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Miércoles 15 de Agosto del 2018

Reforma de la Justicia

Por considerar el tema de suma importancia , después de haberse aprobado la Ley de Reparación a las Víctimas,  que  captó la atención de muchos compatriotas  por las implicaciones nacionales que conlleva,  transcribimos el Editorial del Tiempo dedicado a esta  otra imperiosa  reforma  constitucional a la que aspiran los colombianos, la cual será sometida a consideración del Congreso a partir del próximo 2o de Julio.

 Que nos ocupemos en el Observatorio de abrir el debate sobre el tema reproduciendo este Editorial,  tiene el sentido común de transcribir una opinión, que si no es la gubernamental , recoge de manera oficiosa el sentir de los interesados a través  de las columnas centrales de un medio tan respetado y leído como El Tiempo :

 “ La cumbre que congregará desde mañana en el centro de Bogotá al Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia, los integrantes de las altas cortes, la Fiscal General, el Procurador y una serie de distinguidos abogados, entre otras personas, no es una cita cualquiera. Se trata de la última etapa antes de que el Ejecutivo presente a consideración del Congreso su proyecto de reforma constitucional de la Justicia, el próximo 20 de julio.

 El objetivo de la reunión no es otro que tratar de llegar a acuerdos fundamentales sobre los cambios que requiere una de las piedras angulares de la institucionalidad colombiana. En el escenario ideal, el texto que será radicado en el Capitolio será el resultado de consensos que permitirían impulsar una transformación radical en un área en la que abundan los problemas. Lamentablemente, todo indica que ese no va a ser el caso, pues, a pesar de la búsqueda de un terreno común, conseguir un entendimiento ha sido, hasta ahora, imposible.

 Ante esa perspectiva, hay que hacerles un llamado a quienes van a estar sentados alrededor de la mesa de negociación para que a sus intereses individuales o gremiales antepongan lo que desea la ciudadanía, que es pronta y cumplida justicia.

 Ese, el de solucionar la inoperancia de un sistema que cuesta mucho y entrega poco, debe ser el objetivo central de una serie de cambios que no son fáciles, a la luz de la controversia política o de los palos en la rueda que ponen quienes defienden el estado actual de las cosas.

 Sin embargo, pretender que nada cambie es totalmente inaceptable. Para solo citar un ejemplo, de muchos que hay disponibles, un informe que elabora el Banco Mundial muestra que Colombia ocupa el puesto 178 entre 183 países a la hora de hacer cumplir judicialmente un contrato. La duración promedio de un proceso de este tipo tarda 1.346 días, tres veces más que en Chile y México. En el planeta, solamente están peor India, Bangladesh, Guatemala, Afganistán y Surinam, lo cual no es precisamente un motivo de orgullo.

 Como resultado de esa situación, la desconfianza del público en el sistema es grande. La tutela, que nació con la Constitución de 1991, posee un gran arraigo popular, pero su uso masivo -que se acerca al medio millón de demandas por año- tiene que ver con que es considerado el único mecanismo para lograr un acceso eficiente a la Justicia. En consecuencia, el desafío es que los demás engranajes de la maquinaria -que hoy se encuentran oxidados y atascados- empiecen a moverse, para que los jueces fallen a tiempo, tanto en lo penal como en lo civil, lo laboral, lo contencioso-administrativo y lo electoral.

 Ante la existencia de esa prioridad, cualquier otro tema debe tener un papel secundario. Para decirlo con precisión, el Gobierno ha hecho una propuesta interesante y valerosa, pero esta tiene tantas aristas y pisa tantos callos, que para algunos es más fácil rechazarla de plano que concentrarse en la meta de acortar los términos para que se adopten las decisiones judiciales, al tiempo que se respeta el debido proceso.

 De manera que existe el peligro de fracasar si se combinan las ideas orientadas a dotar de nuevas herramientas al sistema de Justicia, junto con las que pueden ser vistas como un atentado al frágil equilibrio entre los poderes públicos.

 Dicho con claridad, es de la mayor importancia que entren en vigencia mecanismos para que los fallos tarden menos en conocerse. Estos incluyen promover el arbitraje y la conciliación o darles funciones jurisdiccionales a algunos servidores judiciales, abogados en ejercicio o notarios. En cambio, no parece tan urgente cambiar el sistema de elección del Procurador o de los magistrados.

 Por otra parte, hay quienes cuestionan la viabilidad de una iniciativa que toca nada menos que 28 artículos de la Constitución, lo cual tiene muy pocos precedentes en la vida republicana. En algunos casos, la modificación de la Carta Política es inevitable, pero algo tan ambicioso puede asemejarse a abrir una especie de caja de Pandora que, al destaparse, dejaría salir más de un inconveniente demonio.

 Hecha esa advertencia, hay prioridades que no se pueden desconocer, aparte de la central ya mencionada. Estas incluyen una reforma del Consejo Superior de la Judicatura, que es fuente de muchos de los vicios actuales de la Rama y cuya cirugía puede ser total o parcial, pero no inexistente. También hay que determinar cómo se juzga a los funcionarios estatales más altos, incluyendo a los congresistas, siempre y cuando no se le abran las puertas a la impunidad. Un tema técnico infaltable es el de los precedentes judiciales, el cual les daría a las diferentes cortes un punto de partida común. Y tampoco se puede olvidar el asunto de las tutelas en contra de ciertas sentencias, que tanto contribuyen al conocido choque de trenes.

 Todo lo anterior demuestra que hay un gran trabajo por hacer y que este no da más espera. A sabiendas de que el camino que ahora comienza es arduo, sería ideal que todos los interesados en que la Justicia mejore en Colombia empezaran a caminar en la misma dirección. Ese, lamentablemente, no ha sido el caso en oportunidades pasadas. Ojalá sea así en la que ahora llega. ”

EL TIEMPO.COM

Juilo 11 de 2000

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