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Martes 19 de Junio del 2018

RECONFORTA

Dos actos recientes nos reconcilian, así de manera parcial, con la administración de justicia.

Uno, el nombramiento de Eduardo Montealegre como Fiscal General de la Nación, de lejos el más calificado de la terna, y la rapidez con que la Corte eligió.

Demuestra que cuando se quiere, se puede, y que la negativa a escoger de los candidatos que en su momento presentara Álvaro Uribe sólo tenía el ánimo de bloquear, en una actitud prevaricadora, las funciones y deberes constitucionales del anterior Presidente.

Como sea, es un paso fundamental elegir, por fin, al mejor de los ternados, y dejar de lado la interinidad en el ente acusador.

Ningún país, y menos uno azotado por el crimen como Colombia, puede darse el lujo de no resolver los problemas que enfrenta el aparato encargado de investigar el delito y acusar a los delincuentes.

El otro es la decisión de la Jueza 54, Johana Rodríguez , que revocó la medida de aseguramiento contra Luis Carlos Restrepo.

La resolución, además, revierte el proceso de emisión por Interpol de una circular roja de captura internacional.

Está fuera de duda que todas las personas, incluso los funcionarios, deben ser objeto de investigación y juzgamiento, si hay indicios serios de que puedan haber cometido un delito.

En una democracia, nadie puede estar por encima de la ley. Pero esos procesos deben estar fuera de toda sospecha. Y el de Restrepo no lo está.

En su caso, todo parece indicar que es víctima de la combinación entre la manía persecutoria de un sector de la Rama Judicial, empeñado en encarcelar a cuanto uribista pueda, y la venganza de los jefes paramilitares extraditados por el expresidente.

Se trata de demoler políticamente a Uribe a punta de sentencias judiciales.

De hecho, el regaño de la jueza Rodríguez a la Fiscalía confirma la hipótesis.

Por un lado, no dudó en afirmar que "el señor Salvatore Mancuso lo que está haciendo es una retaliación frente al Gobierno Nacional" y ordenó investigarlo por los delitos en que pueda haber incurrido por sus declaraciones mentirosas.

Aunque sea tarde, reconforta que un juez de la República acepte que es perfectamente plausible que los jefes paras estén declarando contra los funcionarios de Uribe para vengar su extradición.

Cualquier sensato lo hubiera pensado desde un principio. Darles toda credibilidad solo puede ser resultado del ánimo de desarrollar procesos políticos contra los uribistas.

Como mínimo se debería tomar distancia de lo que los criminales dicen.

Por el otro, la decisión de la Jueza demuestra que la Fiscalía no tenía fundamento para pedir la medida de aseguramiento contra Restrepo y que hizo mal su tarea.

De paso, da un respiro a quienes creemos que la privación de la libertad debe ser siempre una medida excepcional.

Hay que poner fin a la verdad popular de que en Colombia una orden de captura y un carcelazo no se le niegan a nadie. Ojalá el ejemplo de la Jueza lo aprendieran también en la Sala Penal de la Suprema, tan dada a privar de la libertad a cuanto congresista uribista está en sus manos.

En cambio, si es Piedad o son los incursos en farcpolítica?

La decisión de la Jueza no pone fin al proceso por los delitos que se hayan cometido en la desmovilización del Cacica la Gaitana de las Farc.

Si se comprueban, deberán producirse las condenas del caso (ya hay confesión de parte de Olivo Saldaña y ella debe producir consecuencias). Pero al menos permite asegurar que en el entretanto no se someterá al excomisioando Restrepo a una injusta y humillante privación de la libertad.

En esas nuevas condiciones, el excomisionado debería regresar al país.

Yo sigo convencido de que hay una persecución política contra él. Solo la inquina y el odio pueden mover a pensar en Restrepo como el jefe de una empresa criminal, incurso en la larga lista de delitos de los que se le acusa.

La desproporción de la acusación muestra, de entrada, el ánimo inicuo.

Pero la decisión de la Jueza 54 otorga garantías que antes no existían para que se haga verdadera justicia.

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