la población sufre las consecuencias de la inflación y el fracaso de un gobierno en el cual hasta sus ministros renuncian pero el principal culpable del caos no pone su cargo a la orden— acentuó.
Consideró que: “No se pueden pasar miles de litros de gasolina y toneladas de alimentos por la frontera como los que se exhiben en las avenidas, calles, carreteras, tiendas y almacenes de toda Colombia, sin complicidad de la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad que tienen puestos de control en los dos lados de la frontera”.
A su juicio, “se tiene que permitir el libre comercio binacional, suscribir convenios de seguridad y apoyo de los dos países, monitorear los bienes y servicios, crear incentivos para la comunidad de frontera que está siendo azotada por el desempleo; promulgar la Ley de Fronteras y sincerar el desajuste cambiario que existe entre el bolívar y el peso colombiano. Asimismo, hay que modernizar el método de resguardo de la frontera, aumentar la producción para poder venderle a los vecinos colombianos y eliminar las terribles restricciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos de ambos países”, recalcó.
Empresarios rechazan el cierre parcial del paso fronterizo.
San Antonio.- A través de un documento denominado “Manifiesto de la frontera”, los gremios de comerciantes y empresarios, con el respaldo de los presidentes de los Concejos Municipales de la región fronteriza y del estado Táchira, ratificaron el rechazo al cierre del paso entre Colombia y Venezuela, por considerar que no ha arrojado resultados positivos en la lucha contra el contrabando y pidieron al Gobierno que apruebe medidas contundentes que permitan superar la crisis económica y social que padece esta zona.
Reunidos en la sede del gremio de comerciantes de San Antonio, firmaron el documento el presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la entidad, Pietro Ceniccola; la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo; el diputado de la frontera ante la Asamblea Nacional, Walter Márquez; presidentes de los Concejos Municipales de Bolívar, Ureña, Junín y representantes de algunos entes privados que hacen vida en la región limítrofe.
En el documento de 7 puntos, manifiestan que “en la frontera no se origina el contrabando”, sino que “a la frontera le afectan las consecuencias de una crisis global que se originó por unas políticas económicas erradas, incluyendo control de cambio y control de precios, que ha generado una alta inflación y una devaluación, con un desabastecimiento en varios rubros del país.
Expresan rechazo al cierre de la frontera, por ser violatorio de la Constitución de la República de Colombia, en su artículo 24; de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 50, y de la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 22, que garantiza el libre tránsito de personas y bienes.
Asimismo, consideran que el fenómeno del contrabando en el Táchira ha sido una realidad histórica, que ahora ha adquirido características alarmantes, producto de un modelo económico que está en crisis y reclaman medidas cónsonas con las realidades que se están viviendo, “no acciones represivas militares, sino que se requiere ir desmontando gradualmente los controles de cambio, de precio, e ir tomando medidas macroeconómicas que reactiven el aparato productivo y generen confianza en todos los sectores de la vida económica nacional y regional.
Como alternativa, piden al Gobierno que apruebe medidas contundentes para superar la crisis, incluyendo la desmilitarización de la frontera, la aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras y otras acciones, entre ellas un acuerdo de cooperación entre el Banco de la República de Colombia y el Banco Central de Venezuela para establecer reglas claras en el intercambio monetario y financiero de ambos lados de la frontera, especialmente el intercambio en pesos y bolívares.
Finalmente, exhortaron al Gobierno venezolano a garantizar mecanismos que permitan superar la crisis ética que atraviesan los organismos de seguridad del Estado, porque aseguran que las causas del contrabando son, entre otras, la crisis económica, lo extenso de la frontera y también los altos niveles de corrupción en los cuerpos de seguridad del Estado.
